06 Mar La reforma de la ley del aborto garantiza que la intervención se haga en la sanidad pública.
El Congreso ha dado el visto bueno a que las menores de 16 y 17 años aborten sin permiso paterno.
Celeste López
La aprobación definitiva de la reforma de la ley del aborto ha llegado apenas unos días después de que el Tribunal Constitucional avalara la norma del 2010, lo que ha reducido de manera clara la atención sobre una reforma que, precisamente, volvía a la ley de plazos del 2010. Con 185 votos a favor, el Congreso ha dado el visto bueno a que las menores de 16 y 17 años aborten sin permiso paterno, punto que estuvo en vigor durante cinco años.
La reforma de la ley del aborto ha sido aprobada con el apoyo (185 votos) del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, CUP,
Bildu, PNV, Más País; el voto en contra (154)) de PP, Vox, Ciudadanos, Teruel Existe, PRC, Foro Asturias y Coalición Canaria. Por su parte, los diputados de PDECat tenían libertad de voto por lo que tres se han abstenido y uno, Ferran Bel, votó en contra.
Entre los diputados del PDECat que se han abstenido, Sergi Miquel lo ha hecho por la “criminalización” que se hace en
la ley de la gestación subroga-da, el mismo argumento que utilizó Ciudadanos para votar en contra.
La ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo elimina los tres días de reflexión, actuales, así como la obligatoriedad de proporcionar previamente a la embarazada información sobre ayudas a la maternidad.
Garantiza la objeción de conciencia
Garantiza además que la interrupción voluntaria del embarazo se lleve a cabo en los hospitales públicos. Para ello, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia sanitaria, deben organizar sus recursos para asegurar que las mujeres puedan abortar en un centro público, como mínimo, en las capitales de provincia. Las mujeres podrán elegir entre el aborto quirúrgico y el farmacológico.
La norma garantiza la objeción de conciencia como un derecho individual y será regulada del mismo modo que en la ley de eutanasia para garantizar que siempre haya personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, la reforma deja claro que quien se declare objetor lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.
Además, a través de una enmienda transaccional introducida durante la tramitación de la ley en el Senado, apoyada también por el PP, se blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León. Así, establece que las administraciones “velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo” con “la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente”.
También se contempla la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas; se reconoce la menstruación incapacitante como una situación especial de incapacidad temporal y se
incluye la gratuidad de los productos menstruales en centros educativos, penitenciarios y sociales.
