16 Jul Manuel Rico: «En las residencias murieron miles de personas que no tenían que haber fallecido».
Manuel Rico es director de investigación de InfoLibre y autor de “¡Vergüenza! El escándalo de las residencias”.
Siscu Baiges
Se calcula que cerca de 30.000 personas han muerto por culpa de la Covid-19 en residencias de mayores. En las primeras semanas y meses de la pandemia, la mortalidad en esas residencias se disparó. Los ciudadanos se enteraban de la muerte de sus padres y madres en esos centros sin tan siquiera poder acompañarlos en sus últimas horas. En algunas comunidades autónomas se impartieron directrices para que los ancianos afectados por ese coronavirus no fuesen derivados a los hospitales. La vacunación ha puesto freno a ese infierno pero queda la sensación de descontrol absoluto y desacierto a todos los niveles a la hora de hacer frente a la emergencia. El periodista Manuel Rico, director de investigación de InfoLibre ha revisado esta tragedia en un libro –“¡Vergüenza! El escándalo de las residencias” (Planeta)- en el que no falta ni emoción en la descripción de los hechos ni documentación exhaustiva de quién y cómo gestiona este sector.
¿La palabra ‘vergüenza’ es la que mejor define la sensación que le ha dejado la tragedia de las residencias a raíz de la Covid-19?
Yo creo que sí. Cuando Planeta y yo hablamos por primera vez del título y salió este pensé en una historia periodística que intento aplicar siempre en temas complicados o de investigación y es que hay escribir pensando que se puede defender hasta la última coma ante un tribunal. ¿Puedo defender ante un tribunal que lo que describo en el libro es una vergüenza? Creo que sí. Claramente. Los tres bloques del libro. Es una vergüenza lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia, sin ninguna duda. Es una vergüenza parte de cómo se hace negocio con las residencias en España, la parte sobretodo relacionada básicamente con los fondos de inversión, y también lo que ha ocurrido con las cajas de ahorro y los pelotazos que se han dado ahí. Y tercero, la Administración ausente que describo en el tercer bloque, que es fundamental para explicar cómo está el sistema. Una Administración ausente tanto a la hora de legislar correctamente como a la hora de inspeccionar y de sancionar a quienes incumplen. La palabra ‘vergüenza’ es la que mejor resume esos tres bloques del libro.
¿Por qué hubo tantas muertes en las residencias por culpa de la pandemia? ¿Qué cifra es la más cercana a la real, según sus investigaciones?
Las cifras oficiales de la primera ola son de un poco más de 20.000. Más de 30.000 a día de hoy. Pero si se analizan los datos de exceso de mortalidad probablemente la primera ola se acercó a los 35.000 residentes muertos. La cifra oficial ya es escalofriante. Analizo hasta cinco grandes causas que influyeron en el resultado de la primera ola de la pandemia. Hay una causa objetiva y primera que es la existencia de un virus con un potencial mortífero muy grande y que afecta especialmente a personas mayores. No se puede obviar. Teniendo en cuenta eso, hubo cinco factores que influyeron en que la mortalidad en las residencias, sobre todo en Madrid, Catalunya y las dos Castillas, fuera una barbaridad.
Lo resumo mucho. Primero, elementos estructurales del sistema residencial, previos a la pandemia. Por ejemplo, la atención primaria que vive de espaldas a las residencias. Eso es algo que ocurre prácticamente en toda España y que las asociaciones de familiares llevan años denunciando y pidiendo que se cambie. Segunda causa, problemas que se detectan cuando surge la epidemia: la falta de EPI en las residencias, que era una responsabilidad de las empresas, o la falta de tests para ver quien estaba contagiado y quien no, que se puede considerar una responsabilidad de las administraciones. Un tercer elemento son las responsabilidades políticas, especialmente en Madrid y Catalunya. Se dictaron unas órdenes: el protocolo de exclusión de Madrid y en Catalunya un protocolo, mucho menos duro en los términos, que recomendaba no ingresar a mayores de 80 años en las UCI. La práctica de esos protocolos demuestra que la derivación de residentes enfermos a los hospitales fue prácticamente imposible, entre mediados de marzo y mediados de abril, tercera semana de abril. En Catalunya el dato es muy claro: fallecieron en marzo y abril 3891 mayores que vivían en residencias. 2797 murieron en el propio centro sin ser derivados a un hospital. Eso significa el 72%. En circunstancias normales esa cifra está por debajo del 20%. ¿Quién fallece en una residencia? Enfermos terminales que no tiene ningún sentido trasladar a un hospital y con el consentimiento de la familia. De ese 72%, en un 1% o un 2% marginal quizás la familia fue informada y lo aceptó. El resto, no. Por tanto, unas responsabilidades políticas, dictando unos protocolos y aplicando unas políticas que de hecho impidieron la derivación a los hospitales.
