04 Jul Las residencias de ancianos públicas de gestión privada registraron la mortalidad más alta en la primera ola en Madrid.
La mortalidad en los 18 centros de gestión indirecta fue de un 21,9% entre marzo y abril de 2020, mientras que en los de titularidad y gestión pública fue del 7,4%, según una investigación liderada por una epidemióloga.
Victoria Torres Benayas
En las 470 residencias de mayores que funcionaban en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, las más golpeadas por la covid de toda España, se produjeron 9.468 muertes de residentes entre marzo y abril de 2020, según las cifras facilitadas por el Gobierno regional a través del Portal de Transparencia. Con estos datos en la mano, un estudio, publicado en la revista internacional Epidemiologia y liderado por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, analiza el impacto de la mortalidad según la titularidad pública o privada de los centros y su modelo gestión ―pública, indirecta, concertada o privada―. Su principal conclusión es que la mortalidad “más alta” se produjo en las residencias públicas y de gestión privada o indirecta. En cambio, la menor se registró en las residencias 100% públicas.
A Zunzunegui, profesora honoraria de la Universidad de Montreal pero a la que sigue muy ligada a través de actividades académicas y científicas, el estallido del coronavirus en marzo de 2020 la pilló ejerciendo de abuela en EE UU y cuando ya llevaba cuatro años jubilada. “Vi lo que estaba ocurriendo en las residencias de Madrid, una auténtica catástrofe, y decidí que era motivo suficiente para volver al trabajo y ponerme a fondo con ello”, cuenta por teléfono a EL PAÍS esta experta en epidemiología del envejecimiento.
En agosto de 2020, comenzó a colaborar con la plataforma Actuar Covid, que engloba a 1.200 profesionales sanitarios, con los que publicó los primeros informes sobre lo ocurrido en las residencias en la segunda y en la tercera ola de la covid. Este nuevo estudio se centra en lo peor de lo peor, la primera ola. Además de Zunzunegui, lo firman François Béland, también docente en Montreal; Fernando García López, médico del Centro Nacional de Epidemiología; y el periodista Manuel Rico, director de investigación en InfoLibre, que aportó las bases de datos y su experiencia de investigación en el sistema de cuidados de larga duración.
En los dos peores meses de la pandemia, la mortalidad en las residencias fue del 18,5%: murió cerca de uno de cada cinco residentes. Zunzunegui matiza que, para hacer el cálculo, se tomó como base el número total de plazas disponibles y no las ocupadas. La razón es que no disponen de los datos, aunque saben que la ocupación era “muy alta, las residencias estaban muy llenas”. Un informe del Imserso la cifra entre el 92% y el 94%.
Se trata, además, de fallecimientos por todas las causas, de las que 7.290 se produjeron en las propias residencias y sin asistencia médica. Solo 2.178 de las muertes, el 23%, ocurrieron en hospitales. ¿Cuántas fueron por covid? Tampoco se sabe, ya que los datos que han podido recabar son parciales. “De las 7.290 en residencias, 1.118 fueron confirmadas por covid, 4.676 presentaban síntomas compatibles y 1.496 por otras causas”, detalla la experta. Sin embargo, nada se sabe de las personas que terminaron sus días en hospitales. “No está disponible la causa de la muerte”, lamenta la investigadora.
Por este motivo, decidieron centrar el estudio en todas las causas de muerte, máxime teniendo en cuenta que muchos de los fallecidos por otros motivos son en realidad muertos indirectos de la covid, ya que el protocolo de exclusión del 18 de marzo, que negaba el traslado a los hospitales a los mayores con discapacidad, impidió su derivación. “El protocolo duró tres semanas, pero la vuelta a la derivación fue paulatina”, recuerda Zunzunegui. A su juicio, la crisis del covid evidenció que “el sistema de cuidados de larga duración no estaba preparado para resistir una pandemia” y las decisiones que se tomaron condujeron a “una masacre”. El protocolo “fue una decisión muy cruel e injusta” y Zunzunegui está trabajando ahora para estimar cuántas muertes se podrían haber evitado si no se hubiera aplicado.
