Personas con discapacidad intelectual piden la oportunidad de «una vida autónoma», en libertad y junto a sus vecinos.

Esta murciana de 44 años lo tiene muy claro: «Por primera vez en la vida estaba en mi casa». Igual que María Luisa, sus compañeras Antonia y María Ascensión necesitaban ayuda para todo. Siete días después de estrenar casa, ya realizaban muchas labores cotidianas por sí solas.

Estas tres mujeres con discapacidad intelectual y otras necesidades de apoyo participan desde febrero de 2019 en una experiencia piloto para favorecer la vida ‘autónoma y en comunidad’ impulsada por Apcom Plena Inclusión Región de Murcia.

Hasta entonces, las tres llevaban más de 11 años en la residencia de dicha entidad en las afueras de Caravaca de la Cruz, donde habían llegado procedentes de otras instituciones.

La directora de este centro y una de las promotoras de la experiencia, Teresa Guirao, explicaron a Servimedia cómo empezó todo. «Quisimos dar a nuestros usuarios una oportunidad para que viviesen en comunidad y de forma autónoma».

Junto a ellos y a sus familias, «buscamos voluntarios dispuestos a mudarse a un piso compartido en el centro del pueblo. Esto suponía dejar la residencia grande, «donde conviven más de 30 personas y donde todo está muy organizado», explica Teresa.

«Como en todas las grandes instituciones de España, aquí la gente tiene una hora fija para levantarse y otra para acostarse, no decide qué quiere comer, apenas si puede elegir qué actividades de ocio realiza y, sobre todo, viven apartados del pueblo».

«Lo que les propusimos fue irse a un piso compartido», prosigue, «donde siempre habría profesionales para supervisar y prestar los apoyos necesarios; sin embargo, las decisiones fundamentales las deberían tomar ellos».

Siete personas se mostraron voluntarias, pero dio la casualidad de que estas tres valientes además ya eran amigas y manifestaron «claramente que querían vivir juntas». El primer paso, elegir con quién quieres vivir, ya lo habían dado, así que se lanzaron a la aventura. Ángeles se unió a María Luisa y a sus tres compañeras en 2020.

‘MI CASA’

Las cuatro participan junto a otras 60 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de 14 comunidades autónomas en el proyecto ‘Mi Casa’ de la Confederación Plena Inclusión España, entidad que agrupa a más de 900 asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias.

El programa busca impulsar la transición desde el modelo de grandes residencias hacia otro de viviendas normalizadas y en comunidad.

Según Berta González, coordinadora de programas y responsable del proyecto de Transformación de Plena Inclusión, «la idea es promover un sistema en el que estas personas compartan pisos con tres o cuatro compañeros, donde reciban los apoyos individualizados que precisan para llevar una vida autónoma». «Porque no es solo una cuestión de tamaño, sino de autonomía», recalca.

A su juicio, «el sistema actual está muy centrado en su propia organización y gestión, y presta poca atención a las necesidades individuales de cada persona». «Hay unos horarios rígidos de comidas, de terapia, de hacer gimnasia y de ver la tele», abunda. «Todo esto es para que el centro funcione bien, pero ¿dónde quedan los usuarios?».

Por eso, el proyecto ‘Mi Casa’ propone que sean los profesionales quienes se desplacen allí donde viven las personas y presten una atención individualizada, «encaminada siempre a que sea ella la que tome las riendas de su vida».

«Hemos formado ya a 195 profesionales para que sean capaces de ofrecer esta ayuda» en forma de asistencia personal, acompañamiento, apoyo al lenguaje, adaptaciones, etc. De hecho, en el piso de María Luisa hay siempre alguien para ayudar a las cuatro inquilinas y vigilar que todo esté bien.