Cuarta gran causa: responsabilidades de determinadas empresas. Siempre insisto y agradezco mucho que se tenga en cuenta que no se puede generalizar. Estamos hablando de un sector donde hay más de 5.200 residencias. Catalunya es, con diferencia, la comunidad que tiene más: 976. Hay desde macrocentros de 300 o más personas a pequeñas residencias de 25 o 30 personas donde la directora conoce por su nombre y apellidos a todos los familiares de los residentes. No se puede generalizar pero sobre todo en los grandes grupos hay problemas empresariales. La falta de personal es uno. Ya era un problema grave antes de la pandemia pero cuando llega el virus se convierte en un drama absoluto. Se empieza a poner gente de baja. ¿Por qué existe esa falta de personal? Porque hay unas ratios desfasadas, aprobadas hacía 10, 15 o más años, cuando el perfil del residente era totalmente diferente, menos dependiente. Unas ratios que se cumplen a duras penas, muchas veces no se sustituyen las bajas, las vacaciones,… y que son inadecuadas ya en situación de normalidad. Cuando llegó el virus hubo residencias donde malamente tenían tiempo para dar de comer, cenar y desayunar a los ancianos. Olvídate ya de cambiarlos de postura y demás. Otro ejemplo de responsabilidad de las empresas: el caos organizativo. En el libro hablo con una trabajadora de la residencia Bertran i Oriola, una de las más afectadas en Cataluña, que explica que el caos organizativo que se produjo hizo que muchas de sus compañeras entrasen en pánico y se diesen de baja: “De aquí no salimos”. Ese caos hizo muchas veces que las sectorizaciones ordenadas por el gobierno se hicieran mal. Quinto gran factor: las residencias están diseñadas para contagiar no para frenar al virus.
Las residencias están diseñadas para contagiar no para frenar al virus.
¿Qué quiero decir con eso? El perfil del residente, cada vez más dependiente y con un deterioro cognitivo que hace imposible alimentarle o cambiarle el pañal desde un metro y medio de distancia. El tipo de instalaciones, con muchas zonas comunes, muchísimas habitaciones dobles. La precariedad laboral que obliga, en determinadas comunidades autónomas, a que las trabajadoras tengan a veces dos trabajos y, por lo tanto, tenían una movilidad obligada que les exigía ir de una residencia a otra y que cuando se contagiaban y eran asintomáticas llevaban el virus de un sitio a otro sin saberlo. Estos elementos los tenían que haber tenido en cuenta los responsables del sector. En Galicia, en la primera ola, se crearon rápidamente ‘centros Covid’ a los que se trasladaba a los mayores contagiados o con síntomas compatibles. En Catalunya se terminó haciendo pero más tarde, en abril. Eso hubiese sido una buena medida pero, en general, en el Estado se optó –es una forma de hablar, pero bastante real- por encerrarlos en las habitaciones cuando entraba el virus en un centro. Toda esa serie de elementos explica que la mortalidad ha sido muchísimo mayor. ¿Habría habido fallecidos? Sin ninguna duda. Probablemente cifras muy altas. ¿Se puede realmente afirmar que se hizo todo lo que se pudo, como se escucha a veces en discursos de la patronal o de los políticos y que si llega a funcionar todo correctamente habrían fallecido las mismas personas? Afirmar eso es una sirvengonzonería intelectual. Hay que tener muy poca dignidad para hacerlo.
Afirmar que se hizo todo lo que se pudo, como se escucha a veces en discursos de la patronal o de los políticos es una ‘sirvengonzonería’ intelectual
El gobierno español dijo que había que salir juntos de esta crisis, pero, en el sector de las residencias, como en otros, su gestión, el número de contagios y la mortalidad se convirtieron en un arma política arrojadiza. ¿Vergüenza, también?
