16 Jun Los programas de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y tecnologías de apoyo son “insuficientes” y esta falta de cobertura impacta de forma directa en la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. Así lo indica el estudio hecho público este martes por Cocemfe con motivo de la próxima celebración del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra el 3 de mayo. Los gastos asociados a la discapacidad suponen, además, la principal inversión para las personas con discapacidad, suponiendo los medicamentos un 29,6% de su presupuesto y los tratamientos médicos un 10,5%. “Esto genera una sobrecarga que limita el acceso a tratamientos farmacológicos y terapias de rehabilitación, especialmente para aquellas personas de menores ingresos”. Las demoras en el acceso a diagnósticos y tratamientos suponen otra de las principales barreras para las personas con discapacidad física y orgánica, especialmente en el caso de las personas que tienen enfermedades degenerativas. Según el informe de Cocemfe, estas demoras pueden estar relacionadas con la falta de recursos en el sistema de salud y las cargas burocráticas existentes. El estudio también destaca las “diferencias territoriales” que existen a la hora de acceder a los tratamientos y revela que el 88,5% de las personas con discapacidad física y orgánica no tienen acceso a apoyo psicoterapéutico a través de la sanidad pública. Esta situación propicia la percepción de abandono que afecta de forma directa a la salud mental y la calidad de vida de las personas con discapacidad. A estas barreras se suman la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo y de recursos para proporcionar una atención adecuada, la exclusión en programas de salud pública y la ausencia de una regulación estatal que garantice la rehabilitación como derecho universal. El impacto de los determinantes sociales, como la precariedad económica o la exclusión social, también incide directamente en la salud física, mental y emocional de las personas con discapacidad. “No se puede hablar de un sistema sanitario justo si las personas con discapacidad seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos que necesitamos”, señaló el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga. #SUMANDOCUIDADOS Por otra parte, Cocemfe y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth) informaron este martes del lanzamiento de la campaña ‘#SumandoCuidados’ con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que se celebra el 3 de mayo. En relación a las barreras que tienen que superar las personas con discapacidad, la presidenta de Fneth, Eva Pérez Bech, reclamó «una sanidad equitativa, accesible y centrada en las personas, que garantice su derecho a los tratamientos»..
La empresa deberá adaptar el puesto al empleado o asignarle otro vacante.
2025. ABC
Susana Alcelay
El despido automático en el caso de una declaración de incapacidad en cualquiera de sus grados, permanente absoluta o total o gran invalidez desaparece del Estatuto de los Trabajadores, de su artículo 49.1. A partir de ahora sólo el trabajador podrá decidir si rescinde su contrato, y la extinción de la relación laboral quedará para el caso de fallecimiento del empleado. El empresario deberá adaptar el puesto del afectado o asignarle otro vacante disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación, siempre que no suponga un coste excesivo. Así figura en el proyecto de ley aprobado de forma definitiva en el Senado y apoyado de forma mayoritaria por todos los grupos, salvo VOX, con 251 votos a favor y tres en contra, sin cambios respecto al texto que llegó del Congreso.
¿Qué se entiende por coste excesivo para la empresa? El texto legal establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación del puesto de trabajo pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.
En el caso de las empresas que empleen a menos de 25 trabajadores se considerará excesiva la carga cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo, sin tener en cuenta ayudas o subvenciones públicas, supere la cuantía de la indemnización o la de seis meses de salario del empleado.
Diez días de plazo
La modificación legal establece que el trabajador podrá solicitar, en un plazo de diez días, desde la notificación del reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto y, a partir de entonces, la empresa tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas necesidades, cambiarlo a otro puesto o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.
El objetivo de la reforma emprendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, dice el texto legal, que ha aplaudido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por entender que se pone punto y final a a una «discriminación histórica que aún subsistía» en el ordenamiento jurídico-laboral.
Más ingresos para el sistema
Con los cambios acometidos en el Estatuto el Gobierno mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, cumple el mandato de la Justicia europea, que consideró ilegal el despido en el supuesto de incapacidad permanente, y, por otro, logra más ingresos para la Seguridad Social, dado que el empleado con una incapacidad que continúe trabajando también seguirá pagando cotizaciones a la Seguridad Social, igual que el empresario. Por este motivo, la memoria económica del anteproyecto asegura que la norma tendrá efectos positivos sobre la economía y que, además, no tendrá ningún coste para la Administración.
Entre las modificaciones incorporadas a la norma a su paso por el Congreso también se alcanzó un acuerdo para incorporar una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad.
