Las redes sociales deberán adaptarse para discapacitados el 1 de enero

Las redes sociales deberán adaptarse para discapacitados el 1 de enero

Las asociaciones de minusválidos recuerdan que los servicios más populares de la red deberán satisfacer, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad

EUROPA PRESS – MADRID

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha recordado a las empresas titulares de redes sociales que desde el 1 de enero deben ser accesibles para las personas con discapacidad. En un comunicado, el comité -que agrupa a las principales organizaciones de la discapacidad- explica que esas empresas deben cumplir la normativa legal a partir de la próxima semana.

En concreto, una ley -de 1 de agosto- que adapta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificando la regulación anterior -de julio de 2002-, en relación con los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La nueva ley extiende a las redes sociales en línea las obligaciones de accesibilidad vigentes para las páginas de Internet públicas y las de las grandes empresas.

Establece que «las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos».

Este deber legal de accesibilidad se produce tras la reclamación del movimiento social de la discapacidad, una vez comprobado con informes y estudios independientes que ninguna red social de las implantadas en España cumplía con los requisitos mínimos para ser accesibles a personas con discapacidad. El CERMI advierte de que vigilará «estrechamente» el cumplimiento de este deber legal por parte de las empresas titulares de las redes sociales, denunciando a las que no lo hagan, lo que sería una infracción administrativa, concluye.

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