13 Jun Las pensiones vistas desde Bruselas: España no es vieja, es demasiado generosa
La proporción de españoles en edad de trabajar que pueden dar sustento a los mayores es superior a la media de la UE.
DAVID GARCÍA-MAROTO
La población española se hace mayor y entra a paladas en el sistema público de pensiones. El número de personas que cobran una pensión contributiva ha crecido un 13,3% desde 2008 y solo en el caso de las jubilaciones (suponen más del 60% del total) el avance ronda el 18%. Con esas cifras, la Seguridad Social ha pasado de tener un superávit cercano a los 15.000 millones de euros a caer en un pozo de déficit de 18.000 millones en ese mismo periodo.
Además, mientras crecía en número de pensiones a pagar y éstas se seguían revalorizando en mayor o menor medida, los ingresos por cotizaciones se han desplomado en los años de la crisis (ahora, por fin, crecen por encima del gasto en prestaciones) arrastrados por el mayor deterioro del empleo de la historia reciente de España.
Por ello, tanto la reforma de las pensiones de 2011 como la de 2013 atacaron el problema por el lado de los gastos y, ahora que crece el empleo, el debate se ha abierto a los ingresos como vía para reequilibrar las finanzas del sistema manteniendo el poder adquisitivo de unos cada vez más numeroso pensionistas golpeados por su austeridad particular.
Hasta ahí la España vista desde España. Sin embargo, la visión que se tiene desde Bruselas difiere en los matices. Básicamente, la UE considera que el problema de las pensiones en España se debe, indudablemente, a la herencia de la crisis, a una falta de empleo de calidad, pero, sobre todo, a unas pensiones que siguen siendo excesivamente generosas, más allá de la evolución demográfica.
De acuerdo con los datos que maneja Bruselas, la pensión media supone más del 60% del salario medio en España, el segundo nivel más alto de la UE. Dicho de otro modo, la autoridad comunitaria estima que la situación podría ser mucho mejor que la que hay con un poco más de austeridad.
Así lo ha puesto de manifiesto en la valoración realizada hace unas semanas del Presupuesto de 2018, en el que el Gobierno ha introducido una nueva subida de las pensiones en línea con el IPC.
Pero además, en Europa se manejan datos que muestran que el problema del envejecimiento en España no es a día de hoy tan acuciante como en otros países. Días después de valorar el Presupuesto español, Bruselas publicaba una nueva estadística, que ha pasado más desapercibida, pero que viene a tumbar otro mito: España no está tan envejecida o a menos tanto como sus socios europeos.
¿España es tan mayor?
Eso es lo que viene a resumir un indicador de la oficina estadística de la UE Eurostat denominado tasa de dependencia por edad. Este índice mide el nivel de apoyo que un país puede dar a sus mayores expresado en forma de cociente entre la población de 65 años o más y aquella en edad de trabajar, entre los 15 y los 64 años.
Tal y como está planteado el indicador, los conceptos que se relacionan van más allá del actual debate de cotizantes frente a pensionistas. Se trata más bien de personas que pueden ayudar a otras, sin más rodeos.
Ahora que el Gobierno insiste en fundir a la Seguridad Social como una parte de más del Estado; que no deja de repetir que el déficit de la Seguridad Social es parte del déficit del Estado y que, por tanto, éste está en condiciones de darle apoyo con créditos presupuestarios; quizás ahora es un buen momento para analizar cuál es la tasa de dependencia (más allá de la correlación entre ingresos por cotizaciones y pensiones) en España, puesto que también las personas que no trabajan pagan impuestos aunque sea de forma indirecta a través del IVA, por ejemplo.
Pues bien, esa tasa se situaba en la España de 1997 en el 22,8%, porcentaje que no ha dejado de crecer hasta 2017, cuando la proporción alcanzó el 28,7%. En román paladino, esto quiere decir que actualmente hay casi tres personas en edad de trabajar por cada mayor.
