22 Nov Los funcionarios podrán teletrabajar tres días a partir del 1 de enero.
La ministra Montero indica que busca garantizar los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral de los empleados públicos.
Matteo Allievi
A partir del año que viene, los empleados públicos podrán teletrabajar más. Siempre que su puesto lo permita. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el real decreto ley que regulará el teletrabajo de los funcionarios públicos estará listo para ser implantado a partir del comienzo del próximo año. “Estamos trabajando con las organizaciones sindicales para hacer posible que esa norma se pueda aprobar y que entre en vigor en enero del próximo año”. Así lo indicó durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para informar por primera vez desde que asumió la cartera de Función Pública sobre las líneas generales de su política de actuación en este ámbito. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que se está trabajando en la misma línea del pacto alcanzado en abril entre el Gobierno y los sindicatos, que establecía que los empleados públicos podían trabajar a distancia de forma voluntaria tres días a la semana.
Montero señaló que el objetivo de este real decreto es compatibilizar la garantía de prestación de los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral y la apuesta por el territorio interior. Lo que se pretende es incentivar que haya empleados públicos en los lugares de residencia en la España vaciada sin que repercuta la calidad de la prestación del servicio público. “Un importante volumen de empleados públicos debe poder elegir establecerse en el territorio interior, en las zonas despobladas, que son una prioridad del Gobierno”, ha insistido la ministra.
Esta iniciativa nace después de la experiencia con la covid-19, durante la que la casi totalidad de administraciones públicas, por lo menos en algún momento, se vio forzada a teletrabajar. De hecho, durante la pandemia los empleados de la Administración General del Estado (AGE) podían ejercer su actividad a distancia hasta cuatro días a la semana. Este plan estaba dirigido especialmente a aquellos trabajadores con hijos de hasta 14 años o con personas dependientes a su cargo, y a quienes padecieran patologías consideradas de riesgo.
El Ejecutivo está negociando con los sindicatos los detalles de la norma a partir del pacto cerrado en abril con el anterior ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, que, permitía a más de 230.000 funcionarios públicos trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana. El acuerdo garantizaba a los teletrabajadores los mismos derechos de sus compañeros de modalidad presencial, incluyendo retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional, además del derecho a la intimidad y a la desconexión digital.
Sin embargo, este pacto no se llegó a plasmar en un real decreto que afianzara la norma. Además, en octubre el Ministerio dio marcha atrás y estableció la vuelta a la presencialidad, permitiendo solo un día a la semana de teletrabajo. Ahora Hacienda está trabajando en el texto definitivo y los sindicatos piden a la nueva titular que se respete lo pactado con su antecesor.
CSIF propuso en septiembre un modelo híbrido definido por un 40% de presencia física y un 60% para el trabajo telemático. El sindicato instó a través de un comunicado a “poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración”.
El texto de Iceta establecía que cada departamento, previa negociación con los sindicatos, debía realizar un estudio previo de los puestos con las tareas que se podían desempeñar a distancia. Montero ha asegurado que se seguirá con este compromiso, identificando las actividades que se pueden desarrollar “sin exigir la presencia en el lugar habitual y sin ningún tipo de menoscabo en la calidad”. El pacto cerrado con Iceta excluía a miembros de Fuerzas Armadas, policía, juzgados y personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, que, aunque forman parte de la plantilla de la AGE, no podían acogerse a esta modalidad.
