07 Ene Mujer, migrante y trabajadora doméstica: el perfil invisibilizado que agrava el acoso sexual.
Un informe alerta de que las mujeres migrantes que trabajan en economía sumergida apenas denuncian las agresiones sexuales por las trabas legales.
Laura Martínez
D. nació en Venezuela y con 33 años emigró a España en 2019, con una situación administrativa considerada irregular. Poco antes de la pandemia comenzó a buscar trabajo como empleada del hogar para labores de limpieza y optó por publicar anuncios en varias plataformas. Las primeras respuestas que recibió, todas de varones, eran «sugerencias sexuales que no tenían nada que ver con el trabajo». Un hombre contactó con ella para que limpiara su domicilio y terminó encerrándola en su casa para intentar abusar de ella. Tras un forcejeo que permitió a D. escapar, el hombre llamó a la Policía y la acusó de querer robarle. D. contó lo sucedido a los agentes y denunció la agresión un día antes de que se declarase el estado de alarma.
La historia de D. se recoge en el informe Violencia sexual a mujeres inmigrantes del sector de los cuidados, elaborado por la asociación ‘Calala fondo de mujeres’ y ‘Por ti mujer’. El documento recoge conclusiones de otros estudios previos, como que una de cada 10 mujeres que trabajan en el sector doméstico narran alguna situación de acoso sexual, desde agresiones verbales a físicas, pero su especial vulnerabilidad dificulta las denuncias. Sobre este perfil se cruzan diversas violencias que convierten a estas mujeres en especialmente vulnerables: la violencia patriarcal que sufren por ser mujeres, la violencia por ser migrantes en situación irregular -y estar y sentirse desprotegidas- y la violencia por no tener reconocido su trabajo como un empleo y, por tanto, no poder optar a prestaciones ni protección laboral. Si a ojos del Estado no existes, no hay red de apoyo pública para sostenerte.
La situación administrativa irregular es una de las principales trabas de las mujeres para denunciar, mientras que el hecho de trabajar sin contrato dificulta el análisis estadístico de la problemática. El informe denuncia que el acoso sexual en el trabajo «sigue sin ser perseguido cuando las víctimas son mujeres que se encuentran trabajando en la economía sumergida», lo que otorga impunidad a los agresores. Una situación que, sumada a las lagunas legales de la situación de las mujeres migrantes que provoca la Ley de Extranjería, perpetúan el acoso sexual. Así, indican «las múltiples vulnerabilidades a las que son expuestas las mujeres inmigrantes dificultan sobremanera la intervención, pues tras un episodio de violencia existen numerosos condicionantes sobre los que también cabe incidir».
De los testimonios recogidos en el documento se desprende que las mujeres migrantes que han sufrido agresiones en el trabajo terminan recurriendo a asociaciones y ONG para proteger sus derechos. Las mujeres demandan acompañamiento psicológico pero también asesoramiento legal, y en muchos casos no disponen de un hogar al que acudir o necesitan ayuda económica para sus hijos.
D. pasó por un proceso complejo a nivel emocional, con el respaldo de una terapia psicológica y de su entorno más cercano, reacia a contar lo vivido a sus familiares: «Me veía mal porque dejé de comer, tuve problemas con la comida. Estuve mucho tiempo sintiendo rabia y frustración. Siento alivio al pensar que no llegó a pasar nada, que no llegué a ser violada, pero muchas mujeres sí han pasado por eso», expresa esta mujer, que optó por desaparecer de la red y buscar trabajo de otra manera por miedo. «Me quité el perfil de Internet y perdí muchas oportunidades, pero me daba miedo que el agresor me volviera a encontrar o que otro hombre tuviese las mismas intenciones. No he vuelto a buscar trabajo en ese tipo de plataformas y ya no he trabajado en el sector de limpieza», expresa.
Las autoras del informe destacan el papel del Estado como garante de derechos y exigen responsabilidad especialmente con los sectores más vulnerables: «El papel del Estado en esta cuestión es crucial, pues si bien es el principal garante de los derechos de estas personas a su vez articula discursos y desarrolla prácticas fuertemente enraizadas en la cultura patriarcal. La violencia institucional actúa en ocasiones como la antesala que predispone a muchas mujeres a ser víctimas de violencia sexual», denuncian.
Entre las recomendaciones que destacan las autoras se encuentra ratificar los convenios internacionales para la protección de las empleadas domésticas y su inclusión en el sistema de Seguridad Social, agilización de las adaptaciones de los títulos universitarios para personas migrantes, modificación de la ley de Extranjería que implique el cierre de los CIE y la ampliación de las concesiones de solicitudes de asilo, arraigo y agilización de los trámites para conseguir el permiso de trabajo a través de la residencia o la nacionalidad. Todo ello en paralelo a una educación social contra las violencias machistas: «Es necesario promover una mayor concienciación social sobre esta problemática, haciéndola visible a través de campañas de sensibilización e incidiendo en la base del problema: el patriarcado y la cultura de violación», concluyen.
