19 Abr Sanidad premia a las autonomías más eficaces en la ley de dependencia
• El 20% de los fondos se destinarán a las comunidades con más beneficiarios evaluados
ANTONIO M. YAGÜE
MADRID
Premio a las autonomías que han hecho los deberes en la atención a las personas con discapacidades. El Gobierno aprobó ayer una reordenación del reparto del dinero para la dependencia que tendrá en cuenta, además del número de habitantes, como se hacía hasta ahora, la cifra de ciudadanos atendidos y el grado de aplicación de una norma que echó a andar en España hace dos años con un estridente retraso en autonomías como Madrid y la Comunidad Valenciana. El nuevo criterio destinará el 20% de los fondos en función del número de beneficiarios evaluados hasta el 1 de abril y primará a autonomías como Andalucía, Navarra, la Rioja, País Vasco y Catalunya, que ya han dictaminado a más del 98% de las personas que tienen derecho a las prestaciones. Catalunya recibirá una partida de 47,5 millones de eu-
ros, el 31,9% más respeto al 2008.
La reordenación del reparto de los fondos, 283 millones para todo el Estado, recibió ayer el visto bueno del Consejo Territorial de Dependencia, el primero presidido por la nueva ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez. La iniciativa echa por tierra las críticas de algunos partidos y de diversos sectores que auguraron que el traspaso de estas competencias al Ministerio de Sanidad iba a sepultar la ley.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Además, la medida fue aprobada por asentimiento de los consejeros, aunque algunos representantes autonómicos del Partido Popular, como es el caso de Madrid, mostraron su discrepancia. Pero «no recibió ningún voto en contra», según Jiménez, quien subrayó que «todas las comunidades autónomas saldrán ganando».
La ministra reconoció que el cambio supone una manera de primar la aplicación de la legislación y la mejor atención a las personas dependientes. Explicó que en el consejo se acordó una postura intermedia o «punto de equilibrio» entre comunidades como Andalucía y Catalunya, que pedían un reparto del 50% según la población y el otro 50% se-
gún el número de personas evaluadas, y algunas del PP, que querían mantener la distribución actual.
«El nuevo nivel es una mejora y un premio al trabajo bien hecho, pero no es suficiente. Solo es un punto de partida. Pedimos que se otorgue hasta el 50% en función de las personas evaluadas y que se tenga en cuenta el nivel de vida de Catalunya», defendió la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila. A su juicio, la aportación actual del Estado sigue siendo insuficiente, ya que solo cubre el 25% del gasto cuando debería ser del 50%. También solicitó que las conclusiones de los resultados obtenidos por la comisión que estudia la financiación de la ley estén listos en julio para que puedan servir de base a la hora de negociar los próximos presupuestos de la ley de dependencia.
Jiménez pidió colaboración y lealtad a los consejeros para consolidar el derecho de los ciudadanos dependientes y resaltó que, para mejorar la eficiencia y la calidad del proceso, el consejo territorial acordó elaborar un catálogo de buenas prácticas que aúne las experiencias que han adquirido las distintas administraciones, y que permita garantizar la igualdad y la cohesión en la aplicación de la norma. Ahora, el principal objetivo, según la ministra, reside en aumentar la eficacia y la agilidad «en la prestación de los ciudadanos que ya están evaluados».
CREACIÓN DE EMPLEO
La titular de Sanidad destacó que el fondo extraordinario de 400 millones del plan E permitirá crear o adaptar más de 50.000 plazas de servicios de atención a la dependencia en residencias, centros de día o de noche, centros de promoción de la autono-
mía personal, y en servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia. Hasta ahora se han presentado un total de 1.345 proyectos por parte de 13 comunidades que, como Catalunya, han firmado convenios de colaboración. Su puesta en marcha, se-
gún la ministra, permitirá la creación de unos 35.000 nuevos empleos directos e indirectos
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