Totalmente. Las palabras del presidente del Gobierno diciendo que ‘saldremos mejores’ de esta crisis es lo que los británicos llaman el wishful thinking. Podía ser un deseo pero desde el primer momento se utilizó el covid y lo ocurrido en las residencias como arma arrojadiza. La campaña más evidente es la del PP de intentar culpar a Pablo Iglesias y decir que era su responsabilidad. En España las competencias no se cambian por una rueda de prensa. Se cambian a través del Congreso de los Diputados y del BOE y en el BOE no hay ningún documento que diga que las competencias pasaron a ser responsabilidad del gobierno central. El PP ha machacado con esa mentira permanentemente. ¿Eso significa que el gobierno central no tiene responsabilidades? En absoluto. Tiene una y muy grande y evidente que es que no le dio a las residencias la misma relevancia, el mismo papel que a los hospitales. Tenía que haberlo hecho. Tenía que haberlas considerado igual de prioritarias para todas las decisiones. Esa responsabilidad por omisión es del gobierno central. Las responsabilidades por activa son de las comunidades autónomas. El protocolo que impedía trasladar a los residentes en Madrid si tenían una dependencia o un deterioro cognitivo alto lo firmaron los altos cargos de la Comunidad. Si lo firmaron es porque tenían las competencias, obviamente. La decisión del gobierno de Madrid de no utilizar ninguna de las tres alternativas que tenía para atender a los mayores es suya. Y a día de hoy la señora Ayuso sigue sin encontrar un minuto para explicar porqué no utilizó esas tres alternativas. Tampoco ha encontrado un minuto para recibir a las asociaciones de familiares y explicarles como fue la actuación del gobierno de Madrid con las residencias. Y la primera decisión que se ha conocido del nuevo gobierno de la señora Ayuso, apoyado por la señora Monasterio, es no darle continuidad a la comisión que investigaba los fallecidos por covid en las residencias de Madrid. Estamos hablando de más de 6.000 fallecidos. Y en Catalunya, la responsabilidad de que el 72% de los mayores fallecidos en marzo y abril lo hicieran en sus propios centros sin ser trasladados era del gobierno de Torra.
Escuché hace un par de meses unas declaraciones del señor Torra diciendo que no había destituido al consejero directamente responsable para no provocar tensiones en el gobierno. Hubo un cambio de competencias en abril y pasó a Sanidad. Todas las personas con las que he hablado me dijeron que ese traspaso fue vital y que las cosas habían funcionado mucho mejor. Torra, como presidente, tenía que cuidar a sus ciudadanos. Aquí estamos hablando de salvar vidas. Esto es completamente inaceptable. ¡Cómo que no quiere provocar una crisis de gobierno! Usted tendrá que tomar las decisiones que salven vidas, tanto si provoca una crisis de gobierno como si provoca la caída de su gobierno. Se ha utilizado la pandemia como un elemento político más de desgaste. Es tremendo. No estamos hablando de la política impositiva. Estamos hablando de la vida de personas y la mayor parte de las veces de personas que no podían ni defenderse, que muchas veces ni podían explicar lo que les pasaba. Lo que ocurrió es que murieron miles de personas que no tenían que haber fallecido. Hay responsables políticos de eso. Probablemente hay responsables penales. Otros que no fallecieron estuvieron semanas encerrados en los centros, como se recoge en los informes detalladísimos de Médicos sin Fronteras y de Amnistía Internacional. Muchos de los que no fallecieron y estuvieron encerrados cuando empezó a haber traslados y llegaban a los hospitales lo hacían llagados, desnutridos, deshidratados. Se produjo una violación masiva de derechos humanos de personas indefensas. Esto es inaceptable en el último Estado en derechos del mundo pero en uno que presume de ser un Estado social y de derecho y de pertenecer al Primer Mundo una vergüenza no, creo que nos hemos quedado cortos en el título.
En las residencias se produjo una violación masiva de derechos humanos de personas indefensas
¿La tragedia de las residencias ha tenido repercusiones electorales? La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la comunidad autónoma de Madrid parece indicar que el electorado se ha derechizado. En las elecciones catalanas, los independentistas que gobernaron durante la pandemia renovaron su mayoría.