Poniendo en relación esta ratio con el resto de países de la UE resulta que España, para empezar, presenta una tasa de dependencia inferior a la media comunitaria, que se sitúa en el 29,9%, también en el marco de un envejecimiento progresivo de la población, que ha llevado a acariciar los 100 millones de personas mayores de 65 años.
Además, por encima de las tasas de España están otros países como Italia (34,8%), Grecia (33,6%) o Finlandia (33,2%), seguidos de Portugal (32,5%) y Alemania (32,4%). Es decir, que el envejecimiento de la población española no es tan acuciante como en otros países comparables en los que, de hecho, también se han llevado a cabo reformas en los últimos años.
Si se realiza la misma comparación tomando el ritmo de avance de la tasa de dependencia, se observa, de nuevo, que en las últimas dos décadas se ha incrementado esta ratio en todos los países miembro de la UE (excepto en Luxemburgo). Lo principales avances se han producido en Finlandia (11,5 puntos porcentuales), Malta (10,7 puntos), Eslovenia (10,1 puntos), Lituania y Portugal (9,8 puntos), Grecia (9,7 puntos), Italia (9,6 puntos) y Alemania y Lituania (9,4 puntos). En cambio, en España, esta ratio solo ha crecido en 5,9 puntos porcentuales.
Un problema de futuro
Volviendo al inicio, el problema, por tanto, no es que no haya suficientes manos jóvenes para sostener a los mayores, como que una gran proporción, estando en edad de trabajar, no lo hace. Las estadísticas lo dicen claramente. Frente a un cociente del 2,8 personas por cada mayor de 65 años, los datos de la Seguridad Social reflejan que 2,1 trabajadores por cada pensionista. Entre unos y otros se encuentran 3,3 millones de parados y una cifra récord de 16 millones de personas inactivas (una parte de ellas son jubilados).
No obstante, más allá de los datos presentes y mirando más al futuro, la visión de Bruselas si es más coincidente con la española. Considera que la necesidad de contener el gasto en pensiones y de incrementar los niveles y la calidad del empleo tienen mucho que ver con las previsiones demográficas. Porque, si bien es cierto, que el envejecimiento es un factor de escasa envergadura en estos momentos, cobrará un importante protagonismo a futuro y será aún más necesario garantizar el empleo e ingresos suficientes.
Hasta ahora, el avance de la tasa de dependencia se explica porque durante la crisis no se ha dejado notar la caída de la natalidad provocada por esos años negros (la tasa de natalidad ha descendido del 10,8% al 8,8% en los últimos 10 años). Sin embargo, a partir de 2030, cuando las generaciones nacidas entonces empiecen a cumplir los 15 años y entren en edad de trabajar, la cosa cambiará si no hay movimientos poblacionales adicionales, como el incremento de la inmigración.
En esas condiciones, el porcentaje de personas mayores en relación con la población total se incrementará considerablemente durante las próximas décadas, cuando una gran parte de la generación del ‘baby boom’ de la posguerra llegue a la edad de jubilación. Esto, a su vez, implicará un aumento de la carga del gasto social de las personas en edad laboral para hacer frente a las necesidades en materia de servicios de una población envejecida.
En cifras, la tasa de dependencia de los mayores escalará en España al 44,8% y, entonces sí o más que ahora, el envejecimiento será serio problema.
Sobre todo entonces, la presión a la hora de pagar las pensiones recaerá sobre los cotizantes. De acuerdo con las estimaciones del Servicio de Estudios de BBVA, mantener el nivel de cobertura de las pensiones actual requerirá que haya 28,5 millones de cotizantes, casi 10 millones más que ahora, una cota a priori inalcanzable.
Muy al contrario, desde la entidad financiera se avanza que a futuro no cabe esperar entradas al mercado laboral superiores a las 150.000 personas al año, frente a las 300.000 salidas previstas. No es de extrañar, por ello, que los analistas hablen del envejecimiento futuro, no del actual, y que a falta de políticas decididas de natalidad se empiece a pensar de nuevo en la inmigración.
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