22 Feb Los Servicios Sociales en España siguen sin estar a la altura de las necesidades de los mayores.
Expertos critican que el modelo actual no puede hacer frente al reto del envejecimiento.
Pablo Recio
Los principales servicios sociales para personas mayores de España –residencias, viviendas tuteladas, centros de día y de mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio– siguen sin llegar a todos los potenciales usuarios y sin estar a la altura de las necesidades de las personas de más de 65 años. Es a la conclusión a la que llegan varios expertos y dirigentes de organizaciones de familiares o de mayores consultados por 65YMÁS al analizar el informe Servicios Sociales Dirigidos a las Personas Mayores en España en 2021, publicado en diciembre de 2022 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
En dicho documento, el Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, da información sobre el perfil del usuario de Servicios Sociales en España –edad, sexo, comunidad autónoma…– en 2021, sobre la titularidad –pública o privada– de estos, su precio y sobre otros datos de interés.
Ahora bien, es posible que algunos de estos datos no se correspondan exactamente con los actuales, puesto que el Gobierno puso en marcha en 2021 un Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia 2021-2023, pactado con sindicatos y patronal, para tratar de reducir las listas de espera y para dotar de más recursos –600 millones al año– a los Servicios Sociales que gestionan las comunidades autónomas.
Además, en junio de 2022, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades acordaron por mayoría cambiar el modelo de la Dependencia y centrarlo más en las personas, dándose de margen hasta finales de 2029, para lograr que todas las residencias se dividan en unidades de convivencia; haya más personal, mejor formado y menos precario; se fomente la participación de los usuarios y se aumente el número de horas que presta la Ayuda a Domicilio; entre otros cambios.
Sin embargo, a ojos de sindicatos y agrupaciones de usuarios y familiares consultados por este diario, estas reformas y estos fondos podrían no ser suficientes para afrontar los retos del presente ni tampoco para los que vendrán en el futuro, por el envejecimiento progresivo de la población.
Y es que los índices de cobertura de servicios para personas dependientes estaban aún, al final de 2021, en cifras muy bajas, a su parecer, yendo del 9% en teleasistencia a sólo el 1% para los centros de día –100.000 plazas–.
El crecimiento de residencias y de centros de día, estancado
Además, el crecimiento de ciertos servicios se ha estancado, como las residencias de mayores. Según los datos aportados por el Imserso, el 4,2% de las personas de más de 65 años vivían en centros de este tipo. Concretamente, en toda España, en 2021, había 397.743 plazas, de las cuales el 61,5% eran de financiación pública –gestionadas por empresas (concertadas) o por la administración– y acogían sobre todo a mujeres –el 76%– de más de 80 años.
“En los centros residenciales estábamos en el mismo índice de cobertura que en 2020″, denuncia el presidente de la plataforma de familiares de usuarios de residencias Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez.
“La situación ideal es que hubiese un 5%», entiende. “Pedimos que elaboren planes de residencias públicas para arreglar el desequilibrio a favor del sector privado”, propone.
«Nos preocupa algo que evidencian las estadísticas, más allá de medias nacionales: continúan existiendo grandes diferencias territoriales e inequidad en los servicios sociales a los que pueden acceder los ciudadanos en función del territorio. En el caso de algunas CCAA, son enormes. Tomando como ejemplo las plazas en centros residenciales podemos ver como en Castilla y León hay un índice de cobertura de 7,81, en Castilla La-Mancha de 6,80 o en Extremadura de 6,71, mientras que en Canarias sólo es del 2,66 o en Valencia del 2,69. Si analizamos los modelos de gestión de esas mismas residencias podemos ver cómo mientras hay Comunidades donde prima la iniciativa pública, como Extremadura –la única Comunidad donde hay más residencias de titularidad pública que privada–, otras optan mayoritariamente por la iniciativa privada, como es el caso de Madrid donde hay 6,69 residencias privadas por cada pública, o de Cataluña donde hay 5,6 residencias privadas por cada pública, con el agravante en el caso de Madrid de que la mayoría de las plazas privadas ni siquiera son concertadas», comentan desde CCOO.