Esa es una pregunta para un sociólogo electoral. No me gusta opinar de lo que claramente no sé. Puedo tener una intuición pero prefiero opinar sobre hechos. Puedo tener la opinión de un ciudadano normal. A la hora de ir a las urnas influyen mil motivos, le damos prioridad a unas cosas hoy y a otras dentro de dos meses. Lo que puedo defender son los hechos. El protocolo de no derivación hospitalaria, que yo llamo protocolo de la vergüenza, lo aprobó el gobierno de Madrid y Ayuso mintió diciendo que era un borrador. Ese protocolo se aplicó de forma que en los veinte días siguientes a su aprobación, el 18 de marzo, el 84% de los fallecidos murieron en la residencia sin recibir atención médica y sin ser trasladados a un hospital. Estamos hablando de más de 5.000 personas. Ayuso no medicalizó las residencias, incumpliendo resoluciones expresas del TSJ de Madrid. Vendió la existencia de un hospital-milagro donde no moría la gente y trasladaron, en las seis semanas en que estuvo abierto, a 23 mayores con síntomas leves y ni uno más, en un período en el que murieron 5.000 mayores. Probablemente no hay otro ejemplo en la historia de la humanidad en que se cree un hospital porque hay una emergencia humanitaria y no se traslade a ese hospital a quienes se estén muriendo. Esto son hechos. Sobre sociología electoral no puedo opinar.
¿Ha detectado diferencias entre el impacto de la pandemia en las residencias públicas y en las privadas?
Hice dos análisis, entre públicas y privadas y el de pertenencia a un gran grupo. Tengo los datos de 11 de las 17 comunidades autónomas, que son las que me las facilitaron a través de Transparencia. Son los que tenía cuando el libro fue a imprenta. Ahora tengo de dos más, las de Navarra y Euskadi. En las otras cuatro, en tres casos estoy peleándome en los tribunales para obtener los datos y en el cuarto, que va todavía más retrasado, estoy pendiente de la resolución de Transparencia. Tiene pinta de que acabaré también en los tribunales.
Los datos de las 11 comunidades incluyen los de Catalunya, Madrid y Castilla La Mancha que son estadísticamente muy altos, porque incluyen más del 70% de los fallecidos. Si se coge el conjunto de España, la mortalidad fue ligeramente mayor en los centros privados. Fue mayor en ocho comunidades en los privados y en tres, entre ellas Catalunya, en los públicos. Obviamente, la comparación siempre es entre el número de plazas gestionadas y el de fallecidos. Hubo diferencias pero no demasiado significativas estadísticamente. Son mucho más significativas si se analiza la pertenencia de las residencias a un gran grupo. Yo defino gran grupo como el que gestiona 800 o más plazas. Hay ocho gigantes del sector que gestionan más de 4.500 plazas y hay 30 grupos que gestionan 800 o más. El impacto, la mortalidad fue mucho mayor en las residencias gestionadas por esos grandes grupos.
La mortalidad fue mucho mayor en las residencias gestionadas por grandes grupos empresariales
El dato de Catalunya es que esas empresas gestionan el 20,36% de las plazas y en ellas se produjeron el 24,88% de los fallecimientos, una diferencia del 4,52%. Cuando hablas con los directores de los grandes grupos suelen decir que eso se debe a que tienen residencias mucho más grandes y que al entrar el virus era más fácil que se extendiese y la mortalidad fuese mayor. La siguiente pregunta es por qué tienen residencias tan grandes y por qué en muchas de ellas la mayoría de las plazas están en habitaciones dobles. La razón es económica, básicamente. Insisto que todo es en términos proporcionales. Lógicamente en una residencia más grande se producen más fallecimientos. Siempre habrá más de cualquier cosa en Catalunya o Andalucía que en La Rioja. Ese factor es interesante a la hora de sacar conclusiones y tomar decisiones. En Navarra se ha aprobado un decreto foral y en Cantabria creo que es una orden que limitan el número máximo de plazas en las residencias. En Navarra se ha establecido en 130, con la obligación de que el 80% sean habitaciones individuales como mínimo y en Cantabria, en 120. Es el camino que hay que seguir. Se queda muy corto porque solo es para residencias nuevas. Sería necesario establecer esos números para todo tipo de residencias, determinando un período de carencia de cinco, siete, diez años, los que se considere, para que las actuales se puedan adaptar y dando ayudas públicas para conseguir ese 80% de las habitaciones individuales. Es importante porque por lo menos marcan el camino a seguir, ir hacia centros más pequeños, con unidades de convivencia de no más de 20 o 25 personas. Es una lección que se puede sacar sin ninguna duda de lo ocurrido en la pandemia. Hay dos informes autonómicos amplios de Navarra y Castilla León analizando como fue la mortalidad y coinciden en que el tamaño del centro fue importante. En Castilla León consideran que son centros grandes los que tienen 100 o más plazas. Ahí tienen el 45% de los residentes y hubo el 60% de los contagiados. Son unas diferencias muy significativas. Esa es una conclusión nítida y clara que se puede sacar de la pandemia. Lo que han hecho el gobierno foral o el cántabro se puede hacer mañana en Catalunya, Madrid y en el resto de comunidades autónomas y cada día que dejen sin hacerlo es una pena porque son días que se desperdician para mejorar el sistema residencial.
