31 May Una de cada tres personas jubiladas anticipadamente estaba en el paro.
Casi 80.000 nuevos pensionistas sufrieron el año pasado un recorte en su prestación, incluso los 25.000 retiros forzosos.
Lucía Palacios
Casi 80.000 nuevos jubilados tuvieron un recorte en su pensión por abandonar el mercado laboral antes de tiempo, según datos provisionales del Ministerio de Seguridad Social del año 2020 a los que ha tenido acceso este periódico. Este es el colectivo al que le afectará el nuevo esquema de penalizaciones que pretende implantar este mismo año el Gobierno, tal y como avanzó recientemente el ministro José Luis Escrivá. Supone así que a prácticamente el 40% de los nuevos pensionistas les puede afectar este cambio de modelo y eso que más de una de cada tres jubilaciones anticipadas procede del desempleo.
Pese a que Escrivá reitera una y otra vez que la mayoría de estas personas que se jubilan de forma anticipada, es decir, antes de la edad legal, saldrá beneficiada con la reforma que plantea, lo cierto es que el recorte puede suponer hasta 460 euros menos al mes para aquellos que más ganan si adelantan dos años su retiro. Y este es precisamente el grueso del colectivo, ya que más de la mitad de esas 79.500 personas se convirtieron en pensionistas entre los 63 y 64 años.
También hay que decir que con el nuevo modelo la penalización puede ser menor para aquellos que se jubilen entre el mes 22 y el cuarto antes de la edad legal, aunque siempre y cuando no hayan cotizado por el máximo, puesto que este recorte se aplicará sobre la pensión real y no sobre la base reguladora, lo que significa que aquellos que cotizan por el máximo saldrán siempre perjudicados con el nuevo modelo.
Pero no todas las jubilaciones anticipadas son fruto de una decisión propia. Así, 24.500 personas se vieron obligadas a un retiro forzoso el año pasado debido a que fueron expulsadas del mercado de trabajo de forma prematura, muchos a causa de un despido colectivo, y se encontraban en situación de desempleo. Casi uno de cada diez nuevos jubilados, una cantidad que incluso en 2019 se elevó hasta los 33.500. También del desempleo proceden otra parte importante de las prejubilaciones voluntarias: casi 9.000 en 2019 (último dato disponible), por lo que se eleva hasta el 35% el porcentaje de personas que se jubilan anticipadamente debido a que están en paro.
Cabe destacar, no obstante, que el número de prejubilaciones forzosas ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años y en 2020 cayó a mínimos de la última década, situándose por primera vez por debajo de la barrera del 10%, concretamente hasta un 8,5%. Representa menos de la mitad de las que se registraban en 2016, algo que puede deberse a que los despidos colectivos han caído en esta pandemia debido a la puesta en marcha de los ERTE. También ha influido que en 2019 se cambió la norma para que aquellos que cobran el subsidio para mayores de 52 años no estén obligados a jubilarse antes de tiempo con la consiguiente
En la actualidad, más de 535.000 jubilados tienen un recorte en su pensión de hasta el 40% pese a no haber tenido otra alternativa al estar en paro y a pesar de que tienen largas carreras laborales.
Por el momento, Escrivá no ha accedido a eliminar el recorte para aquellas personas que procedan del desempleo y tengan más de 40 años cotizados, como pide la asociación Asjubi40 y UGT, pero en el nuevo diseño prevé suavizar su merma ya que avanzó que les aplicarán los coeficientes reductores por causa no imputable al trabajador, que son menores. Sí prevé más adelante mejorar el tratamiento para las carreras de cotización más extensas.
Sin penalización
Pero no todas las prejubilaciones acarrean un castigo. El año pasado 32.500 personas que adelantaron su retiro, casi el 30% del total, lo pudieron hacer sin merma en su pensión. Esto se debe a que hay casos que están justificados, como son aquellas altas que proceden de profesiones cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o también las personas con discapacidad. A ellos no se les aplica ningún coeficiente reductor, al igual que a las que provienen de un contrato relevo, es decir, cuando se sustituye a un trabajador por otro, siempre y cuando cumplan unos requisitos: 18.000 en 2020, para los que también cambiarán las reglas con la reforma.
Lo curioso es que ese 40% de jubilaciones que son anticipadas tienen una pensión significativamente mayor que las personas que se retiraron a la edad ordinaria. Bastante superior. Cobran de hecho casi 470 euros más y rozan los 1.700 euros de media, pese a que al 71% se le aplicó un recorte por ese adelanto.
Por el contrario, la pensión de los apenas 14.000 jubilados que retrasaron su retiro más allá de la edad legal se reduce hasta los 1.363 euros, pese a los incentivos que les dan por ello y que se mejorarán en la nueva reforma, pudiendo suponer un cheque de hasta 12.000 euros por cada año de retraso.
Las mujeres y los autónomos, los más penalizados si se amplía el periodo de cálculo
Otra de las medidas que planea el ministro Escrivá es ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Y así consta en el plan de reformas enviado a Bruselas, aunque es aún un tema que no se ha tratado en el diálogo social y se va a dejar para una segunda fase.
Si un documento interno del Gobierno que se filtró a los medios estimaba que si se aumenta de 25 a 35 años el periodo a tener en cuenta para calcular la prestación de los nuevos jubilados supondría un recorte del 6,3%, un estudio publicado recientemente por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, eleva esta merma hasta el 8,6%. Es por esto que esta medida cuenta con el rechazo frontal tanto de los sindicatos como de gran parte de los grupos parlamentarios, incluyendo aquí a socios de Gobierno como Unidas Podemos.
Pero este recorte medio del 8,6% no sería igual para todos los grupos de trabajadores, siendo las mujeres y los autónomos los colectivos más damnificados. Así, las mujeres sufrirían un recorte del 10,3%, frente al 7,9% de los hombres, lo que supone que su pensión inicial disminuiría un 30% más que la de los hombres debido principalmente a que tienen generalmente carreras laborales más cortas, según advierte este estudio. Y es que la merma para las carreras cortas se eleva hasta el 15%, el doble de quienes han cotizado más de 43 años y 8 meses.
Otro de los colectivos más perjudicados por el alargamiento del periodo de cómputo serían los autónomos, con una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el Régimen General. Esto se debe a que la inmensa mayoría cotiza por las bases mínimas durante los periodos más alejados de la edad de jubilación y a que los meses no cotizados computan con cero euros para este grupo, penalizando fuertemente el valor de la base reguladora.
