La Junta ampara a 578 mayores bajo su tutela ante el abandono de sus familiares – Solidaridad Intergeneracional
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La Junta ampara a 578 mayores bajo su tutela ante el abandono de sus familiares

La Junta ampara a 578 mayores bajo su tutela ante el abandono de sus familiares

La nueva estrategia de envejecimiento activo impulsa el Comité de Ética y la atención de emergencia ante situaciones de riesgo.

ANA SANTIAGO – VALLADOLID

El maltrato a las personas mayores es una realidad encubierta de muy difícil detección. En ello coinciden los Servicios Sociales, el sector y la única asociación que se dedica a ello en España, Almama. Y sin llegar a la violencia física o psicológica palpables, simplemente el no cuidar con medios y suficiencia a los mayores, también desde un punto de vista emocional y afectivo, es maltrato. El abandono de un anciano es maltrato.

En 2017 hubo dos casos por violencia en el ámbito familiar y otros dos por machista que tuvieron que acceder a una plaza de prioridad social en residencias públicas en la región.

Por otra parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ampara bajo su tutela a 578 mayores. No son casos de maltrato; pero sí de personas en situación de desamparo y desatención por tener escasa o nula colaboración familiar o por, en alguna ocasión, carecer de allegados. Son casos, además, que requieren una tutela porque a los muchos años se suman demencias o problemas psiquiátricos graves que obligan a que alguien se ocupe de ellos y de gestionar su patrimonio de forma legal.

En Castilla y León, la protección de las personas mayores de 65 años que han visto modificada judicialmente su capacidad o están incursas en ese procedimiento se realiza en el ámbito público directamente a través de la Fundación Acción Social y Tutela (FASTCYL), adscrita a la Gerencia de Servicios Sociales o, indirectamente, a través de la Fundación Tutelar FUNDAMAY con la que Familia mantiene colaboración. Una parte de los citados 578 casos, concretamente 146, están en situación de pretutela, propuestas judiciales en las que se trabaja y valora para ver si el interesado entra en una residencia o es posible que viva en su hogar con apoyos. En los 432 restantes, ya hay un nombramiento judicial.

Explican fuentes de Servicios Sociales de la Junta que la FASTCYL tiene bajo «su protección a personas que más que malos tratos, están en una situación de desamparo y desatención por falta de familia y por no aceptar fácilmente ayudas en la vivienda». Las personas mayores, por lo general, «suelen mostrarse reticentes a aceptar esos apoyos en sus casas y requiere tiempo el ir generando una relación de confianza con su referente tutelar o con el profesional de los Servicios Sociales o de los sanitarios que acuden a visitarlo para que permitan, de manera progresiva, la ayuda que se les ofrece».

Por eso, añaden las mismas fuentes, «se considera también que un buen foco de colaboración podría ser el que se encontrase en el propio entorno de la persona». La participación ciudadana, de los vecinos, y, en definitiva, de las personas más cercanas al mayor son fundamentales para hacer visibles situaciones sobre las que los profesionales puedan trabajar.

Tanto la FASTCYL como FUNDAMAY informan y asesoran de manera gratuita sobre los procedimientos de modificación de la capacidad de las personas y sus alternativas. También desde Fiscalía se facilita tal información, la cual se ha visto potenciada desde la creación en 2017 de la figura del Fiscal Delegado de Discapacidad en cada comunidad.

Además de la figura de la tutela, Familia explica que «a fin de evitar la proliferación de procedimientos de modificación de capacidad innecesarios y muchas veces excesivos, el Código Civil regula en su artículo 303 y siguientes la figura del Guardador de Hecho, que permite realizar actos en interés del presunto incapaz que no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad». De esta forma, por ejemplo, desde los centros residenciales en que viven los mayores se podría ejercer la guarda de hecho, «teniendo como consecuencia la correcta atención de la persona y pudiendo evitar posibles abusos económicos o de otra índole por parte de terceros. Es más, en la última reforma de este artículo, el legislador incorporó la posibilidad de que el propio guardador pueda ejercer funciones tutelares bajo control judicial». De este modo, se agilizarían muchas gestiones que beneficiasen a la persona ya que las decisiones se tomarían con la mayor inmediatez por el responsable del centro.