Que el negocio sea el objetivo de las empresas que gestionan la mayoría de las residencias españolas ¿hace que ese beneficio pase por delante de la calidad de vida y la atención sanitaria de los mayores?
En muchos casos, sí. En otros, no. Ojo con generalizar. Está claro que hay determinados grupos, sobre todo los tres que están en manos de fondos prívate equity, que por las características de la inversión que hacen anteponen el lucro a cualquier otra cuestión. Eso no es opinable. Uno cuando entra en la web de los fondos que controlan Domus VI o Vitalia Home allí no se habla de las ratios de personal de las residencias. Allí hablan de las ratios de rentabilidad, de los dividendos, de las veces que multiplican la inversión de la gente que ha puesto dinero con las ventas. Estas ratios las ve uno en lo que ellos llaman ‘casos de éxito’ sea una residencia, un supermercado, una cadena de comida rápida o una tienda de ropa. No engañan a nadie. Es lo que hacen. Se dedican a comprar empresas no cotizadas en bolsa, a venderlas en un plazo máximo de cinco años y antes si encuentran la forma de dar el mayor pelotazo posible. Lo hacen con unas operaciones de endeudamiento brutales. El endeudamiento y el apalancamiento es tan importante que un tipo de las operaciones que hacen lleva directamente el nombre de ‘apalancamiento’. Son operaciones de deuda muy grandes que exigen entrar en sectores que generen mucho efectivo –las residencias son un ejemplo perfecto de ello- para ir liquidando la deuda en el menor tiempo posible y la mejor forma de hacerlo es obteniendo los máximos beneficios en el día a día. Eso en una residencia significa recortar o ahorrar en personal, recortar en elementos como la alimentación o el mantenimiento del centro y, por tanto, recortar en la calidad de vida del mayor que vive en la residencia. Eso es indiscutible. No es la opinión de una ideología X o Y. Si alguien tiene alguna duda puede entrar en las páginas de esos fondos o en sus cuentas que casi siempre están en Luxemburgo. Luego hay otras en Jersey, que es donde está la matriz. Esas no se pueden ver pero las de Luxemburgo sí y se ven las operaciones de endeudamiento que hacen y como terminan trasladando a Jersey el dinero que obtienen en las residencias de España, Portugal o donde sea. Esta es su política de inversión y la aplican a todos los sectores donde entran.
Es evidente que si tú antepones el lucro a cualquier otra cuestión y llega un virus como este eso tiene unas consecuencias. Si en vez de tener unas ratios tan mínimas tuviesen mucho más personal ganarían un poco menos de dinero pero habrían podido soportar mucho mejor la pandemia, por poner uno de los múltiples ejemplos. Ahora bien, creo mucho en la Administración y como sociedad hemos de responsabilizar a los políticos y a las administraciones porque en su mano está cambiar las normas. Tú puedes poner que el lucro en el sector de las residencias, o en el sector social en general, sea del 8%, como en algún país nórdico. Parece un lucro razonable y no el 30% o el 40% con que nos encontramos a veces. Como Administración tienes la responsabilidad de subir las ratios.
