03 Oct Unos 77.500 niños al año sufren violencia sexual, pero solo 9.100 denuncian.
La Universidad de Comillas cifra en 4.500 millones el coste derivado de estas agresiones.
2024. La Vanguardia
Celeste López
Casi 78.000 niños y adolescentes son víctimas de agresiones sexuales cada año. En concreto, 77.407, lo que supone 212 menores de edad cada día, ocho cada hora… Pero solo 9.100 denuncian la agresión.
Esta es una de las estimaciones realizadas por investigadores de la Universidad de Comillas y de la oenegé Educo para poder cifrar cuál es el coste para los niños y la sociedad de las agresiones sexuales durante la infancia. Y es altísima porque el número de afectados es altísimo: casi 4.455 millones de euros, el 0,3% del producto interior bruto (PIB).
Así lo indica el informe ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia . ¿Lo peor? Que seguramente sea mucho más alto, porque hay un daño que causa la violencia sexual durante la infancia difícilmente cuantificable, el emocional, que perdura toda la vida.
Para realizar este estudio, los investigadores han cuantificado no solo los casos denunciados, que se sabe que son mínimos, sino también los que no se denuncian, aplicando el porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su niñez y que los autores estiman en el 17,29%. Y de ahí salen los cálculos citados de 77.407 víctimas anuales, aunque solo 9.185 se denuncian.
Además han puesto valor económico a daños de difícil monetización, como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los daños emocionales de la víctima y su familia, estimando determinados costes en los que no se incurre cuando no se detectan los casos, pero que son cuantificables y podrían haber reducido el daño si la detección hubiese sido temprana.
El 59% de los costes corresponde a gastos de servicios sociales; el 22%, a sanitarios, y el 17%, a judiciales
La investigación pone el foco en las posibles consecuencias de la violencia sexual en la infancia, que van desde los efectos sobre la salud física (lesiones, embarazos, problemas de adicciones, desórdenes alimentarios) y psicológica (ansiedad, depresión, estrés, conducta suicida) hasta otras consecuencias sociales (abandono escolar, criminalidad, mayor posibilidad de sufrir violencia sexual en la vida adulta o prostitución).
Para Laura Barroso, de la Universidad de Comillas, “la cifra resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que el cálculo que se ha podido alcanzar es de mínimos y que se continúa sin conocer la magnitud real del fenómeno y sus impactos”.
Más de la mitad de los costes (59%) corresponde a los de servicios sociales asociados a la protección del niño o la niña, como acogimiento temporal en una familia o centros de acogida. El 22% son costes sanitarios (atención psicológica y psiquiátrica, enfermedades crónicas derivadas, adicciones, urgencias…), el 17,48% corresponde a costes judiciales (servicios penitenciarios, gastos de responsabilidad civil…) y el 1,42%, a educación (por ejemplo, repetición de curso).
“La violencia sexual sobre la infancia es una grave vulneración de los derechos de los niños que la padecen y tiene importantes secuelas tanto físicas como emocionales en el corto y en el largo plazo. Repercute en su bienestar emocional, relacional y social, pero también tiene un impacto en nuestra sociedad. El estudio pone sobre la mesa cifras que sirven para ver la magnitud de esta problemática desde otra perspectiva, la del gasto directo que se hace para atenderla y el coste social y de oportunidad que supone”, explica Macarena Céspedes, directora de investigación e incidencia de Educo.
Ante la magnitud del problema, ambas entidades insisten en la importancia de la prevención y la detección precoz. “La implementación efectiva de las medidas previstas en la legislación vigente como la ley de Protección a la Infancia ( Lopivi), que marcó un antes y un después en la protección de la infancia, lograría minimizar los casos. Pero se requiere un esfuerzo presupuestario grande que seguro que será rentable, tanto en términos monetarios (ahora que conocemos mejor los costes) como en mejora del bienestar y el desarrollo de toda la sociedad”, señala Céspedes. “El dinero que se destine a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia –añade– más que un gasto es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía”.
Mayor inversión y mayor formación para que las personas que trabajan con niños y adolescentes puedan ser capaces de detectar a las víctimas.