«Con la información que se presenta, intuimos que hay muchas tareas pendientes para acercarnos a los planteamientos de la Convención de personas con discapacidad de la ONU (Art. 19, 2007) y a los objetivos que plantee la Estrategia de Desinstitucionalización que se está elaborando: asuntos como tamaño del centro, transformación a unidades de convivencia, ratios de personal, formación y lucha contra su precarización y feminización, vida cotidiana, diseño ambiental, sujeciones y otros, nos sitúan lejos de esa deseada normalización de la vida cotidiana de las personas que habitan estos centros», opina la gerontóloga Mayte Sancho.
«Y sobre los centros de día. ¿Qué se puede decir? Sólo hay disponibles 100.000 plazas, para un colectivo de más de nueve millones de personas, con una tasa de cobertura del 1%. Falta dotación. No únicamente sirven para acoger personas, también prestan atención psico-social, rehabilitadora, así como higiénica y médica, etc. Si hubiera más podrían compensar en parte la insuficiencia de residencias para mayores que son igualmente insuficientes», comenta.
Una opinión, que comparte el director de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), Vicente Pérez, quien entiende que esta modalidad debe desarollarse más para garantizar que los mayores puedan envejecer en su casa. “Es un apoyo importante para que la persona mayor permanezca en su domicilio”, afirma. «Creemos que está todo desequilibrado», afirma.
Desde el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, su director, Luis Barriga, reconoce que si bien en los últimos años han aumentado sobre todo los índices de cobertura en servicios centrados en el hogar, también se ha financiado la reconversión de las residencias de mayores para que se transformen en edificios más hogareños –nuevo modelo de cuidados–. Con todo, avisa, la política debe ir orientada hacia la «desinstitucionalización» de las personas dependientes, para que puedan envejecer en sus domicilios.
Y es que, puntualiza, desde la Unión Europea no se va a financiar un modelo que no vaya orientado a este fin. «Con los Fondos de Recuperación hicimos una primera inversión de 700 millones de euros que se trasladó a las CCAA para la transformación del modelo de cuidados en los centros residenciales –obras para que no sean ‘minihospitales’, sino hogares–. Ahora bien, la Comisión Europea nos citó a varias reuniones y tuvimos que justificarles por qué invertimos en residencias, cuando de lo que estábamos hablando era de desinstitucionalización. Nosotros les tuvimos que decir: hay 400.000 personas en estos centros y no podemos abandonarlos a su suerte, sabemos que la apuesta a futuro son los servicios de proximidad, pero también hay de renovar los centros, no cerrándolos, sino haciendo que sean entornos vivibles. Costó mucho que la Comisión Europea aceptase. Y, al final, acabaron diciendo que, por esta vez, valía, pero que nos olvidásemos de más dinero para este fin, en los próximos fondos. Es más, hay estados miembros que llegan a ser tan radicales en esta cuestión que defienden que no se dé ni un euro público para la atención en centros de atención residencial. Nosotros somos bastante más moderados en este tema. Pero es un cambio inevitable», explica.
La Ayuda a Domicilio no llega a todos
Con todo, pese a los nuevos fondos aportados por el Gobierno, en opinión de los expertos, los índices de cobertura de la Ayuda a Domicilio tampoco son suficientes aún.
Según los datos del Imserso, el índice de cobertura es del 5,34, la media de horas prestadas al mes se sitúa en las 19,70 –sumando cuidados y tareas– y el precio público de este servicio 308,4 euros –o 15 euros la hora–, financiado en su mayoría por las administraciones. Aun así, cabe señalar que el índice ha aumentado del 4,93 al 5,34 desde 2019.
«Solo da cobertura al 5% de la población mayor. Es manifiestamente insuficiente, dada la gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y /o exclusión social. En mi opinión, la causa es la incapacidad presupuestaria para dar cobertura a mayor población. Las administraciones deberían hacer un esfuerzo para conseguirlo. Este es un servicio de ayuda que funciona razonablemente bien, aunque la prestación se reduce a muy pocas horas y un par de días a la semana, pero debería ser suficiente para una población que no demanda mucha más atención por este concepto», valora a este diario el experto en el sector de la Dependencia y economista, Julián Salcedo.
