24 Sep Las comunidades ‘limpian’ las estadísticas de la Dependencia
La Ley de Dependencia financia de forma irregular a miles de usuarios
Las comunidades autónomas deberán a partir de ahora diferenciar en sus estadísticas entre las personas dependientes que estaban ya atendidas antes de la Ley de Dependencia y las que han recibido una ayuda después. Porque no es lo mismo conceder nuevas ayudas una vez aprobada la ley que incluir en las listas a aquellos ancianos, por ejemplo, que ya estaban en una residencia o a quienes ya recibían una ayuda por invalidez, aunque todos ellos deban, finalmente, figurar en el mismo sistema social.
Las comunidades y el Gobierno alcanzaron ayer un acuerdo para poner un poco de orden en las estadísticas de la Ley de Dependencia, que hasta ahora permitían determinadas trampas para maquillar la realidad o estaban faltas de datos básicos.
Desde ayer, todas se comprometen a actualizar cada mes las cifras de ciudadanos dependientes, las bajas que haya habido y su causa, a diferenciar entre el número de personas beneficiarias y el de prestaciones concedidas (que no es el mismo, aunque ahora figure como tal). También se recoge en el acuerdo que las comunidades tendrán que explicar por qué algunos de los familiares que cuidan de un anciano en casa no se han dado de alta en la seguridad social, como está previsto. Si es porque ya son jubilados o porque están desempleados o bien dados de alta en otro trabajo.
Poco se sabía hasta ahora de los beneficiarios de las ayudas de la Dependencia lo que no contribuía a una financiación ajustada. En el acuerdo alcanzado ayer se pide también que las comunidades aporten información sobre la red de centros y servicios con que cuenta cada comunidad, así como el número de personas que trabajan en ellos.
«Esta ley tiene aspectos que evaluar y mejorar», dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y anunció que adelantarán la evaluación de la ley que se fijó para 2010, para que esté lista antes del verano de ese año. «Iniciaremos los trabajos a partir de hoy mismo». Jiménez se manifestó consciente de algunos problemas en la implantación de la ley, pero pidió paciencia de esta manera: «La construcción requiere un tiempo, a partir de cual serán visibles los resultados. En los primeros nueve meses de este año se doblará el número de prestaciones concedidas en los dos años anteriores de la ley».
La ministra valoró el acuerdo sobre el sistema de información de la Dependencia por su avance, dijo, «en la transparencia». «Ya en julio diferenciamos en las estadísticas los beneficiarios antiguos de los actuales», es decir, sacaron el número de personas fallecidas que aún figuraban como usuarios del sistema. «Y ahora se recogerán datos identificativos y socioeconómicos de los beneficiarios así como del proceso de evaluación y de las prestaciones reconocidas».
El acuerdo determina que cada comunidad está encargada de facilitar a sus ciudadanos información sobre cómo van los trámites de sus solicitudes y el Imserso se encargará de trasladar los expedientes de los beneficiarios cuando se trasladen de una comunidad a otra.
La secretaria confederal de Política Social de CC OO, Rosana Costa, ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo «que ejerza su función de velar por el cumplimiento, real y eficaz, de la Ley de Dependencia y sus respectivas normas de desarrollo, y que para este fin adopte las medidas más oportunas -sean éstas de carácter político o jurídico-, estableciendo mecanismos de seguimiento y control del desarrollo de la norma, en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia». Costa valoró los acuerdos alcanzados, tanto para mejorar el sistema de información de la Dependencia, que permitirá «tener una información real y puntual», como el de la formación para los cuidadores familiares.
Cursos para los familiares que cuidan
El segundo acuerdo alcanzado ayer fija los requisitos comunes a todas las comunidades para poner en marcha la formación de los cuidadores no profesionales, es decir, aquellas mujeres -son la inmensa mayoría- que atienden a sus mayores en casa. Se les facilitarán conocimientos básicos sobre cómo mover a personas que están encamadas, posturas, higiene, prevención de lesiones, alimentación. Pero también se facilitará asistencia a las cuidadoras, para que mejoren su calidad de vida, respeten sus momentos de ocio sin sentimiento de culpabilidad y sepan cuidarse tanto física como psíquicamente. Serán cursos presenciales, a distancia o mixtos, de 15 horas como mínimo y al menos de 10 cuando se trate de formación específica. Todo ello se financiará a través de las cuotas a la seguridad sociales de aquellas cuidadoras que se han dado de alta para ello o con otras partidas presupuestarias (nivel acordado). El Imserso se encargará de redactar el material formativo para distribuir entre las comunidades.
