30 Ene LEY de DEPENDENCIA: Reto, Oportunidad para la Mujer Rural
Con 2007 se inicia el nuevo Derecho de Ciudadanía que la Ley de Dependencia ha posibilitado para TODAS las personas que precisen de ayuda importante para el desarrollo de las actividades más elementales de la vida, sin excluir a nadie por razones económicas como ocurría hasta ahora. Este derecho de atención y cuidado se suma a otros pilares como la Educación, la Sanidad, la Seguridad Social (pensiones) y formará parte de los Servicios Sociales completando así la política de Bienestar Social que otros países de la Unión Europea desarrollaron en los 90.
En el medio rural(1) residen 1.077.659 personas con discapacidad, que están siendo atendidas por mujeres en el 90% de los casos. Este trabajo que se puede prolongar hasta 8 años y hasta 60 horas semanales de dedicación en función del grado de discapacidad, ha sido invisible a los ojos de la sociedad y no ha generado derechos (pensiones, prestaciones por desempleo, salarios), ni reconocimiento social por la ardua labor calladamente desarrollada. Las mujeres que realizan este trabajo, cuentan en la actualidad con una edad media de 54 años y, el 50% supera los 55 años. Estas cuidadoras familiares, podrán elegir a partir de ahora seguir realizando ese trabajo, pero con contrato, cotizando a la seguridad social, como otro trabajador más; o bien ser atendido por servicios profesionales acreditados, dentro y/o fuera del hogar.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, (o Ley de Dependencia), establece un catalogo prioritario de servicios (servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, centros de noche, residencias) y ofrece también prestaciones económicas (vinculadas a servicios profesionales, o cuidado familiar, o próximo) a las personas que se encuentren en alguno de los Grados y Niveles que se establecen (3 grados, 2 niveles por grado). El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se crea al efecto dará respuesta a dicha necesidad incorporando al sistema en primer lugar durante 2007, a las personas calificadas como Gran Dependientes o Grado III. En 2008 y 2009 se atenderá a las Dependencias Severas hasta el 2015 donde el SAAD estará totalmente desplegado y llegará a TODAS las personas valoradas que obtengan entre 25-100 puntos, según el baremo aprobado.
La Dependencia, o estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por la edad, la enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, afecta en mayor medida a las personas mayores que al resto de grupos de edad. El 68,3% de las personas con dependencia son mayores de 65 años y el 31,7% tienen entre 6-64 años. Se estima que son más de 200.000 personas las afectadas en 2007 superando el medio millón las que podrán beneficiarse en 2008 y 2009. Cuando el sistema se haya completado, atenderá en torno a 1.250.000 personas de todas las edades.
Hasta la fecha solamente el 7% de la población dependiente ha sido atendida por los Servicios Sociales competencia de las Comunidades Autónomas ,y por tanto es a partir de la entrada en vigor de esta Ley cuando se generalizará el cuidado y atención al tiempo que se crearán nuevos empleos vinculados a este Derecho. Estos puestos de trabajo son fundamentalmente ocupados por mujeres. Mujeres mayoritariamente son las cuidadoras directas (sean profesionales o familiares), gerontólogas, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, psicólogas… Por tanto es de prever que los nuevos empleos en el medio rural vinculados a estos servicios y prestaciones sean elegidos por mujeres de todas las edades. Esta es una ocasión que no hay que dejar escapar, al tiempo que exigir la misma cobertura e intensidad en la red de servicios que se dirigen a la población del medio rural. Que ello sea posible, depende de las Administraciones Autonómicas y Locales, de la sociedad rural y especialmente de las mujeres, que son las protagonistas principales.
La dependencia tiene rostro fundamentalmente femenino tanto por ser las mujeres las cuidadoras, como por corresponderle las mayores tasas de dependencia. La razón de ello, no es otra que la mayor esperanza de vida para el sexo femenino, 83 años frente a 77 para los hombres. En España los mayores de 65 años suman 7.447.761, el 16% de la población; de ellos 4.315.762 (58%) son mujeres. La tasa de discapacidad media para este grupo es del 30% pero se incrementa hasta el 54% para los mayores de 85 años que son 851.934 personas, siendo mujeres 595.700.
El 20% de la población rural que ocupa el 80 % del territorio ha visto como en varias décadas este medio se ha transformado y por ejemplo de la agricultura familiar se ha pasado a la agricultura profesional disminuyendo considerablemente el número de ocupados. Durante décadas la población rural no ha dejado de emigrar al medio urbano, recientemente para continuar los estudios y las tasas de envejecimiento son alarmantes. De los 8.107 municipios que existen, 6.875 cuentan con una población inferior a 5.000 habitantes, con tasas de vejez que superan el 28%; de ellos, 4.900 municipios repartidos por toda la geografía española no llegan a los 1.000 habitantes y uno de cada tres supera los 65 años. A medida que el tamaño de población disminuye la tasa de envejecimiento aumenta y el acceso a los recursos y servicios, sean públicos o privados, se torna más difícil y se debilitan.
Crear servicios profesionales dirigidos a la población mayor, especialmente dependiente, ha de ser la apuesta de las mujeres emprendedoras del medio rural (el 39,4% de las mujeres jóvenes cuenta con estudios), apoyándose en los programas de desarrollo rural y sensibilizando a las entidades locales en el uso de infraestructuras inutilizadas (antiguas escuelas…). En sus manos está seguir siendo una trabajadora autónoma o no, o apostar decididamente por profesionalizarse y crear servicios innovadores que permitan a esta población necesitada seguir, como así lo manifiestan viviendo en su hogar, en un paisaje que reconocen, con sus gentes, y al tiempo den respuesta a las distintas necesidades que la sociedad demanda y que la Ley garantiza. Este es el reto y la oportunidad.
Autor: Ana Isabel Esteban Martínez. Gerontóloga y Presidenta de Solidaridad Intergeneracional, Asociación de Personas Mayores y Familiares cuyo fin principal es prestar servicios sociales a las personas mayores del medio rural.
www.solidaridadintergeneracional.es