«Creo que sería conveniente revisar objetivos y prestaciones en el marco de modelos de atención basados en derechos y preferencias de las personas. En este sentido, pienso que la Ayuda a Domicilio ha de ser fortalecida en recursos y reorientada para cumplir el objetivo que pretende», propone la gerontóloga Pura Díaz-Veiga.
«Las mayores actuaciones se deben dar en el entorno familiar de las personas dependientes, esto es, en su hogar. Para ello se deben mejorar las condiciones de las personas –generalmente mujeres– que trabajan en el Servicio de Atención Domiciliaria. Se deben aumentar sustancialmente el número de días y horas dedicadas a la atención domiciliaria de las personas asistidas», propone el secretario general de Pensionistas CCOO (@pensCCOO), Juan Sepúlveda.
Además, opina el presidente de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (@Fatec), Josep Carné, dotar de más medios a la ayuda a domicilio serviría para reducir la lista de espera. «De los temas que más nos preocupan son las personas que, con derecho a prestación, están a la espera de su confirmación –lo que nosotros decimos que están en el Limbo–. Estamos convencidos de que hay que potenciar de forma seria la atención domiciliaria, que seguramente ayudaría a reducir costos y potenciaría la salud de las personas atendidas», indica.
Ahora bien, matiza el presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez, además de dotar de más medios a este servicio, se debe pensar en diseñar el entorno para que este servicio pueda darse en las mejores condiciones. «El Gobierno de la Nación tiene muy claro que quiere retrasar al máximo posible la institucionalización. El asunto es que tiene que tener en cuenta que, según un informe de FOESA, hay decenas de miles de viviendas que no tienen condiciones de habitabilidad. Allí no sé cómo van a hacer para potenciarla”, apostilla.
Por su parte, el director del Imserso asegura que el sector está en crecimiento desde 2019 y que cada vez se está desarrollando más para hacer frente a una demanda creciente y se tiende a trabajar en un enfoque más comunitario e integral. «La Ayuda a Domicilio se gestiona proporcionando horas sueltas en las casas, pero sin Equipos de Atención de Zona –grupos multidisciplinares–. Esto acaba generando problemas de precarización del empleo y también fomenta que el tiempo ofrecido acabe no dando respuesta a lo que las familias necesitan. Hace falta una revisión del modelo de gestión. La Ayuda a Domicilio sirve para que las personas permanezcan en el domicilio, pero también, para que sean activos. Por eso, tiene que crecer y cambiar. Es hacia dónde debemos ir y lo que propone el Plan de Desinstitucionalización», indica.
Eso sí, reconoce, se debe conseguir también que el sector sea atractivo para los trabajadores, puesto que cada vez se van a necesitar más y, actualmente, no los hay. «Como decía el presidente de los Estados Unidos: Pay them more (Pagádles más). Si pretendemos que el sector sea atractivo, con la precarización que existe y el sobreesfuerzo que se le exige al personal, vamos ‘dados’. O se prestigia la profesión, se mejoran las condiciones laborales y se les va cualificando más, o estamos perdidos. Desgraciadamente, ya somos un sector de paso. Muchas personas no quieren permanecer en él, aunque sea vocacional. Es un desafío de primer orden. Tan es así que en la Cumbre de Davos ha sido uno de los temas estrella –España necesitará 920.000 nuevos empleos sanitarios y sociosanitarios–. Es un problema europeo y español. Uno de los objetivos del Plan de Choque era la reducción de las listas de espera, pero el segundo, era la mejora de las condiciones laborales, porque si el sector no es atractivo, se irá devaluando y eso va en detrimento de la atención a las personas», señala.