SALTO ADELANTE

«La maravilla que nos encontramos es que (nuestras trabajadoras) dedican una gran parte de su tiempo a supervisar, y cada vez menos a las labores mecánicas», comenta feliz Teresa. Todo porque las tres mujeres «dieron un salto abismal en sus capacidades físicas y en su desarrollo cognitivo en cuanto se mudaron».

«En la residencia todo iba muy deprisa y había unos horarios que cumplir». Por eso, María Luisa no tenía tiempo de hacer la cama sola, algo de lo que se encarga en la nueva casa prácticamente desde el minuto uno. «También pongo la mesa, la retiro, meto los platos al lavavajillas y pienso con las demás el menú de la comida y la cena», relata.

Como en el barrio ya las conocen, tampoco es raro que María Luisa o sus compañeras vayan algún día solas a comprar fruta o flores o que entren a la cafetería de su calle a merendar. Y aunque ellas mismas admiten tener sus «cosillas» se han hecho «muy amigas», subraya María Luisa.

En opinión de las expertas, estas relaciones de apoyo mutuo benefician «y mucho» su capacidad cognitiva. Berta González asevera que otra de las ventajas del proyecto es que «las personas con discapacidad intelectual conocen a sus vecinos y establecen redes de apoyo».

Además, pueden acudir a actividades que no son específicas del colectivo, como las clases de los centros municipales o culturales. Con todo, «lo más importante es que el resto de la ciudadanía vea a estas personas y se haga consciente de que existen y de que hay que integrarlas».

MÁS AYUDAS

Este modelo de convivencia muestra tantas ventajas que reclaman «fomentarse» desde las instituciones, así como eliminar «las dificultades administrativas» que supone en la práctica. Muestra de ello es que llevan «dos años de papeleo para que el piso se reconozca como un recurso específico, distinto al de la residencia».

Teresa explica que, de momento, las plazas que ocupan las cuatro mujeres figuran como plazas residenciales. «Queremos que entiendan que no somos una residencia chiquitita, sino otra cosa. No se nos pueden exigir los mismos requisitos porque esto es una casa particular y, en cambio, tenemos otras necesidades para prestar los apoyos».

En esta línea, Berta González instó a las administraciones públicas a «redirigir» su financiación hacia este nuevo modelo de vivienda. De hecho, Plena Inclusión impulsó junto a Hogar Sí y Provivienda el manifiesto conocido como ‘Quiero mis llaves’, donde reclamaban este tipo de pisos compartidos «no solo para las personas con discapacidad, sino también para las personas mayores y sin hogar».

«Todas tienen derecho a elegir su vida y a vivir junto al resto de ciudadanos, y estos son derechos fundamentales que han de primar sobre la eficiencia económica», recalcó González.

En su opinión, una de las cosas que ha demostrado la pandemia por Covid-19 es que el modelo institucional no es «en absoluto seguro». «Basta con comparar las personas mayores que han muerto en las residencias y las fallecidas que vivían en su casa del mismo rango de edad».

«No es culpa de los trabajadores», aclara, sino «de las dificultades de gestionar un centro donde vive tanta gente,compartiendo además habitación y todos los espacios comunes». En España, unas 31.500 personas con discapacidad intelectual habitan en grandes residencias, y la mitad de ellas presentan además muchas necesidades de apoyo.

El proyecto se dirige de forma especial a estas últimas, ya que «a la inclusión no se puede renunciar porque sea más difícil». «A veces, parece que las personas que más ayuda necesitan son quienes menos apoyo reciben», se lamenta Berta González.

PIDEN LIBERTAD

Eso había sucedido con María Luisa, María Ascensión, Antonia y Ángeles hasta su llegada al piso. Ahora, las cuatro están encantadas y la integración les ha sentado muy bien.

«A mí me gusta mucho ir a merendar fuera», explica María Luisa, aunque a veces también se toma el café en casa de su vecina de arriba. «Ellas nos preparan tartas y nosotras les llevamos flores», relata, «aunque ahora, con el coronavirus, nos vemos menos».