Solidaridad Intergeneracional es miembro del Consejo Estatal de Personas Mayores

Hoy se constituye en el IMSERSO el Consejo que representa a 9.527.263 personas mayores de 65 años, compuesto por 60 representantes entre Administraciones y representantes de Consejos Autonómicos y Entidades Sociales.

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS MAYORES, REPRESENTARÁ LA VOZ DEL MEDIO RURAL DEFENDIENDO TODOS SUS DERECHOS Y DENUNCIANDO LA DISCRIMINACIÓN QUE SE SUFRE, POR RAZÓN DE EDAD O LUGAR DE RESIDENCIA (SANIDAD, SOLEDAD, BRECHA DIGITAL).

28 de Septiembre de 2022. Solidaridad Intergeneracional contará con dos representantes en el Pleno y presenta varias propuestas para trabajar y avanzar en el estado de bienestar, innovando, desaprendiendo para volver a emprender, en una sociedad dinámica y longeva como la actual.

Entrevista a Ana I. Esteban presidenta de Solidaridad Intergeneracional en el programa de radio Hoy por Hoy Zamora y Benavente

En 2022 viven tantas personas mayores de 65 años en el mundo, como la suma de todas las personas que lograron alcanzar esa edad en la historia de la humanidad. Este hecho lo cambia todo, y por ello hemos de pensar como seguir viviendo y conviviendo con esta realidad que en España representa el 20% de su población y continuará creciendo hasta 2050, con esperanzas medias de vida crecientes, de 80 años para los hombres y 85 para las mujeres en la actualidad.

En el transcurrir de la vida van mermando o perdiéndose capacidades, y así lo refleja la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020 realizada cada 10 años por el INE que indica que 60% de las personas mayores con discapacidad ascienden a 2.628.000. Por otro lado, el IMSERSO indica en su último informe anual que existen 1.476.773 personas mayores con discapacidad reconocida oficial oficialmente, para lo que es obligatorio realizar un procedimiento administrativo específico, distinto del otro procedimiento oficial que reconoce la dependencia que afecta a 1.011.010 personas mayores que necesitan cuidados diarios para vivir.

Esta es una realidad que hay que cambiar porque perjudica con claridad a las personas mayores dependientes (79,6% del total) que desconocen y no se informa de la existencia de dos procedimientos distintos, uno para acceder a la cartera de servicios de la dependencia y el otro para solicitar los recursos y servicios existentes que le correspondan incluido el sistema de apoyos recientemente aprobado en la Ley 8/2021 para las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad son derechos de las personas con dependencia, ya que una persona con dependencia es una persona con discapacidad, pero ello no se reconoce por las Administraciones y se les impide el acceso a una plaza de aparcamiento para llegar al centro médico, o desgravaciones fiscales de servicios para el cuidado, por enunciar varios ejemplos.

Es urgente aprobar una pasarela para el reconocimiento de ambas situaciones ya existentes y reconocidas oficialmente y aprobar un solo procedimiento administrativo que evalúe al tiempo la discapacidad y la dependencia y se reconozca con carácter retroactivo desde la solicitud como ocurre con el procedimiento de reconocimiento de discapacidad. Son inaceptables los plazos reales de resolución actuales.

Solidaridad Intergeneracional propone la creación de un Grupo de Trabajo  “Derechos sin Edadismo” en el seno del Consejo Estatal de Personas Mayores para realizar propuestas de cambio que eliminen de nuestro ordenamiento jurídico la discriminación por razón de edad, como es: el triaje sanitario, el acceso a la prestación de asistente personal, la imposibilidad de créditos hipotecarios o acceder al sistema de apoyos de acuerdo con la Ley 8/2021 que facilita la realización del testamento no solo económico, sino de cuidados y de vida, pudiendo indicar tus deseos, como ser cuidado, donde y quien/es se encargarán con su contraprestación correspondiente, etc.

Otra de las propuestas presentadas al Consejo Estatal, dado que la regulación que existe es del Siglo XIX y afecta solo a los habitantes de algunas Comunidades Autónomas y no a las que tienen Código Civil propio, es el derecho a testar libremente. La legítima que regula el Código Civil perjudica con claridad a las mujeres que sobreviven a sus maridos, que les han cuidado y quedan desprotegidas cuando más lo necesitan. Más de 2 millones en España son viudas y poco más de 100 mil, son hombres. Los tiempos han cambiado y las leyes tienen que cambiar ¿Si funciona en Euskadi, Catalunya, Navarra, Aragón, Baleares o Galicia, porque no puede funcionar la libertad de testar en el resto del país?

Los representantes de Solidaridad Intergeneracional son: Dª Ana Isabel Esteban Martínez y D. Eduardo Navarro Villarreal, miembro de COAG.

Para más información: 636 56 17 50