Les debemos a las víctimas y a sus familiares que una comisión independiente investigue lo que ha pasado
Si las doblas, a esos fondos les sería menos atractivo este negocio porque no iban a poder sacar tanto dinero. Y tienes la responsabilidad de hacer inspecciones a fondo y luego sancionar seriamente. Si hicieses eso como Administración sería otro factor que haría que a esos fondos no les interesase invertir en este sector. Sin entrar en el debate previo de si se puede hacer negocio con los mayores y las residencias. La realidad que en este momento tenemos es que el 88,5%-89% de las residencias son de gestión privada. En Catalunya son el 94,5% y el 92,5% de las plazas. No se puede nacionalizar. Hay que hacer lo posible para que el sector público vaya ganando terreno. El desequilibrio es brutal. Como que no se va a conseguir de un día para otro, de un año para otro, de un lustro para otro, hay que tomar medidas para ya, para mañana. Y esas medidas pasan por una normativa seria, con ratios y datos de transparencia serias, unas inspecciones serias y unas sanciones serias para los que incumplan, que serán pocos porque por fortuna, como en todos los sectores, la mayoría de la gente lo hace bien. Pero a los que incumplan hay que ponerles una sanción que no les queden ganas de volver a incumplir porque su incumplimiento afecta a la dignidad de una persona que, la mayor parte de las veces, no se puede defender. Hay que darles un palo económico que se queden temblando. Del 2014 al 2019 se impusieron diez sanciones de más de 100.000 euros. Ni una a residencias de los grandes grupos. En el año 2020 la Comunidad Valenciana impuso una sanción, que aun no es firme, a DomusVI, de 174.000 euros. Sería la primera de esta magnitud a un gran grupo. Esto es responsabilidad de la Administración y es una parte fundamental del porqué el sistema está como está. La Administración no cumple, no es exigente y no establece unas normas serias para garantizar que los mayores estén bien cuidados.
No parece que las denuncias de las asociaciones y particulares que piden explicaciones y justicia por la muerte de esos mayores sean aceptadas por los tribunales de justicia. ¿No habrá responsables físicos de esas muertes?
¿Qué se puede decir a día de hoy y qué es una previsión de un periodista? Me siento menos cómodo al hacer previsiones y hay que hacerme menos caso porque no soy futurólogo. Se puede decir que la Fiscalía está teniendo en general, aunque en las últimas semanas se está notando un pequeño cambio, una actitud bastante vergonzosa pidiendo el archivo de querellas sin investigar seriamente. Esto ha ocurrido en Catalunya con una denuncia superdetallada con múltiples pruebas que puso la Coordinadora 5+1 y que la Fiscalía pidió que se archivase. Me parece inaceptable. La Fiscalía si ve indicios de delito tiene que investigar. Esa es su función. Su función no es ser abogado defensor. Lógicamente, si tras investigar en profundidad no encuentra razones para pedir procesamiento debe pedir el archivo, pero sin hacer y pedir pruebas, sin investigar en profundidad un tema como éste es inaceptable. Y esa ha sido la actitud de la Fiscalía. También en Madrid en determinadas resoluciones. En las últimas semanas, en Madrid vamos ya por seis denuncias de residencias concretas que la Fiscalía envía a los tribunales. Pero, por ejemplo, no ha actuado de oficio por el tema del protocolo o porque el gobierno autonómico no haya utilizado las alternativas que tenía para ayudar y tratar a los mayores. Un tema en el que están los documentos, el protocolo, los datos, todo publicado y que la Fiscalía no actúe de oficio es una indignidad, una vergüenza, y añade dolor al dolor de los familiares por la pérdida de un ser querido y es incomprensible para un ciudadano normal. La mayor parte de las denuncias están en Madrid y Barcelona. También las hay en otros lugares. ¿Qué va a ocurrir? La justicia en España es muy garantista y es bueno que así sea. Estamos en la fase inicial de los procedimientos. Sí que se puede decir que ha existido esa actitud de la Fiscalía y que hay muchos tribunales que están archivando causas de forma incomprensible.
Hay que evitar que el dinero público de las residencias acabe en paraísos fiscales en manos de gente que desconocemos
El último capítulo se titula “Qué hacer ante el escándalo de las residencias”. Enumera 33 propuestas. ¿Es posible resumirlas de algún modo?
