25 Sep ¡NO HAY DERECHO!
Siempre que digo u oigo esta expresión se exclama una injusticia. Se ratifica que los poderes públicos, la justicia y/o la sociedad no han respondido respetando las normas que nos hemos dado para vivir en paz, los DERECHOS HUMANOS para todas las personas que están recogidos en las leyes internacionales, y en parte, en la Constitución de 1978.
Podemos decir que venimos reclamando un mundo más justo, más libre y más solidario prácticamente desde la aparición del homo sapiens, aunque el primer texto que lo expresa es de hace 4.000 años en Egipto; y esculpido en piedra el Código Hammurabi de -1.750 a.C. recoge 282 leyes que influyeron en el resto de culturas; otro testigo es un poema japonés de mil años atrás que nos dice “No teniendo un grano que cocer, gemimos como el tordo nocturno…” pero el jefe del pueblo reclama su parte. “La vida en este bajo mundo, ¿debe estar vacía de esperanza?”
Los derechos surgen de la necesidad social sentida. Los cambios que la humanidad vive en cada época conllevan la ideación de derechos nuevos que dan continuidad, amplían y garantizan los ya existentes, basados en los principios de Naciones Unidas: Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad para todas las personas por el hecho de haber nacido, atendiendo especialmente a las personas vulnerables por pobreza, enfermedad, dependencia- discapacidad, niñez, personas mayores, mujeres, extranjeros, etc.
Pero idearlos, pensarlos y fundamentarlos solo es el primer paso para su logro, pero un paso importante. Esa rebeldía de la inconformidad con lo injusto que todos llevamos dentro, tiene que poderse manifestar libremente y consensuar con la sociedad para exigir cambios y avanzar superando los obstáculos que en cada época acontecen en el devenir humano.
Atreverse a mirar y pensar distinto, con capacidad crítica y constructiva impulsa el avance de la humanidad, como podemos constatar con solo mirar unas décadas atrás.
Los derechos humanos de la Declaración de 1948 de Naciones Unidad (ONU) siguen vigentes y se han ido ampliando y renovando, adaptándose a las demandas consensuadas. El acuerdo global de los países para aprobar estas leyes universales que protegen nuestros derechos, exigibles por la ciudadanía a sus gobiernos y jueces, afecta solo a los países que ratifican dichas Declaraciones, Convenciones internacionales… previamente debatidas y aprobadas en la ONU. Algunos países se resisten porque la ratificación exige presupuesto y adaptación al ordenamiento jurídico para ponerlos en marcha, así como dar cuentas en las evaluaciones internacionales y verificaciones periódicas.
Contamos con DERECHOS recogidos en el DERECHO y con instrumentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que impulsan avanzar en el cumplimiento de dichos derechos humanos. Para que se cumplan no basta con estar escrito en un documento por oficial que sea. Existen obligaciones y compromisos que se han de exigir en nuestro país y en el resto de países, y denunciarlo públicamente y ante el Defensor del Pueblo y en los Tribunales si fuese necesario porque las consecuencias nos afectan a todos, como la emergencia climática o la emigración sin regulación, etc.
Vivimos inmersos en al menos tres revoluciones: igualdad entre hombres y mujeres, la tecnología digital, y el éxito de la longevidad que están transformando el mundo conocido. Nunca antes en la historia de la humanidad, tantas personas habrían logrado vivir tantos años como en la actualidad. Se ha duplicado la esperanza de vida en solo un siglo. En España el 20% de la población supera los 64 años y el 6% cuenta con más de 80.
Esta es una nueva realidad planetaria que presenta cambios profundos que afectan a toda la estructura demográfica en todos los ámbitos de la vida. Por ello parece razonable que este grupo de edad creciente, -al que denominan pasivo, que sufre edadismo o discriminación por edad, al que se acusa de ocasionar gastos elevados en pensiones, o en sanidad que posteriormente no se garantiza ni en residencias, ni medio rural…-, tienen voz y voto y reclama una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores que recoja en una sola norma la dispersión de derechos que existe en el ordenamiento jurídico español, difíciles de encontrar incluso para los juristas, en la que se incluya el derecho a comprender, el uso del lenguaje de lectura fácil, la garantía de acceso a los servicios básicos presenciales, sin mediación de tecnología, el derecho al cuidado, o a testar libremente, la garantía de la pensiones, etc.
Mientras tanto, continuaremos presionando y demandando la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, que ya tienen los países Interamericanos, y en cambio la Unión Europea mira para otro lado, por lo ya expuesto. Se necesitan nuevos derechos como la protección de los datos digitales, el uso de la inteligencia artificial, el derecho al cuidado de larga duración, y un largo etcétera.
Si comprendes los derechos, lucharas por ellos. Si conoces tus derechos, los disfrutaras.