Los profesionales que los impartan, bajo la dirección de una persona con titulación universitaria, tendrán títulos correspondientes al campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales.
El documento acordado asegura que se tendrá en cuenta el ámbito rural y el urbano al diseñar e implantar estos cursos.
Casi tres años después de que arrancara la Ley de Dependencia, el Gobierno desconoce aún con exactitud cuántas personas se benefician de una de esas ayudas. Los datos de usuarios que facilitan las comunidades siempre han estado inflados. Primero, con más de 50.000 muertos que no se habían sacado de la estadística. Y ahora con casi el mismo número de personas que aparecen repetidas. El sistema de información es tan deficiente que el Gobierno desconoce datos imprescindibles para financiar correctamente esta ley. El Ejecutivo estaría pagando a las comunidades por una cifra de ciudadanos alterada, porque algunos están registrados por duplicado o triplicado, como reconocen algunas comunidades consultadas.
Los últimos datos, del 1 de septiembre, muestran que hay 654.035 beneficiarios. Y la misma cifra de prestaciones, entre las concedidas y las que están por concederse. Por tanto, se equipara el número de personas con el número de ayudas concedidas. Y eso es, sencillamente, imposible.
Imposible, porque miles de ancianos están recibiendo más de una ayuda. Por ejemplo, van a un centro de día y además perciben una asistencia a domicilio. Eso ocurre en muchas comunidades.
Imposible que haya el mismo número de personas que de prestaciones, porque todavía se están incorporando a las listas de la Dependencia los más graves, o sea, los grandes dependientes y los dependientes severos. Y a éstos, no se les puede prescribir solamente un servicio de teleasistencia. La teleasistencia es un dispositivo que llevan los ancianos que suelen vivir solos. Lo usan para avisar a alguien si tienen algún percance. Tampoco los grandes dependientes pueden recibir sólo una ayuda técnica para adaptar la bañera, ni un taller de psicomotricidad, ni de rehabilitación, ni de terapia ocupacional. Estos servicios han de ir complementando a otros, como la asistencia a un centro de día o a un geriátrico.
Sin embargo, en las estadísticas de la Ley de Dependencia que hace públicas el Imserso, cada una de esas ayudas figura como correspondiente a una persona distinta. De otro modo no saldría el mismo número de beneficiarios que de prestaciones. Como esa forma de contar falsea la realidad, ¿cuántos beneficiarios hay de verdad? Imposible es, también, saberlo.
Pero se puede ensayar un cálculo simple. Han de desaparecer de la lista las 2.554 personas (o prestaciones, da igual) que figuran como usuarias de una ayuda para prevenir la dependencia (ver gráfico). Esos están repetidos por fuerza. Han de desaparecer también los 28.286 que tienen concedida teleasistencia, porque están repetidos en otros servicios. Y haciendo un cálculo, seguramente a la baja, habría de caer de la lista al menos un 10% de los que aparecen en ayuda a domicilio y centros de día porque son dos ayudas que suelen ir juntas para una sola persona. Sumado todo ello, unas 40.000 personas están repetidas.
El Gobierno siempre ha equiparado el número de beneficiarios con el de prestaciones. «La cifra no puede ser muy diferente», aventuran fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero las comunidades reciben dinero por esas personas y, de paso, sus estadísticas regionales salen maquilladas.
El Gobierno está librando dinero a las comunidades sin conocer el número exacto de beneficiarios, aunque afirma que paga por persona atendida (en el llamado nivel mínimo, de 70 a 263 euros por persona y año según su gravedad). Pero las comunidades también reciben financiación por el número de beneficiarios con derecho a prestación, aunque aún no estén atendidos. Y en esa bolsa hay más de 209.000 ciudadanos, de los que se desconoce los repetidos. No hay forma de saberlo. También las comunidades afirman que cobran por persona.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Dependencia/financia/forma/irregular/miles/usuarios/elpe