«Es uno de los desafíos más importantes. No es de un año para otro, pero sí es uno de los más urgentes, porque no hay personal. Hay que planificar de dónde lo vamos a sacar, cómo lo vamos a formar y de qué manera mejoramos sus condiciones laborales para que tengan trabajos dignos que además aplauda la sociedad», indica.
Teleasistencia, un servicio en auge
En cuanto al servicio de teleasistencia, «es el que cuenta con un número más elevado de personas usuarias. A 31 de diciembre de 2021, este servicio atiende a 934.274 personas, es decir, un 9,86% de las personas mayores. Se trata de un servicio altamente feminizado, el 74,4% son mujeres, y cuenta con un elevado porcentaje de personas usuarias de 80 y más años (70%)», explican en el informe del Imserso.
«Este caso es de máximo interés, ya que es un recurso de bajo coste con utilidades amplias, sobre todo por su faceta protectora que proporciona seguridad a sus usuarios. Sin embargo, toca ya avanzar en los desarrollos de la teleasistencia que tienen evidencia amplia sobre su eficacia: teleasistencia móvil –importante por su papel preventivo especialmente ante caídas–, teleasistencia avanzada y un uso compartido más fluido con el sistema sanitario», indica la gerontóloga Mayte Sancho.
«Se observa un incremento sólido en los servicios. Creo que por fin nos situamos en índices de cobertura bastante similares a los de otros países de Europa. Siempre a distancia del norte de Europa, claro», afirma. «En general, todos los servicios que se desarrollan en ámbitos comunitarios y ayudan a que las personas permanezcan donde desean, aunque han crecido bastante, necesitan una reformulación en la línea de creación de ecosistemas locales de cuidados que integran todas las atenciones, desde los no remunerados hasta la atención sanitaria social, con algún perfil profesional de carácter coordinador: gestora del caso, sobre todo», propone.
«La teleasistencia ha de ampliar sus prestaciones y coordinarse con otros servicios para adecuarse a las necesidades diversas de sus usuarios, entre los que podría incorporar cuidadores tanto familiares como remunerados», añade la gerontóloga Pura Díaz-Veiga.
Con todo, para Julián Salcedo, la cobertura podría ser mayor y es muy desigual entre CCAA. «Siendo, como es, un servicio de gran utilidad para las personas que viven solas y/o tienen dificultades de movilidad, lo primero que llama la atención es que es un servicio utilizado por algo menos del 10% de los mayores, y solo en seis CCAA, supera el 15%. ¿Por qué no es así en las 11 restantes? Algo falla sin duda, y lo más probable es que no resulte atendido convenientemente este servicio, esencial para ese colectivo», indica.
Por su parte, el director del Imserso, Luis Barriga, justifica: «La teleasistencia es una herramienta fundamental. Si queremos que las personas permanezcan en sus domicilios y reciban los apoyos allí es importantísima la conexión con sistemas que atiendan, cuando haya problemas, y que puedan predecir y planificar. El número de teleasistencias se va a incrementar. Ya lo vemos en datos de 2022. Otro de los objetivos del Plan de Choque era convertirla en un derecho subjetivo, por el mero hecho de ser dependiente».
Más allá de los centros de mayores
Finalmente, los centros de mayores son el servicio que más número de afiliados tiene entre el colectivo. «Según la información disponible, los 3.770 que hay en España cuentan con 3.836.386 personas asociadas, es decir, el 40,48% de los mayores. Es el servicio con una menor feminización: el 57,6% de sus socios son mujeres», indican en el documento.
Aun así, si bien las cifras de cobertura son elevadas, matizan los expertos, en este caso, el problema reside en la oferta que se da, que no se adapta del todo o no siempre al perfil del mayor que está por llegar.
De esta manera, para el director de Confemac, Vicente Pérez, aunque los centros de participación activa suelen funcionar bien, se promueve sobre todo el envejecimiento de «consumidor», donde el usuarios es «receptor». “También hay un envejecimiento activo de personas que quieren seguir aportando y ese debería fomentarse desde los centros de participación», señala.
