22 Ene Unos 20.000 dependientes más en lista de espera en el 2019.
Casi 300.000 personas esperan recibir una atención que la ley les garantiza y que la administración les niega.
Celeste López – Madrid
Mientras el Gobierno y la oposición se enzarzan en una discursión sobre una polémica que se ha demostrado inexistente, el veto parental (en Murcia, no ha habido ni una sola queja), los problemas de verdad, los que sí existen y necesitan atención, siguen aumentando. En el año 2019, la lista de espera de la dependencia aumentó en 20.000 personas, elevándose ya a 270.000 personas las que esperan, sin éxito, una atención que la ley les otorga y que el sistema les niega.
Así lo ha indicado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia el “preocupante empeoramiento” del sistema de dependencia de manera clara por primera vez desde 2016. Al ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes.
Al ritmo actual, se tardaría cuatro años y medio para llegar a la atención plena si no entrara ninguna solicitud
Preocupa también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que hace un año). A pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año, es claramente insuficiente para absorber la demanda.
En ocho comunidades ha subido la lista de espera, al ritmo de incorporaciones de beneficiarios del último año se tardarían cuatro años y medio para lograr la plena atención. Dos autonomías terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó, (Asturias -966 y Extremadura -952) y las dos comunidades que más beneficiarios incorporaron han sido la Valenciana (+13.888) y Castilla y León (11.402).
Paralización: Los plazos para tramitar el grado de dependencia se sitúan en los 426 días de media
Al incremento de personas en espera hay que añadir lo “escandaloso” de los plazos de tramitación; 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que” a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión”, señala esta entidad.
Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. “Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos)”, indica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. “Tremenda forma de reducir las listas de espera”, señala el informe.
Se estima que en el 2019, han muerto 31.000 personas esperando una atención que no ha llegado
Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. “Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes”, apunta.
Ante esta situación, la entidad que preside José Manuel Ramírez Navarro exige al nuevo Gobierno, y en especial al vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, que se pongan a trabajar en mejorar el sistema a la dependencia. “Es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas”, exigen.
A juicio de Ramírez, el Gobierno debe cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas. “Reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema) y requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes”, explica
https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/473022703002/dependencia-lista-espera-dependientes-colapso.html
