31 Oct Sanidad urge la figura del asistente personal para las personas con discapacidad 13 años después de la ley
Regiones como Galicia afean al Ministerio que acelere ahora una propuesta común para antes del 10-N
ÉRIKA MONTAÑÉS
Paulo Fontán tiene 34 años. En su adolescencia sufrió un accidente de tráfico y quedó tetrapléjico. Sin autonomía para ir al baño, ni asearse o comer, este pontevedrés ha renacido con la figura de un asistente personal que le ayuda cada día con esas tareas y, además, le procura «una vida social más allá de sus familiares». En su caso, es un gran dependiente (grado III de la ley) y es una de las 114 personas que en este momento reciben el apoyo destinado por el Gobierno regional para esta figura, a pesar de que ya la reconoció y recogió la norma estatal, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en 2006. En trece años, cada autonomía ha ido por libre en la regulación de un recurso que las asociaciones del colectivo ven «vital» para que la persona con discapacidad adquiera una vida independiente. En las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales parece interesado en armonizar esta prestación en el conjunto del Estado y ha puesto un borrador sobre la mesa que despierta más de un recelo en las comunidades.
De hecho, tras dos reuniones mantenidas en la Comisión Delegada del Instituto del Imserso (la primera, el pasado 10 de octubre), y un tercer encuentro convocado para la próxima semana, justo antes de las elecciones generales, el departamento que dirige María Luisa Carcedo ha acelerado a los directores generales de Dependencia de cada autonomía a encontrar «una fórmula común» para «incorporar esta prestación» al catálogo aprobado en la ley de 2006, lo que ahora parece una utopía.
Las diferencias entre regiones son verdaderamente abismales. «No es una prestación a la que se accede en igualdad de condiciones y no está al alcance de todos en España. La falta de concreción de la norma y la ausencia de una regulación después de 2006 ha conllevado el escaso o nulo desarrollo en algunas comunidades», dice a este diario Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). Y ejemplifica: «Madrid y Cataluña tienen programas experimentales (después de trece años); en País Vasco hay 6.162 personas que reciben esta atención y siete autonomías –Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, además de Ceuta y Melilla– ni siquiera contemplan la figura. Tienen cero beneficiarios».
Queiruga, también vicepresidente del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha dado la batalla por esta figura, que «demuestra que las personas con discapacidad son dueñas de su vida, y que, con los apoyos adecuados, deciden cómo vivir» sin depender siempre de su familia. Para personas con movilidad reducida, como Paulo, es un soporte al desplazamiento y a la realización de labores cruciales para empoderarle y darle un espacio de ocio personal, detalla. En Galicia, por ejemplo, se ha creado para apoyar a los dependientes a completar un proyecto formativo (como acabar una carrera universitaria) o para su inserción laboral; mientras, en el País Vasco, el asistente está menos horas con el dependiente, la intensidad es menor pero la cobertura mucho mayor.
Una propuesta «electoralista»
El principal escollo es, una vez más, el ingente presupuesto que requiere este auxilio. Solo en la comunidad de Paulo, a la figura se destinan –desde mayo pasado, cuando se incrementó la cuantía– 1.700 euros mensuales por cada beneficiario, más de 193.000 euros. El asistente personal trabaja con el dependiente 120 horas a la semana (el Ministerio propone 160). El director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Xunta, Ildefonso de la Campa, reprocha que el Gobierno «haga una propuesta común ahora, que no ha sido suficientemente estudiada, crea confusión en el colectivo, no centra la utilidad del servicio y no está consensuada». El borrador, relata De la Campa, contempla subvencionar 715 euros por dependiente, pero «la aportación del Estado, pese a estar obligado al copago del 50% entre la región y la Administración General, sería pequeña, del entorno del 20%». En conversación con ABC, el responsable gallego juzga la iniciativa como una «imposición precipitada» del Ministerio y acusa: «Creemos que no es sensata y está construida en base a intereses electorales».
Homogeneizar el recurso y su utilidad es la clave, así como las condiciones laborales y la certificación profesional que se le pide. «Pedimos una profesionalización del servicio», agrega De la Campa, porque si no, podría acabar en manos de «familiares» y germinarán los tratos de favor. Ayer, el Ministerio de Carcedo se limitó a señalar que «aún es prematuro» avanzar un resultado de estos encuentros, pero que, en efecto, se debe acercar posturas sobre qué formación han de acreditar los asistentes, en qué condiciones deben trabajar y cuál es el alcance concreto de esta prestación.
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