31 Oct Mujeres con discapacidad intelectual reclaman su derecho a ser madres
Personas con discapacidad intelectual y representantes del movimiento asociativo han reclamado la supresión del párrafo segundo del artículo 56 del Código Penal que, previa autorización por parte de un juez, permite esterilizar sin consentimiento a aquellas personas incapacitadas judicialmente que de forma permanente no puedan expresar conformidad.
SERVIMEDIA – MADRID
En una mesa redonda organizada por Plena Inclusión y por la agencia de noticias Servimedia defendieron su derecho a ser madres y padres, y el de toda aquella persona que lo desee, «tenga o no discapacidad». Para Cristina Paredero, del grupo de personas con discapacidad intelectual que asesoran a la dirección de Plena Inclusión, «el problema es muy complejo y su raíz está en las familias y en cómo nos ve la sociedad».
«A mí la sociedad me ha dicho desde pequeña que no soy normal y que como no lo soy no tengo derecho a ser madre», reflexionó. En su opinión, «si los padres no entienden la discapacidad es probable que inicien el proceso de esterilización o de incapacitación judicial».
Paredero continuó explicando que en ese caso «los médicos emiten su informe según lo que les cuentan los padres y, a su vez, los jueces se apoyan en estos informes. Al final es un poco culpa de todos».
Por ello, consideró que la clave para avanzar está «en la concepción de las familias», que «para bien o para mal son el sustento de las personas con discapacidad, y en quienes estas más se apoyan». «Si un padre», añadió, «entiende la discapacidad y comprende cómo es su hijo va a poder ayudarlo mucho más. Mucho más que a través del miedo».
CONTRARIO A DERECHO
Para Rebeca Tur, responsable del Área de Mujer y Familia de Plena Inclusión Madrid, esta práctica es contraria a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a todo el ordenamiento jurídico español.
Además, dijo que atenta contra el principio de igualdad, puesto que afecta mucho más a mujeres que a hombres, contra el derecho a la integridad física y contra el derecho a formar una familia.
Dos comités de la ONU, el de Derechos de Personas con Discapacidad y el de Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, «han llamado la atención a España por este motivo», concluyó.
Por su parte, la profesora titular de Filosofía del Derecho y directora del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Mari Carmen Barranco, exigió modificar el Código Penal español, que en la actualidad permite la esterilización sin consentimiento de personas incapacitadas judicialmente (previa autorización de un juez). En su opinión, «las familias lo hacen para defenderlas», pero la práctica ha demostrado que las mujeres esterilizadas «son incluso más vulnerables a los abusos sexuales».
«Si la mujer decide que no quiere ser madre y se somete a este tratamiento libremente, entonces no hace falta esta figura», prosiguió, «y si se hace para evitar contra su voluntad que se quede embarazada y tenga hijos, esto supone un acto terrible, contrario a los derechos humanos».
Barranco recalcó que la norma se opone al artículo 23 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce su derecho a escoger cómo y con quién vivir, así como el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro.
A su juicio, lo que el Estado debería hacer a fin de dar cumplimiento a este tratado es garantizar los apoyos que estas personas necesitan para llevar a cabo sus proyectos.
Así lo intentan en Plena Inclusión Madrid, que desarrolla varios proyectos de apoyo a madres con discapacidad. Según Tur, la experiencia resulta «muy positiva». «Algunas mujeres se empoderan tanto que su discapacidad pasa a un segundo plano en su mente. La prioridad, lógicamente, es cuidar de sus hijos».
SEGURA DE SÍ MISMA
Paredero lo tiene claro y cree en sus capacidades. «Yo creo que podría ser una buena madre. Lo primero, porque quiero, pero también por ese sentimiento de demostrarle al mundo que soy capaz».
Señaló que «toda la sociedad está atravesada por el patriarcado», que limita la libertad de las mujeres para decidir sobre su sexualidad. Por eso, insiste en que hace falta formación, tanto «para las chicas, como para los chicos y para las familias».
Defendió también una educación afectivosexual que «no solo se centre en los anticonceptivos, sino que aborde de manera general «el derecho a decidir si queremos o no» tener relaciones o ser padres, recalcó.
A su juicio, «si lo buscas y lo eliges, cualquier persona puede ser una buena madre, tenga o no discapacidad. Pero ahora no nos lo permiten porque venimos de un paradigma asistencialista y sobreprotector. Eso es lo que hay que cambiar».
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