29 Mar Mas de 2.000 vascos fallecieron en 2022 a la espera de la ayuda a la dependencia.
Euskadi y otras nueve comunidades «hicieron caja» con la ayuda estatal para financiar este plan según la asociación de Servicios Sociales.
José Domínguez
La gestión de las ayudas a la dependencia en Euskadi presenta importantes carencias, según se desprende del informe al respecto del año pasado elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Es la tercera comunidad con la mayor lista de espera, más de 14.429 personas, cifra que, además, se incrementó casi en un 6% a lo largo del ejercicio. El dato llama la atención por sí solo, pero resulta más preocupante cuando se comprueba que 2.126 de estos solicitantes fallecieron entre enero y noviembre de 2.022 mientras esperaban una respuesta a su solicitud (en el conjunto de España fueron 45.360). La mitad de ellos, además, ya con el derecho de grado de dependencia reconocido.
La cifra es elevada, y así lo confirma que el porcentaje vasco de esta lista de espera afecte al 17,5% de los solicitantes, casi seis puntos más que la media nacional. Solo lo superan La Rioja (18,9%) y Cataluña (27%). Por contra, en Castilla y León es prácticamente inexistente (0,18%).
Del lado positivo, el informe constata que, por lo menos, el País vasco es la segunda comunidad donde menos tiempo se tarda en tramitar la solicitud de dependencia. 136 días frente a los 344 de media en España y a un mundo de los 977 días que se llegan a esperar en Canarias.
Con todo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales remarca que Euskadi es una de las diez autonomías que «hicieron caja con el ingreso presupuestario que realizó la Administración general del Estado». Es decir, que estos fondos que deberían haberse destinado a mejorar el servicio, en realidad se utilizaron para sanear las propias arcas públicas. Las otras comunidades son Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja.
Estado de «paralización»
Una prueba de que en Euskadi la ayuda no ha se ha traducido en una ampliación del servicio está en que, al contrario, el año pasado la cifra de beneficiarios se redujo un 0,8%. Son apenas 535 personas menos que en 2021, pero resulta llamativo que la vasca sea la única comunidad que registra un descenso efectivo.
En opinión de los redactores del informe, estos datos confirman que «el País Vasco continúan sumergido en un desarrollo del sistema deficitario y parece haber decidido no entrar en el estado de ‘catarsis’ en el que han entrado otras comunidades después de la pandemia». De ahí que critiquen que «la paralización que supuso el covid para el sistema, y del que otras muchas comunidades han hecho esfuerzos pro salir, se ha quedado instalado en este territorio».
La asociación de Servicios Sociales, en cualquier caso, considera «palmario el fracaso de la Administración Central al asegurar el equilibrio territorial en el ejercicio» de este derecho. De hecho, el gasto público medio anual por persona potencialmente dependiente en España se situó en 2022 en 1.193 euros anuales,. Son 70 más que en 2021, pero lejos de los 1.506 que se destinan en el País Vasco, la tercera comunidad tras La Rioja (1.511) y Castilla La Mancha (1.523).
