02 Jun Una urbe rediseñada para los más mayores
Soledad, pensiones, barreras urbanas, vivienda, transportes y hasta el maltrato físico forman parte del catálogo de problemas del colectivo de personas con más de 65 años
JOSÉ PARRILLA – VALENCIA
La adhesión de Valencia a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores ha puesto el foco sobre un colectivo que crece en número y en problemas. A las viejas deficiencias de vivienda, pensiones o barreras arquitectónicas se unen ahora la exclusión social y hasta los malos tratos.
El pleno municipal aprobó el pasado jueves la adhesión de Valencia a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigida a mejorar las infraestructuras y las redes sociales de las ciudades para atender a las personas que han superado la barrera de los 65 años. Y es que si en la actualidad ya suman 200.000 en la capital, los expertos prevén que para el año 2050 esa cifra se haya disparado hasta el medio millón.
«Tenemos que empezar a preparar la ciudad para esa situación», dijo, por tanto, el primer teniente de alcalde y concejal de Personas Mayores, Joan Calabuig, cuando defendió su propuesta. En este primer año se hará un diagnóstico y una planificación de la situación para a partir de ahí empezar a adaptar ordenanzas y presupuestos y dar respuesta a esos pronósticos.
Antes de que eso ocurra, no obstante, este periódico ha querido sondear ya a media docena de expertos y hacer una primera aproximación a esos problemas, que son básicamente las pensiones, los problemas de movilidad urbana, la marginación social y la soledad, cuestiones que, a su vez, generan otras situaciones casi insoportables en el día a día, entre ellas los malos tratos.
Prácticamente todos los especialistas en personas mayores han colocado a la «soledad» entre los grandes problemas del colectivo. Soledad son mayúsculas. La que se produce cuando la persona no tienen ni familiares ni amigos que les acompañen o visiten y la que sienten también cuando están acompañados pero no arropados.
Antonio Miguel Fernández, presidente de la Fundación Amics de la Gent Maior, calcula que en Valencia hay 45.000 personas mayores que viven solas, de las cuales un 34% (14.000) padecen soledad, es decir, no tienen ni visitas, ni familia, ni asistencia, ni, en muchos casos, medios económicos, lo que las sitúa al borde de la exclusión social, afirma.
La Fundación Amics de la Gent Maior ya atiende a 500 personas, pero Fernández cree que es insuficiente y que las administraciones tienen que poner en marcha programas para detectar este problema y ayudar más, entre otras cosas, dando visibilidad a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este sector.
«La alimentación o la vivienda son cosas necesarias que hay que garantizar, pero lo peor es no tener a nadie», asegura Fernández, quien, a modo de pista, advierte de que «la soledad empieza cuando pesan más los recuerdos que las esperanzas».
En el lado opuesto a quienes se encuentran sólos, están quienes están acompañados, o mejor dicho, mal acompañados. La crisis económica ha hecho que los mayores tengan que asumir responsabilidades más allá de recoger a los nietos del colegio. Es frecuente que los hijos sin empleo y desahuciados se vayan a vivir con los abuelos y éstos se conviertan en su sustento a pesar de las bajas pensiones, lo que puede terminar creando tensión.
En este marco ha aflorado y crece cada día más el maltrato a los «abuelos», maltrato psíquico y físico que generalmente no se denuncia «porque saben que después tienen que volver con ellos», explica José Pelegrí, Defensor del Mayor en Valencia, que invita a todos los mayores que sufran este problema a denunciarlo y a las administraciones y entidades públicas a protegerlos.
En cuanto a las administraciones considera necesario darles más atención económica, es decir, mejorar las pensiones, sobre todo el de las viudas. «Si la paga sube un 0,25% no se puede decir que estén muy bien mirados», opina. Y a entidades como los bancos les pide, por ejemplo, que no les obliguen a pasar por los cajeros y, en ocasiones, «a tener que decirle el PIN a desconocidos para que le hagan la operación».
En última instancia, hay que trabajar con la policía, con los centros de mayores etc. el problema de las estafas, los engaños, los robos en domicilios y otros. Estos problemas son también cada vez más numerosos, afirma el Defensor del Mayor.
