La vida sexual de las personas con discapacidad: “Nos ven como niños. Muchos aún creen que somos seres asexuados”.

Irene Valarezo (Santo Domingo, Ecuador, 29 años) es una fuente de experiencias sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para ser reconocidas como dueñas de sus cuerpos, especialmente en lo que se refiere a su sexualidad. Las barreras son físicas y sociales, explica. “Cuando mi ginecóloga me dice que me tengo que hacer una mamografía, siempre me hacen una eco, que sé que no es lo mismo, pero es que la máquina para mamografías no está adaptada”. El aparato no es adecuado para realizarle la prueba porque esta mujer ecuatoriana tiene parálisis cerebral. Pero el muro más grande con el que se ha topado es el estigma. “Yo tomo anticonceptivos, obviamente como precaución, pero también porque tengo un problema de acné; y hace unos días le dije a mi madre que me los comprara porque se me acabaron, y mi mamá me miró sorprendida: ‘¿Es que tú los tomas?’. Y le respondí que no estamos en el siglo XIX”, cuenta sonriendo. “Esto en una familia con formación y conocimiento sobre el tema, pero imagínate en una con otros conceptos… Es difícil que nos vean con capacidad de decidir y que queramos experimentar nuestra sexualidad. Nos ven como niños, nos infantilizan. Muchas personas aún creen que somos seres asexuados”.

“El estigma es lo peor porque muchas personas con discapacidades son consideradas pasivas. Se les dice que alguien tiene que cuidar de ellos. No tienen ninguna autonomía”, coincide Kartik Sawhney, cofundador de la Red Mundial de Jóvenes con Discapacidad. “En el mundo en desarrollo, pero también en muchos países desarrollados, las personas con discapacidad no tienen suficiente información sobre salud sexual y no se sienten cómodas hablando del tema o teniendo que discutirlo con sus cuidadores, dado que se trata de una cuestión sensible”. En su opinión, esta falta de conocimiento de sus derechos les sitúa en situación de mayor vulnerabilidad de sufrir violencia de género, mutilación genital, abusos, embarazos no deseados, esterilizaciones forzadas. “Un montón de cosas así, que son muy frecuentes, pero lo son mucho más dentro de la comunidad de discapacitados que en la de gente sin discapacidad”.

Los datos le dan la razón. Los niños con discapacidad tienen tres veces más probabilidades de sufrir abuso sexual y las mujeres, hasta 10 veces más de sufrir violencia de género, según datos del Fondo de Población de Nacioes Unidas (UNFPA). “Muchas soportan prácticas sanitarias coercitivas, como la esterilización y el aborto forzados, así como un trato abusivo”, denuncia Natalia Kanem, directora ejecutiva del organismo, en un comunicado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. En el artículo 25 de la Convención sobre sus derechos (2006) se establece que deberían “gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación”, la realidad, sin embargo, es que “pocos países prestan servicios de calidad suficientes” al colectivo, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las posibilidades que se les niegue atención médica es tres veces mayor. Y cuando lo consiguen, es muy común que les traten mal: cuatro veces más que a cualquier otro paciente. Y los servicios de salud sexual, no son una excepción.

Más de mil millones personas —en torno al 15% de la población mundial— viven con alguna discapacidad

Licenciada en Ciencias Políticas, máster en inclusión social por la universidad de Barcelona, atleta y activista, Valarezo trabaja como consultora del UNFPA en el marco del programa We Decide (nosotras decidimos). Su objetivo es que los programas de salud sexual de la agencia incluya las que viven con alguna discapacidad, para que todas conozcan (y ejerzan) sus derechos sobre sus cuerpos, a no sufrir abusos, a controlar su maternidad y acceder a métodos anticonceptivos modernos si lo desean. Esto pasa por disponer de materiales educativos adaptados, la eliminación de barreras arquitectónicas en las clínicas y la formación del personal médico. Para ello, el organismo cuenta con un solo donante: la Agencia Española de Cooperación, que vio la oportunidad de apoyar una iniciativa en línea con su enfoque de derechos humanos y feminista. Han empezado por Ecuador, Marruecos y Mozambique, con una dotación de 3,8 millones desde que se lanzó el proyecto en 2016. “Nos gustaría que otros se unieran para poder aumentar el número de países”, desea Leyla Sharafi, asesora de género del departamento de derechos humanos de UNFPA. “Hay la idea errónea de que estas personas no tienen sexo o que no deberían tener relaciones, o que no necesitan pensar en el acceso a la anticoncepción o la planificación familiar”.

Más de mil millones personas —en torno al 15% de la población mundial— viven con alguna discapacidad. “No somos una minoría tan chiquita, somos una minoría bastante grande”, ironiza Valarezo. Con este argumento, reclama más atención al colectivo, pero sobre todo, más voz y voto. Su empeño no solo es que se eliminen barreras arquitectónicas en los centros de salud (“pero rampas adecuadas, no una montaña de cemento como hacen aquí en Ecuador”, ríe) sino que el lenguaje cambie y, con él, la manera de considerar a las personas como ellas.

“Todo el tabú alrededor de la sexualidad. Por ejemplo, si quieres o no formar una familia. Tiene que ver con nuestra autonomía y capacidad jurídica. Pero persiste la idea de que vamos a reproducir a personas que tienen dificultades o que no van a ser productivas en su vida. Yo también quiero tener un bebé y que no se vea como algo raro. Podemos planificarlo con la pareja, obviamente, porque tampoco tenemos que ser irresponsables”, razona. En este sentido, Valarezo reclama más formación para las que deciden ser madres, especialmente para las que viven con una discapacidad intelectual. “No basta con que nos sintamos preparadas para tener un hijo, sino que tenemos que saber qué conlleva traer un niño al mundo, las responsabilidades”. Y conseguir que cualquiera, viva en la ciudad o en una zona rural, sea cual sea su condición, entienda las obligaciones de su decisión.

Míriam Císcar, jefa del departamento de cooperación sectorial de la AECID enfatiza que un 70% de las mujeres con discapacidad vive en zonas rurales. “Esto las expone a mayores tasas de analfabetismo, menos posibilidades de escolarización y de encontrar un trabajo. Estamos hablando de personas con un alto grado de vulnerabilidad. Pero pueden querer tener el control de su sexualidad: no tener hijos o tenerlos. A no ser violadas o interrumpir su embarazo si lo son. Todo esto tienen que poder abordarlo por decisión propia”.