«La mejor prueba de que funcionan es que su tasa de cobertura alcanza a más del 40% de la población objetivo. Constituyen un lugar de encuentro que les ayuda a combatir la soledad. Aunque por lo general carecen de servicios atractivos, sirven para eso, para combatir la soledad, encontrar compañía y, como no, para pasar un buen número de horas a resguardo evitando tener que consumir energía en sus casas o, lo que es peor, tener que prescindir de ella. No estaría de más que las administraciones que los gestionan hicieran una encuesta entre los usuarios, y también entre la población que no los utiliza, para conocer cuáles son sus demandas de servicios. Probablemente, no podrán ser atendidas en su totalidad, pero al menos serían conocidas», concluye el experto en el sector de la Dependencia y economista, Julián Salcedo.
«No sólo es importante el número, sino también que estos servicios sean de calidad, poniendo a la persona en el centro de la atención, y para ello es necesario dotarlos de una financiación suficiente. Como sindicato queremos destacar que es imposible dar atención de calidad y centrada en la persona si no existen a la vez unas buenas condiciones laborales, es decir, calidad en el empleo», finalizan desde CCOO.
Desde el Imserso, recuerdan que con el programa de ciudades amigables con los mayores se ha querido fomentar la participación del colectivo en la vida social y existen diversos proyectos y cauces para fomentar su participación.
«Uno de los programas de los que estamos más orgullosos son las Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Lo que fomenta es que los municipios generen políticas urbanas de proximidad que atiendan esta realidad y creen contextos donde la participación social, cultural y política se dé más allá de los centros de mayores. A partir de ahí, se ha creado una red de municipios, muy rica. En ésta, pueblos de 500 habitantes comparten experiencias con Barcelona, por ejemplo, y ven qué funciona y qué no. Todo va orientado a la participación de los mayores en sus entornos. Está claro que la población mayor es uno de los puntales de la preservación de una vida en sociedad, amigable, armónica, saludable… Es un colectivo esencial. Y es inevitable que ese segmento de la población acabe empoderándose», indica Luis Barriga.
El problema de las listas de espera
Por último, cabe señalar que aparte de que muchos de los Servicios Sociales son muy mejorables, otro de los problemas que siguen sin terminar de resolverse son las listas de espera para acceder a estas prestaciones –más de 100 personas mueren al día en espera de un servicio de este tipo–.
Ahora bien, según afirma el director del Imserso, en los últimos años se ha reducido considerablemente esta lista –solicitantes, pedientes de valoración y pendientes de prestación de servicio–. «Para hacernos una idea, al inicio del Plan de Choque había 311.000 personas en espera, por más de seis meses, y ahora, tenemos 224.000. Y al tiempo que se ha reducido la lista, se ha atendido con prestación efectiva a 100.000 más. Se ha pasado de 1.084.000 personas a 1.290.000 personas atendidas en dos años. Y eso ha hecho que la lista –solicitud, valoración y servicio– pase de ser del 16,83% al 11,33%. El punto ideal estaría en el 7% u 8%, por lo que aún queda camino por recorrer. Pero la línea es muy positiva», afirma.
Con todo, esta reducción no es homogénea en todas las CCAA. «Por debajo del 8% tenemos a la inmensa mayoría. Está Aragón, que tiene un 3%, Asturias, con un 7,69%, Baleares, 7,48%, Cantabria, 3,8%, Castilla y León, 3,72%, Castilla-La Mancha, 3,97%. Y por otro lado están Cataluña, con un 19% o Canarias, que es de las que más camino tiene que recorrer, con un 33%, pero partía de un 46%. Es verdad que todavía hay regiones que tienen un problema. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tenía unas listas muy abultadas y le ha costado años ponerse al día. Son asuntos que no se resuelven nunca de la noche a la mañana, pero es importante iniciar caminos de descenso y todas lo han hecho. Y luego, hay casuísticas, como el caso catalán donde sabemos que no todos lo que figuran están realmente en listas de espera, sino que es un problema de la velocidad a la que llega la información –entre municipios y Generalitat–», afirma Barriga.
