05 May La Tarjeta Social será universal e incluirá las prestaciones públicas y privadas
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presidió el pasado miércoles 26 de abril la reunión constitutiva del grupo de trabajo de la Tarjeta Social, en la que también participaron la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el secretario general de Administración Digital, Domingo Molina, los consejeros y representantes de las comunidades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En esta primera reunión, se ha anunciado que la Tarjeta Social será universal y englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas o provenientes de fondos públicos que perciba un ciudadano y permitirá identificar las situaciones que mejoren el diseño de las políticas sociales.
Por lo tanto, estarán incluidas en el sistema de Tarjeta Social todas las prestaciones económicas gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
Los trabajos previos han concluido que una parte importante de esas prestaciones están ya en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas creado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
La Tarjeta Social permitirá así incorporar nuevas prestaciones e información y mejorar los mecanismos de diagnóstico para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los ciudadanos.
Por otro lado, la Tarjeta Social amplía los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del Tercer Sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.
La Tarjeta Social ofrecerá a las Administraciones Públicas encargadas de diseñar las políticas sociales una base de datos y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad. Ello permitirá mejorar la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales y evitará situaciones de desprotección.
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