02 May Vuelta de tuerca a los servicios públicos
Los recortes mantienen los servicios pero suben los copagos y quitan derechos a extranjeros
La oposición teme por el Estado de bienestar
Vera Gutiérrez Calvo – Madrid
Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez—, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrir una sentencia judicial. El golpe más fuerte será para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.
El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una «demolición del Estado de bienestar» y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.
EL PAÍS ha hecho una recopilación de los principales cambios que los ciudadanos van a empezar a notar en sanidad, educación, dependencia y justicia. Por lo general, las novedades se traducen en problemas para el bolsillo, aunque en algunos casos implican, además, cierto cambio de modelo en las prestaciones que por el momento solo se apunta.
Este resumen no incluye el principal proyecto legislativo de estos cuatro meses: la reforma laboral, que ha dado la vuelta a muchos aspectos del mercado de trabajo —y recortado derechos— pero no afecta específicamente al funcionamiento de lo público. Y debe ser leído con dos cautelas: los decretos leyes, aunque ya están en vigor, podrían ser modificados mínimamente en el trámite parlamentario; y su aplicación concreta se deja, en muchos casos, en manos de las comunidades. Los Gobiernos autónomos decidirán hasta qué punto llevan el recorte.
SANIDAD – Los pensionistas pagan, los inmigrantes quedan fuera
El copago no ha llegado a la sanidad: ir al ambulatorio, al especialista o ingresar en un hospital sigue siendo gratuito (pagado con impuestos) para los ciudadanos con tarjeta sanitaria, que, en la práctica, hasta ahora, eran todos salvo los rentistas. Pero ahora hay un colectivo que va a quedar fuera: los 150.000 inmigrantes extracomunitarios sin papeles solo tendrán derecho a atención de urgencias, no a consulta o tratamiento habitual (salvo si son niños o embarazadas: en ese caso mantienen el mismo trato que los españoles). Esa situación de mayor desamparo es la que tenían los sin papeles hasta 2000; aquel año, el Gobierno del PP cambió la ley y estableció que bastaba estar empadronado para tener tarjeta sanitaria: extendió el derecho; ahora, el PP da marcha atrás: lo restringe.
Para el resto de ciudadanos el acceso a la sanidad no cambia: tienen tarjeta quienes coticen o hayan cotizado, o estén bajo cobertura de otra persona, o no tengan recursos. Es decir, casi todo el mundo, salvo rentistas. La redacción del decreto del Gobierno levantó la sospecha de si los mayores de 26 años que ya no tengan cobertura de los padres y estén en paro quedarían desasistidos; el ministerio responde que no, que estarán asistidos, como hasta ahora, si acreditan no tener ingresos. Sus derechos son los mismos que tenían. El problema es, más bien, que ahora hay muchos más jóvenes en esa situación, porque el paro juvenil se ha disparado hasta alcanzar el 50%.
La otra novedad clave del real decreto es el copago farmacéutico. Los pensionistas, que suponen el 75% del gasto en medicinas y que hasta ahora las tenían gratis, van a tener que pagar parte de la receta por primera vez (un 10% del precio del medicamento, salvo aquellos con rentas muy altas que pagarán el 60%); y el resto de ciudadanos, que ya pagaban el 40% de la receta, pagarán más: entre el 40% y el 60%, en función de su nivel de renta. Los enfermos crónicos seguirán pagando como ahora: un 10%; y los parados que hayan agotado todas las ayudas no pagarán nada.
La aportación de los jubilados tendrá un límite en euros: para la inmensa mayoría, entre 8 y 18 euros mensuales. Por ejemplo: si un pensionista con varias dolencias consume medicinas por valor de 200 euros al mes, le tocaría pagar 20 euros (el 10%); pero solo pagará 8 o 18 (depende de su renta) y el resto se lo devolverá la Administración. La Administración, eso sí, tiene seis meses para devolverlo, y eso si no se retrasa. La pensión media en España es de unos 800 euros mensuales.
También van a dejar de financiarse con fondos públicos algunos medicamentos para síntomas leves (se apunta, por ejemplo, a los antidiarréicos y antimucolíticos), que ahora se dan con receta y pasarán a ser íntegramente de pago; el Gobierno no ha dicho aún cuáles. Y las sillas de ruedas, muletas, prótesis, preparados alimenticios y ambulancias no urgentes las copagará el usuario con los mismos porcentajes que las medicinas (ahora también se pagan en la mayoría de las comunidades, no en todas, pero cada una establece en qué medida).
Está por decidirse algo fundamental: si se recortarán o no las prestaciones que ofrece la sanidad pública. Ahora hay un catálogo de servicios básicos, común para todas las comunidades autónomas, que luego estas pueden ampliar pero pagando las prestaciones extra con fondos propios. El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, ha anunciado que revisará ese catálogo. No ha especificado más. Podría retirar prestaciones o cambiar los requisitos para acceder a ellas; o incluir otras nuevas, aunque eso, ahora mismo, es más que improbable.
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/29/actualidad/1335722070_497642.html
