27 Dic ¿Porqué hay que desterrar la palabra ‘disminuido’ para hablar de discapacidad?.
Los colectivos de personas con discapacidad reclaman desde hace años que se cambie la palabra que se refiere a ellos en el artículo 49 de la Constitución, hecho que PP y PSOE van posponiedo.
Elisenda Colell
«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos». Este es el polémico artículo 49 de la Constitución Española que chirría a oídos de todos. ¿’Disminuidos’ es una palabra ofensiva? «Sí, lo es. Nuestra lucha es que deje de usarse, en la Constitución y en el resto de espacios», explica Mercè Batlle, presidenta del Comité catalán de representantes de personas con discapacitat (Cocarmi). «Subnormal, disminuido, minusválido… son palabras con connotación negativa, ofensiva, pero es que además sitúan a la persona afectada en inferioridad de condiciones. Es el ‘ay pobrecitos’ de toda la vida», insiste Batlle.
Uno de los motivos por los que hay que cambiar este término es porque no gusta a los afectados. «Palabras como ‘minusválido’ o ‘disminuido’… vienen a decir que las personas con discapacidad no tienen ni una capacidad. Como si no valieran para nada. Las personas con discapacidad también tienen capacidades, y este término no hace justicia», explica la presidenta de la asociación catalana del Párkinson, Rosé Roigé.
En segundo lugar, las organizaciones internacionales suscriben esta visión. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) apoyan este término. «Hace más de 10 años que España firmó esta convención. No entendemos por qué les cuesta tanto sacarlo de la constitución: es un atraso», se queja Batlle. El hecho de retirar la palabra no es menor: acerca a España a aplicar lo que dictan las organizaciones internacionales. «Parece que es fácil y sencillo… pero no lo hacen. No lo entendemos. Si con esto no funciona… imagínate con el resto de obligaciones de la convención. Diez años después no han aplicado nada», critica Batlle, que recuerda, por ejemplo, la obligación de adaptar los textos a sistemas alternativos de lenguaje, como el ‘braille’.
Desde COCARMI también recuerdan que no solo la Constitución debe cambiar. «En las plazas de aparcamiento prioritario seguimos viendo la palabra ‘minusválidos‘», se quejan. En el fondo, piden que se normalice y se extienda el uso del término ‘personas con discapacidad’ en vez de ‘discapacitados’. Es decir, piden dejar de usar adjetivos para nombrarles. «Porque primero son personas, personas capaces de muchas cosas, personas con derechos. Y luego hay que visibilizar que tienen discapacidad, que necesitan ciertos apoyos que las personas que no tienen una discapacidad no necesitan», sigue Batlle.
Diversidad funcional, tampoco
En los últimos años, ha surgido en algunos ámbitos la necesidad de dejar atrás el término de personas con discapacidad y usar el concepto ‘diversidad funcional’. Hace unas semanas, el Comité Catalán, integrado por una decena de federaciones que a su vez representan centenares de entidades y más de medio millón de personas con discapacidad, debatieron sobre el uso de este nuevo concepto. El resultado es que no gusta. «Diversidad funcional somos todos. Todos somos diversos y andamos, bailamos, hablamos… de forma diversa. Todos somos diversos desde un punto de vista funcional. Pero las personas con discapacidad aún hoy deben seguir reivindicando su diferencia para que sus derechos, su necesidad de apoyos y de trato específico, sea reconocido», explica Batlle.