El urbanismo y la vivienda son otros dos aspectos en los que las personas mayores tienen mucho que reclamar. Sacramento Pinazo, profesora de Psicología Social de la Universitat de Valencia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, así lo ve. Ella será la encargada de coordinar los trabajos de planificación para presentar a la OMS y lo que ha visto es que «hay muchas barreras arquitectónicas que impiden que las personas mayores se desplacen con comodidad y seguridad».
Hablamos de aceras levantadas, semáforos sin temporizador, bicicletas por las aceras, transportes públicos de difícil acceso, paradas sin bancos para sentarse, aparatos para el ejercicio físico nada adaptados y un largo etcétera que hace que el miedo a las caídas se imponga a los beneficios que pueden obtener.
«Esto hace que las personas que tienen problemas de movilidad se aislen en sus casas y tengan miedo a salir, generando soledad, depresión e inmovilidad», un problema importante también para el propio Estado, pues «a menos salud, más gasto», advierte Sacramento Pinazo.
Lo mismo puede decirse de las viviendas, muchas de ellas antiguas, con escaleras difíciles, sin ascensor, insalubres e incluso aisladas de la vida urbana, lo que completa un círculo de aislamiento difícil de romper.
La manera de hacerlo, según esta experta e investigadora, es «escuchar a los mayores», incluirlos en los procesos de participación y asumir desde cada administración y cada concejalía la responsabilidad de dar respuesta a estos problemas.
A veces no es cuestión de presupuesto, sino «de actitud», que se acabe con «estereotipos que identifican al mayor con baile y bingo» y se ponga coto al «edadismo» y la discriminación del otro simplemente por la edad que tenga.
Antonio Pérez, mayor y presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, puede contar alguno de estos problemas de primera mano. «Yo vivo „dice„ en una finca de cuatro alturas sin ascensor, y aunque mi piso está en el tercero sé que cuando tenga más años me tendré que ir a un piso de alquiler que sí lo tenga, porque aquí hay vecinos que no quieren».
En su opinión, una situación tan frecuente como ésta podría resolverse con una norma que impida ese bloqueo y con subvenciones, porque «la crisis ha agravado estas cosas todavía más».
Quiere también «un barrio más amable», donde los coches «no vayan tan deprisa», las bicis circulen por la calzada y «las personas mayores puedan ir más tranquilas». Desde la asociación ya hicieron las rutas seguras para los escolares y esa filosofía podría ampliarse a las personas de más edad, opina.
Sería también un buen antídoto contra la soledad, un aspecto en el que la asociación trabaja desde hace años con personas que ayudan a hacer la compra o les acompañan con la lectura. Hicieron incluso un proyecto para que estudiantes Erasmus vivieran con mayores, pero aunque funcionó bien, luego simplemente se acabó, lamenta.
Para solucionar todos estos problemas las sociedades modernas tienen que diseñar planes integrales en los que los propios mayores sean protagonistas como actores y receptores. «Si todas estas cosas no se solucionan con participación de todos, profundizaremos en el aislamiento de las personas aún estando físicamente dentro de la ciudad y del ajetreo cotidiano». Así lo siente al menos José Sanchis, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), para el que los tres problemas más importantes de este colectivo son las pensiones, la soledad y precisamente «la marginación social».
«Los mayores se sienten completamente aislados. Ni siquiera el Gobierno se acuerda de ellos para nada», añade. Y estar o acudir a centros de jubilados, que es uno de sus principales recursos, no acaba con ese problema.
Para Sanchis, las administraciones tienen que contar con los mayores cuando se hagan leyes o normas que les afecten directamente, que son la mayoría. «No estamos considerados como tenemos que estar», afirma. Y «desaprovechar la experiencia de estas personas es un error», añade.
Se plantea, por ejemplo, el papel orientador y de asesoramiento que podrían hacer en las empresas, en los ayuntamientos, en todo los sitios donde hayan demostrado su valía. «Muchas cosas se solucionarían simplemente con darles voz, contando con ellos, porque lo contrario es desaprovechar un capital humano como no hay otro», sentencia.
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