30 Mar Solidaridad Intergeneracional sigue exigiendo la garantía de acceso continuado a los servicios financieros para los mayores, en especial en el medio rural.
Mientras sea obligatorio recibir la pensión por una entidad financiera, se exige el libre acceso, disponibilidad y accesibilidad universal para las personas mayores, o para quien sufre la brecha digital.
M.A Casquero
Solidaridad Intergeneracional celebra que las libretas de ahorro sigan siendo el soporte documental que garantiza la continuidad de la relación de las personas mayores con la entidad financiera, tal y como se acordó el pasado 9 de marzo en la reunión de las patronales bancarias con el Gobierno y asociaciones de usuarios/as, pero exige que lo sea para toda la población que lo solicite y que las entidades garanticen el acceso continuado a los servicios financieros, en especial la que vive en el medio rural de municipios de menos de 500 habitantes, y a las miles de poblaciones diseminadas que existen que forman parte de municipios de más de 500 habitantes y tienen los mismos problemas de inaccesibilidad.
Asimismo, propone que quede garantizado el derecho de acceso universal a los recursos financieros propios, mientras la pensión siga siendo obligatoria cobrarla a través de una entidad financiera, tanto presencial, como con cajeros o vía digital. Mientras exista brecha digital se debe de continuar atendiendo presencialmente en las oficinas o acercando los servicios a la población vulnerable y la administración debe destinar fondos para la formación específica en la materia.
En este sentido, invita al gobierno a defender a las personas mayores como colectivo vulnerable que es frente a las entidades financieras que cuentan que han realizado avances importantes, pero sigue sin garantizase el acceso al cerrar más sucursales, no instalar cajeros, ni habilitar servicios de proximidad que den respuesta a las demandas del colectivo mayor del medio rural.
Además, desde Solidaridad Intergeneracional se apuesta y reivindica la necesidad de una mayor regulación, control, exigencia y penalización por parte de las autoridades financieras para garantizar que los bancos y cajas cumplan con los derechos y necesidades de las personas mayores, lo que garantizará su bienestar financiero y su calidad de vida en general.
