22 Dic Más de 45.000 personas mueren al año en las listas de espera de la dependencia; 1 cada 12 minutos.
La media de espera para recibir los servicios es de 323 días, aunque hay comunidades, como Catalunya, que superan el año.
Celeste López
Los problemas del servicio de atención a la dependencia siguen ahí, pese al aumento de los presupuestos por parte del Gobierno en los últimos tres años. Pero la situación era tan mala desde sus inicios (la ley, que cumple ahora 17 años, nació con un presupuesto mermado, fuertemente limitado en los años de la gran crisis), que reducir las listas de espera se convierte en una labor casi imposible: 310.429 personas se encuentran en este momento esperando ser atendidas (unas con derecho reconocido en espera de atención, otras a la espera de valoración). Más de 45.000 personas mueren al año en las listas de espera de la dependencia, lo que supone que 124 personas fallecen al día en esas listas, una cada 12 minutos.
Estos son algunos de los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con motivo del 17 aniversario de la aprobación de la Ley de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal. «Diecisiete años después, a pesar del avance que ha supuesto esta ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas comunidades hacen que su potencial siga sin desarrollar», señalan desde esta entidad.
Sánchez se ha comprometido a reducir los trámites a 30 días
Uno de los mayores problemas que tienen los que precisan los servicios a la dependencia es la demora en recibir la atención. La media de espera para recibirla es de 323 días, aunque hay comunidades, como Catalunya, Canarias, Andalucía, Murcia, que superan el año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en su discurso de investidura a reducir a 30 días el plazo para que se otorgue al dependiente la prestación que precise.
En este sentido, desde esta entidad se insta al Gobierno y a las comunidades a acometer las reformas necesarias para agilizar los trámites. «Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones», señalan.
En el 2012, el Gobierno recortó la financiación en más de 6.300 millones
Para ello se precisan recursos económicos, muy limitados hasta el 2021. 6.321 millones de euros es el recorte acumulado desde el 2012 por parte de la administración del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.
Más de 3.600 millones de euros es el incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque, que supone una nueva fase de recuperación del sistema de dependencia.
Pese a esta inyección, hay comunidades que han reducido su aportación. 98 millones de euros se redujo el pasado año la financiación a la dependencia en diez comunidades, «que hicieron caja» con el incremento presupuestario que realizó el Gobierno: Castilla La Mancha, Catalunya, Cantabria, Asturias, Valencia, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia, indica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
