06 Mar PREDIF se suma a CERMI en su campaña contra el copago confiscatorio
PREDIF recogerá firmas a través de sus trabajadores en favor de la iniciativa legislativa popular para la reforma de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La entidad denuncia la “falta de equidad” en la aplicación de los criterios de copago en el territorio español.
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con discapacidad física, PREDIF, se suma a la campaña promovida por CERMI: “Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio”, que pretende recabar 500.000 firmas para que prospere la iniciativa legislativa popular y la modificación del sistema de copago vigente en todo el territorio español.
En palabras de Francisco Sardón, presidente de PREDIF, un sistema de derechos en el que se encuadra la Ley de Autonomía Personal y atención a la dependencia “no puede situar a miles de personas dependientes y sus familias en el umbral de la pobreza” por acogerse a una prestación que pretende mejorar su calidad de vida y su autonomía personal pero que “debido a un excesivo y desproporcionado sistema de copago no les permite afrontar otros aspectos de su vida, ya que gran parte de sus ingresos los deben destinar a sufragar un servicio al que tienen derecho”. En este sentido, hablar de autonomía personal “se convierte en un eufemismo perverso”.
La “falta de equidad” en la aplicación de los criterios de copago en el territorio español “es un incumplimiento del espíritu de la Ley y una vulneración del derecho que acoge a las personas dependientes con un mínimo de calidad de vida con independencia del territorio donde vivan”.
PREDIF se suma y reafirma la propuesta del sector de la discapacidad organizado en torno a CERMI, en el que se propone de forma específica modificar el artículo 14 de la vigente ley para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, así como el artículo 33, de modo que se incorporen garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben.
Concretamente este artículo 33 debería establecer que queden exentas de copago las personas por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-), que se limite la aportación máxima en el 60% del precio de referencia del coste del servicio; y que se asegure un mínimo para gastos personales, que no sea inferior al 40% de la capacidad económica.
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