30 Ene LOS DISTINTOS SONIDOS DE UNA LEY
El 30 de Noviembre cumple un año la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un año para el desarrollo legislativo de esta Ley básica que gestionan las Comunidades Autónomas. Administraciones competentes que junto a las locales (Ayuntamientos, Comarcas, Diputaciones) son las responsables de la puesta en marcha de este nuevo Derecho Universal que se implantará progresivamente en 8 años, atendiendo en primer lugar y desde 2007 a las personas que se encuentran en situación de Gran Dependencia y en 2008 se incorporarán las personas con Dependencia Severa con mayor necesidad de cuidado.
El ritmo de la puesta en marcha de la Ley se ha marcado desde el Comité Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del que forman parte la Administración General del Estado, los Consejeros/as de “servicios sociales” en nombre de las Comunidades Autónomas y representantes de la Administración Local. Este Comité que se constituyó en los primeros meses de 2007, es el máximo responsable del desarrollo de la Ley y los acuerdos que adopta han de contar con doble mayoría (de los presentes y de las Comunidades Autónomas) En abril el Gobierno aprobó el baremo estatal que mide el grado y nivel de dependencia y es puerta de entrada a los servicios y prestaciones económicas previstas en la Ley, previo acuerdo del Comité Territorial.
El compás de esta partitura lo dirige cada Comunidad Autónoma y los tiempos son distintos para cada una de ellas. Las más diligentes como Andalucía, Asturias o Cantabria establecieron el procedimiento de acceso en primavera, y otras como Canarias o Murcia aún no lo han publicado. Los Andaluces están recibiendo los servicios o prestaciones que forman el Catálogo, al igual que la población Asturiana. En cambio los Madrileños siendo la tercera Comunidad Autónoma más afectada con 133.695 personas en situación de dependencia, hasta Noviembre, un año después de aprobada la Ley, no se ha regulado el acceso al Sistema y se desconoce cuando se recibirán dichas prestaciones o servicios.
La Ley establece un mínimo común garantizado para todas las personas si se encuentran en situación de dependencia, independientemente de la edad, la capacidad económica y el lugar de residencia, es decir, en igualdad de condiciones. Esta hermosa melodía es dirigida por 17 Comunidades Autónomas y cada una interpreta los acordes en función de sus peculiaridades y las versiones se multiplican pero la melodía sigue siendo la misma, aunque con cadencias diferentes.
Los tiempos actuales se corresponden con la madurez de las Autonomías, 30 años desde la aprobación de la Constitución, y éstas son las únicas competentes en su ámbito para el desarrollo de las políticas de Acción Social o de Servicios Sociales. Este nuevo derecho universal que acaba de nacer y que procura la atención y cuidado que las personas beneficiarias precisen, se enmarca dentro de ese espacio competencial y por tanto son las Comunidades Autónomas las responsables de la gestión, aunque la regulación básica que establece el mínimo común en todo el territorio del Estado es competencia de la Administración General y que también financia a través de los presupuestos generales del Estado.
Poner en marcha todo un nuevo sistema de atención a la dependencia que ha de convivir con el existente en cada Autonomía en un periodo no inferior a 8 años, no es tarea fácil. Si además este nuevo sistema SAAD, obliga a compartir y establecer criterios comunes entre todas las Administraciones competentes, entenderemos las dificultades para llegar a dichos acuerdos, aunque no compartimos los retrasos de algunas Regiones, ni las desigualdades entre ciudadanos. La madurez no es cuestión de años, sino de asunción de responsabilidades, de sensatez, de compromiso con la sociedad.
Esta Ley básica ha pretendido fijar un derecho igualitario en todo el territorio del Estado, pero las Comunidades Autónomas potencian su singularidad y desarrollan normativa diferente para fijar por ejemplo, la composición de los equipos de valoración de la dependencia o bien retrasan el acuerdo para establecer el copago del beneficiario, y así cada Comunidad Autónoma fija cuantías distintas, como ocurre en la actualidad con los servicios sociales tales como la teleasistencia, los centros de día, los centros residenciales o la ayuda a domicilio.
Las prestaciones previstas en la Ley además de los servicios indicados, son las económicas, que compensan a los cuidadores por los servicios de atención y cuidado realizados, sean estos profesionales o bien cuidadores familiares o del entorno. Estos cuidadores son mujeres mayoritariamente, con edades elevadas, sin preparación específica para el desarrollo de esta actividad.
El medio rural cuenta hoy con una población excesivamente envejecida, y no en pocas ocasiones la dependencia va ligada a la edad, en un 68% de los casos. Además son escasos los recursos sociales existentes en este ámbito, el rural, que garanticen el acceso a los servicios previsto en la Ley en igualdad de condiciones que el medio urbano. Tampoco nos olvidamos del millón largo de personas que sufren discapacidad y viven en el medio rural, sin transporte adaptado, sin servicios de proximidad especializados, invisibles al igual que sus cuidadoras.
Es necesario y urgente que la sinfonía de los Derechos Universales suene igual en todos los lugares y sea escuchada por todos los afectados, desde quien ostenta la responsabilidad de dirigir como quién precisa del cuidado, apoyo y afecto para poder vivir con dignidad, con autonomía, en un paisaje que reconozca y con servicios de calidad. Esta calidad pasa por la profesionalización y la formación de los cuidadores, pero sin olvidarnos que también son personas que tienen derechos y no pueden ser los peor pagados de la sociedad cuando están prestando un servicio fundamental.
En la medida que los ciudadanos tomemos conciencia de las distintas políticas sociales que se desarrollan en las Comunidades Autónomas seremos más consecuentes con nuestras decisiones y exigiremos mayor armonía en las políticas sociales.
España se suma con esta Ley, a los pocos países desarrollados que cuentan con cuidados de larga duración para las personas más frágiles de la sociedad, las personas en situación de dependencia al tiempo que reconoce el papel desarrollado por la familia, especialmente por la mujer cuidadora. Exijamos que la Ley se cumpla en todo el territorio del Estado y los sonidos de la Ley sean armoniosos también en el medio rural.
Autor: Ana Isabel Esteban Martínez. Presidenta de Solidaridad Intergeneracional