Los capítulos anteriores son periodísticos, objetivos y los someto al análisis de cualquier persona que quiera contrastar las informaciones que expongo. El último capítulo es más personal, más subjetivo y algunas de las 33 propuestas que hago alguien puede no estar de acuerdo con ellas. Hay elementos estructurales que hay que tocar. Es fundamental que la atención primaria no siga de espaldas a las residencias, que el sistema social y el sanitario estén coordinados. Están las cuestiones relacionadas con las trabajadoras – es un sector feminizado en un 90% en figuras como las gerocultoras- con el aumento de su sueldo, para terminar con la precariedad. También está una petición clásica de las patronales en la que tienen razón, que es incrementar lo que se paga por las plazas concertadas, porque además ayudaría a subirle el sueldo a las trabajadoras. En Guipúzcoa y Vizcaya que tienen el pago más alto por día y plaza concertada es donde, con diferencia, las trabajadoras tienen mejores sueldos. Habría que actuar también en la formación de las trabajadoras. Transparencia en todo el sistema, las inspecciones, las sanciones. El eje es que cualquier ciudadano que quiere ir a una residencia o que tiene que llevar a un familiar a una residencia pueda a golpe de consulta de página web ver como son las de la localidad que le interesa, con el análisis más detallado posible. Hay que adoptar medidas con los grupos que operan desde paraísos fiscales. Lo hacen para reducir al máximo la factura fiscal y son los que se aprovechan más del dinero público que termina en residencias privadas. En 2019 fueron 2.000 millones de euros. En Catalunya, la Generalitat es titular de 63 residencias, de las cuales 43 son de gestión indirecta; es decir, están privatizadas. El coste anual para la Generalitat de esas 43 residencias son 55,2 millones, con los datos de las últimas adjudicaciones. Hay que evitar que ese dinero público acabe en paraísos fiscales en manos de gente que desconocemos cuando la matriz de grandes grupos de residencias está en Jersey. Y luego está la Administración. Puede hacer dos cosas. Una, prestar el servicio. No lo hace. El 89% de las residencias son de gestión privada. Pero hay una segunda actuación a la que no puede renunciar y es garantizar que el servicio que ofrecen las empresas privadas es correcto. El tema de la Administración ausente se puede resumir en cambios normativos, más inspecciones y sanciones serias. Y respecto a lo que ha ocurrido: verdad, justicia y reparación. Hay que investigar lo ocurrido y actuar judicialmente cuando corresponda. Aquí hay una responsabilidad del gobierno central. Amnistía Internacional le pidió una comisión independiente que analizase lo que ocurrió en las residencias. Era necesario cuando lo pidió Amnistía Internacional. El gobierno no lo ha hecho pero está a tiempo. Siempre es tiempo para conocer la verdad y que se repare lo ocurrido. Y a la vista de lo que ha pasado en Madrid, con más razón hace falta una comisión independiente que investigue lo que ha pasado. Se lo debemos a las víctimas y a sus familiares.
Tener un sistema residencial débil fue uno de los elementos que contribuyó a la catástrofe, y lo seguimos teniendo
Eso que hemos vivido en las residencias, eso que ha descrito en su libro ¿no volverá a pasar nunca más?
Si mañana viniese un virus similar haríamos mejor algunas cuestiones. Quiero creer que, pese a la inhumanidad demostrada por algunos políticos, no se volverían a aprobar esos protocolos. Habría más tests, más EPIs, probablemente los gobiernos sabrían dar a las residencias la importancia que tienen. Todo lo que fueron elementos más puntuales probablemente se enfrentarían mejor pero todos los elementos estructurales siguen ahí. Los mayores siguen viviendo en habitaciones dobles, las ratios de personal siguen siendo las mismas. Todo lo estructural no se ha cambiado. Es difícil cambiarlo en un año pero no se ha arrancado hacia ese cambio, salvo en alguna comunidad. El hecho de que hubiese un sistema residencial débil fue uno de los elementos que contribuyó a la catástrofe. Ese sistema residencial débil lo seguimos teniendo y no tenemos un sistema residencial fuerte que resistiría sin ninguna duda de forma más sólida un virus o una crisis sanitaria como la que hemos vivido.