De las 470 residencias operativas en la primera ola, 405 eran privadas y 65 públicas ―43 regionales y 22 municipales―. Dentro de las 43 públicas regionales, 25 estaban gestionadas directamente por la Administración y 18 mediante un concierto. De las 22 municipales, solo dos son 100% públicas. Esto, que puede parecer un matiz, no es en absoluto baladí porque, tal y como demuestra el informe, la vida de los residentes dependió de en manos de quién estuviera su residencia.
Las conclusiones del informe son reveladoras. En las residencias de titularidad y gestión pública, que suponían el 12% del total de 51.938 plazas disponibles, la mortalidad fue la más baja de todas las tipologías de centros, el 7,4%. Sin embargo, en las 18 residencias de titularidad pública pero con gestión privada, que sumaban el 5% de las plazas, la mortalidad fue la más elevada de todos los modelos de titularidad y gestión: el 21,9%.
En las residencias propiedad de entidades privadas sin ánimo de lucro ―por ejemplo, de entidades religiosas― y con todas sus plazas privadas, fue del 12,7%. En centros aportaban el 8% de las plazas. En los centros 100% privados, es decir, de titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro y sin plazas concertadas ―el 26% del total de plazas―, ascendió al 13,8%. En las residencias privadas con ánimo de lucro pero que tienen puestos concertados con la administración ―el grueso de las plazas disponibles, el 42%―, la mortalidad subió al 20,6%. Y, por último, en los centros privados sin ánimo de lucro que tienen plazas concertadas con el sector público ―el 12% del total―, fue de 17%.
Estas cifras se calculan “igualando las condiciones después de tener en cuenta otros factores que influyen en la mortalidad, como el tamaño del centro, de la población donde se encuentra localizada la residencia, el número de residentes positivos y el hospital de referencia”. Estudiar cuál era el hospital de referencia fue clave “para considerar el efecto del protocolo de la Consejería de Sanidad que excluyó de la atención hospitalaria a mayores que vivían en residencias”.
“A igualdad de condiciones, la mortalidad en las residencias 100% privadas es casi el doble que en las 100% públicas”, subraya la epidemióloga. Pero el dato “todavía más importante” es que la mortalidad en centros con plazas concertadas o de gestión indirecta fue casi tres veces superior a la ocurrida en los de gestión y titularidad pública, añade Zunzunegui, para quien está claro que “cuando el sector público contrata con el privado, la mortalidad se dispara”.
Los epidemiólogos concluyen que los resultados de su investigación son “un testimonio de las consecuencias letales de la colaboración público-privada en el sector de los cuidados residenciales en la Comunidad de Madrid” y ponen de manifiesto la necesidad de una “profunda transformación del sector”. También llaman a “tomas medidas para que no vuelva a ocurrir” y a que realice “una investigación sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid esos dos meses”.
Para Zunzunegui, urge desarrollar “un sistema de información que permita establecer un control de calidad” e “inspecciones sistemáticas y efectivas”, ya que las que hay son “aisladas y se avisa a la residencia de la visita” y las multas, “muy pequeñas”. “El sistema de control es muy deficiente”, critica la experta, que cita un artículo, publicado en 2019 por este diario, en el que se revela que de las 18 residencias de gestión indirecta hubo juicios en 14 y muchas fueron multadas, pero 13 renovaron la concesión. “Las residencias son lo más opaco que hay y es una estrategia consciente que obedece a los intereses de la Administración y de las empresas”, ya que impide la rendición de cuentas a las familias de los residentes y a la opinión pública, censura la experta, que hace hincapié en que los mayores “son la población más vulnerable, sin voz ni voto ni capacidad de defenderse”.
La investigadora, que también trabajó en la Escuela Andaluza de Salud Pública y en el centro de Salud Pública de la Universidad Autónoma, conoce de primera mano el sector de las residencias madrileño, ya que participó en un estudio internacional en el que siguió la salud de 2.000 mayores de los centros de Leganés de 1992 a 1999. Aquel estudio, que dio para 45 artículos científicos, concluyó que la ciudad del cinturón de Madrid tenía la esperanza de vida más alta de todas las analizadas en Finlandia, Holanda, Israel, Suecia e Italia. “Ahora, con la covid, se ha rebajado mucho”, lamenta Zunzunegui, que celebra el acuerdo alcanzado el martes por Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades para llevar a cabo “una reforma muy profunda del sector”. Aunque la propuesta inicial era “mucho mejor y perfectamente factible”, lo acordado supone “un paso hacia delante”.