Cuatro proyectos piloto públicos para cuidar sin sujeciones

La Consejería de Familia promueve el proyecto ‘Aprender a cuidar sin sujeciones’, una experiencia piloto en cuatro centros públicos, dos de atención a personas mayores (Centro los Royales de Soria y Fuentes Blancas de Burgos) y otros tantos de atención a personas con discapacidad (Nuestra Señora de la Calle de Palencia y El Ángel de la Guarda de Soria), que conllevará, por parte de profesionales expertos en la materia de reconocido prestigio en el ámbito nacional, formación específica y asesoramiento reglado en la metodología de eliminación de sujeciones y su gestión en la práctica diaria. Estos expertos acompañarán a cada centro a lo largo de 18 meses con el objetivo específico de capacitar en la práctica a los profesionales en el uso de alternativas seguras e individualizadas de cada sujeción.

Atención especializada

Personas desatendidas y de edad son situaciones que suelen llegar a los Servicios Sociales antes o después. Pero el maltrato en una residencia o centro de día y especialmente en el propio hogar, dado que se tapa, es difícil de detectar salvo en situaciones tan graves que hacen saltar todas las alarmas. Y ni la Junta ni el sector descartan que pueda haber más de los conocidos.

Uno de los centros residenciales que cuida de personas mayores tuteladas por la Junta es el Benito Menni de Valladolid. En realidad, la atención a estos tutelados es idéntica a la de cualquier otra del centro de las Hermanas Hospitalarias que atiende a 230 personas de todas las edades –tiene también atención infanto-juvenil– en servicios de daño cerebral o psiquiatría y la parte residencial, con sus cuatro unidades asistenciales, dispone de 142 camas para mayores, con una media de 82 años de edad.

Explica su gerente, Antonio Rodríguez, que tienen «personas tuteladas por la Junta habitualmente y se las atiende, como a otras, en función de sus necesidades individuales. No hay distinciones, los equipos terapéuticos las valoran y asisten igual. Solamente a efectos de relaciones entre trabajadores sociales del centro y la fundación o a la hora de tomar decisiones pues se acude a la misma en vez de a un hijo o a un hermano;pero tengo que destacar que la fundación se preocupa mucho, muchísimo. Están pendientes de ellos, hacen un seguimiento periódico; incluso vienen a verlos. A veces los visitan más que a otros sus familias».

Antonio Rodríguez, que insiste en que «maltrato es todo lo que no es buen trato» y va más allá de la violencia física o emocional, la falta de cariño ya lo sería, explica su interés en trabajar en el diseño de protocolos de detección y actuación e, incluso, en crear alguna asociación o similar que dé respuesta a estas situaciones o que haya un teléfono similar al del maltrato infantil… «porque son situaciones difíciles de ver. Cuando ocurre en un centro residencial, los hijos pueden detectar –además de posibles señales físicas– cambios de conducta, miedos… o cuando se le acerca alguien y le toca al anciano una reacción de protección y más, si siempre ocurre con la misma persona. En el domicilio es más difícil, pueden ser los vecinos quienes observen algo…».

En Castilla y León no hay una asociación específica frente a los abusos y los malos tratos a los ancianos y, en toda España, Almama es la única que trabaja específicamente en este sentido. Su concepto de abuso y violencia es amplio y hace referencia no solo al psicológico o el físico sino también material o financiero.

Desde el sector se indica asimismo lo que llaman el maltrato institucional. Si los responsables administrativos no custodian el cumplimiento legal de las ratios mínimas de profesionales y las buenas prácticas, si no trabajan por el bienestar de los mayores, también incurrirían en malos tratos. «Porque si en una residencia, por las noches hay solo dos auxiliares que además de atender a cien internos limpian la cocina y los baños… y la inspección no lo detecta y sanciona, ya hay maltrato».

La Junta, desde 2008, dispone de una guía de detección y actuación ante estos casos, disponible en su web, resultado de la colaboración de colegios profesionales. También la estrategia de envejecimiento activo contempla medidas.

Familia impulsa acciones para detectar el fraude o engaño

La Junta también ha puesto en marcha un proyecto para permitir a las personas mayores la autodefensa de sus propios derechos ante situaciones de intentos de fraude o engaño. Esta experiencia pretende proteger a los ancianos ante situaciones de prácticas fraudulentas por razón de la edad para lo que se está previsto: Ofrecer información, orientación, asesoramiento específico y consejos básicos para detectar el fraude;capacitar sobre los trámites y aspectos jurídicos de protección social ante este tipo de prácticas; detectar prácticas fraudulentas y ofertas maliciosas de productos y servicios dirigidos a las personas mayores, y poner en marcha diferentes mecanismos de difusión de este tipo de prácticas e impulsar en las redes sociales información, entre otros. Y todo ello con la red asociativa.

www.elnortedecastilla.es/castillayleon/junta-ampara-mayores-20180716132147-nt.html



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