31 Ene Las CC.AA. aprueban el nuevo grado I para 2011 aunque critican la financiación insuficiente del Gobierno
Europa Press
Las Comunidades Autónomas han acordado «por unanimidad», durante el Consejo Territorial de Dependencia presidido este miércoles en Madrid por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el nivel mínimo de protección que el Estado transferirá a los territorios para las personas con dependencia moderada, Grado I nivel 2, que empezarán a incorporarse al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a partir del 1 de enero de 2011.
Dicha categoría establece una compensación mínima de 60 euros para cada receptor mientras que la prestación máxima será de 300 euros para aquellas personas que la reciban vinculada al servicio y de 180 para las que reciban cuidados en el entorno familiar.
En este sentido, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, ha considerado que del Consejo Territorial de este miércoles se pueden sacar «dos cosas buenas y una no tan buena».
Según Antón, el hecho de que de ahora en adelante las comunidades autónomas participen de manera más activa en la evaluación y el seguimiento de la ley es «positivo». También lo es la promesa del Gobierno central de «normalizar los pagos pendientes de este año antes de que acabe el 2010 y garantizar que en el futuro no vuelva a haber retrasos».
Sin embargo, no se ha mostrado de acuerdo con el modelo de financiación establecido para el desarrollo de la ley. Según el consejero, con la entrada en funcionamiento el próximo mes de enero del Grado I, nivel 2 de la Ley de Dependencia, «se vuelve a consolidar la carga de financiación de las CC.AA.». En el caso de los servicios que comienzan a funcionar en 2011, el Estado garantiza el pago del nivel mínimo de prestación valorado en 60 euros, mientras que la cuantía máxima que el beneficiario puede llegar a recibir es de 300 euros. «De cada 5 euros, 4 los ponemos las CC.AA.», ha asegurado.
GALICIA PIENSA QUE «TODO SIGUE IGUAL»
La consejera de trabajo y bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, también se ha mostrado satisfecha «con el mensaje de que se va a contar con las Comunidades en la evaluación de la implantación y el desarrollo de la ley», siempre que tengan en cuenta, ha matizado, su «experiencia».
No obstante, al igual que el consejero de Castilla y León, Mato ha mostrado su descontento ante el modelo de financiación y ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo «la modificación de la financiación de la Ley de dependencia». En cuanto a esta demanda, la responsable de asuntos sociales de la Xunta ha asegurado que «seguimos exactamente igual».
LA RIOJA VE ESCASA LA FINANCIACION
Por su parte, la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza, ha denunciado «una vez más» que, «como ocurre cada vez que entra un nuevo grado en vigor», la aportación del Ministerio, ya de por sí «insuficiente, disminuye», con lo cual «hay una distancia y una diferencia cada vez mayor entre lo que gasta o invierte en este momento cada comunidad autónoma» y lo que se recibe por parte del Ejecutivo.
«La aportación del Ministerio es de 60 euros por servicio para cualquier usuario que tenga derecho y reciba el servicio por parte de su Comunidad, y esta aportación no corresponde ni tan siquiera al 50 por ciento de los servicios que tienen las CC.AA.», ha criticado.
La consejera riojana ha explicado, además, que en el caso de su territorio las diferencias son aún mayores, «abismales», porque «es el Gobierno autonómico que más invierte por habitante al año en el sistema de dependencia.
Mientras que la media nacional «ronda los 102 euros por habitante y año», en La Rioja se destinan casi «180 euros para cada receptor», por lo que la aportación del Ministerio resulta escasa, sobre todo en relación con otras Comunidades, cuya aportación no supera los 33 euros por individuo, ha referido.
«Entonces, las diferencias son muy importantes desde el primer día en que se puso en marcha la Ley de Dependencia. No solamente porque lo hemos dicho todas las Comunidades, sino porque además somos también consejeros de otras áreas sociales y hay que dedicar un esfuerzo indudablemente a ejecutar los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad», ha argumentado Loza.
Dicho esto, la consejera ha certificado que el nuevo grado, para el cual «ya hay 1.400 receptores» en espera, «está preparado para que el 1 de enero, quien haya sido valorado y reconvierta sus solicitud a través del Programa Individual de Atención (PIA), pueda recibir las ayudas pertinntes por parte del Gobierno de La Rioja».
ARAGON NO VE NINGUN PROBLEMA
En otro línea distinta se ha expresado la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana María Fernández, quien ha destacado la sintonía alcanzada en la reunión y la aprobación «por unanimidad» de la actualización del nivel mínimo y de la incorporación del nuevo grado de dependencia por parte de todas las CC.AA., al tiempo que ha asegurado que en el caso de Aragón el retraso en los cobros de la financiación no tienen «ningún inconveniente» puesto que las Comunidades «cuentan ya con esas cantidades».
«En Aragón no habíamos detectado este problema, teníamos cobrado el mes de septiembre, y octubre y noviembre están a punto de cobrarse», ha señalado la consejera aragonesa, que, en este sentido, ha remarcado que «no hay problema ninguno porque la contabilidad está muy clara».
«Si lo que se cobra un mes lo cobramos al mes siguiente pues no supone ningún inconveniente», ha precisado.
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