18 Mar Medidas para jóvenes que no pueden pagar ni la entrada ni el alquiler de una casa.
La construcción de un parque de viviendas en arrendamiento avanza mientras se estudian otras fórmulas como un aval estatal para que este colectivo pueda comprar casa.
Sandra López Letón
No hay joven que escape en España de esa pesadilla que es conseguir una vivienda. Ya sea para comprar o para alquilar, el mercado en las grandes ciudades está cerrado para este colectivo, cuya edad de emancipación ha escalado hasta los 29,5 años. Su sueldo no les permite ahorrar lo suficiente para entregar ese 30% (20% más 10% de gastos) que necesitan para comprar una casa y que la entidad financiera asuma el 80% del valor de tasación. Hasta ahora los estudios se han centrado en analizar cuántos años de sueldo se necesitan para pagar una vivienda. La consultora Colliers International Spain ha calculado el número de años que hay que ahorrar para pagar la entrada. Las primeras conclusiones de un informe que será publicado en breve revelan que en la ciudad de Madrid se necesitan 10,5 años de ahorro; en San Sebastián, 12,4 años y en Barcelona, 12,3 años. Son las tres ciudades que requieren un mayor esfuerzo y que evidencian que “el mercado de la vivienda no es para singles”, reflexiona Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers. El análisis toma como referencia la renta media disponible por hogar, el precio medio de una vivienda de entre 75 y 80 metros cuadrados y la tasa de ahorro medio familiar.
El alquiler venía para dar oxígeno a este colectivo, pero también les ha terminado por ahogar. Con la soga al cuello están los jóvenes en las principales ciudades españolas, donde tienen que hacer frente a 800 o 900 euros al mes —en el mejor de los casos—, lo que les obliga a compartir techo.
Este es el contexto que explica los pasos que están dando las Administraciones y el sector inmobiliario. En el terreno de la compra, la patronal de promotores de viviendas (APCE) ha planteado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (encargado de los asuntos de vivienda) un programa de acceso similar al que funciona en el Reino Unido denominado Help to Buy (ayuda a la compra). El Gobierno concede un aval por el 15% a jóvenes solventes sin capacidad de ahorro y la entidad bancaria les financia un 95%. “Entendemos que esta solución disminuiría las barreras de entrada que los jóvenes tienen para la compra y las entidades financieras elevarían del 80% al 95% la cantidad prestada sin consumo de capital”, dice Jaime Fernández, gerente de Asprima y director del Servicio de Estudios de la Asociación de Promotores y Constructores de España. La Administración avalaría a los compradores, aunque también podría ser un aval emitido por una aseguradora.
Sin embargo, consultadas algunas de las principales entidades financieras del país, como Banco Santander, Bankia o CaixaBank, dicen no estar valorando esta opción por el momento. Además, fuentes del sector apuntan algún que otro inconveniente: si se disminuye el porcentaje de aportación del comprador y durante el tiempo en que acaba la construcción el precio ha bajado, los compradores renunciarían a las viviendas; les compensaría perder el 5% y comprar otra más barata. “Veo muy complicado aplicar estas medidas, entre otras cosas porque si el Estado pone dinero le van a acusar de facilitar el negocio a los bancos”, apunta Echavarren. Para este consultor, la fórmula made in Spain pasa por actuar sobre el salario de los jóvenes.
Otra opción que plantean los promotores es copiar a Francia, donde “se subvenciona una parte importante del préstamo con intereses al 0% que hacen disminuir el esfuerzo en los años iniciales, cuando los jóvenes comienzan a trabajar y tienen salarios más bajos”, comenta Fernández.
El ministerio que dirige José Luis Ábalos confirma estar escuchando todas las propuestas, pero por ahora su apuesta se centra en el alquiler. No se descarta, dicen, que el futuro plan de vivienda estatal incluya una partida para avalar la compra de casa.
Mientras, las primeras empresas privadas en lanzar una iniciativa para aliviar la carga de la entrada han sido Servihabitat y la promotora Coral Homes, que permiten aplazar el pago de hasta el 20% del precio hasta el 29 de septiembre de 2023, sin ningún tipo de interés y realizando tres pagos anuales. La campaña afecta a 2.300 viviendas con precios por debajo de los 100.000 euros (las provincias de Madrid y Barcelona suman 110 unidades). La campaña acaba el próximo 6 de abril.
España llega tarde
En el terreno del alquiler, y con años de retraso respecto a otros países europeos, España ha puesto en marcha planes de colaboración público-privado para crear un parque de casas en arrendamiento. Las tres Administraciones están identificando los suelos públicos sobre los que los promotores construirán esos pisos.
El Gobierno pretende levantar 20.000 casas con la cesión de suelo público durante 50 años al capital privado. Están ultimando los pliegos de condiciones en este momento. En casi todas las comunidades con problemas de acceso, como Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, están explorando esta vía, aunque la más avanzada es Madrid. Ya tiene suelos para desarrollar unas 10.000 viviendas en alquiler. “Disponemos de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público en 43 municipios”, señalan en la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
Estas concesiones administrativas permiten que el promotor construya los pisos y gestione los alquileres, aunque “siempre se mantiene la titularidad pública”. Las rentas que deberán abonar los inquilinos “serán en torno al 40% inferiores a las del mercado, ya que no se repercutirá el valor del suelo”, explican en Vivienda. Los jóvenes entre 25 y 35 años tendrán preferencia y será recomendable que el pago de la casa no supere el 30% de los ingresos netos mensuales, así como que el sueldo anual sea, al menos, 40 veces el gasto mensual de la vivienda. Los ingresos de los solicitantes deberán oscilar entre el 2,5 y 7,5 veces el IPREM. “Trataremos que a final de año las licitaciones ya estén en marcha. Las adjudicaciones se llevarán a cabo mediante lotes”, dicen en Vivienda. Los promotores piden, a cambio, “un criterio mínimo de solvencia de los inquilinos”.
