26 Ene La Fiscalía insta a “rediseñar” el modelo de residencias de mayores tras la pandemia.
Dolores Delgado y María José Segarra advierten de que las deficiencias en la gestión han agravado las consecuencias de la covid en estos centros.
Reyes Rincón
La pandemia de covid-19 ha sacado a la luz deficiencias en las residencias de mayores que obligan a “repensar” el modelo. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía tras estudiar centenares de denuncias recibidas desde marzo de 2020 relacionadas con el impacto del virus en estos centros, según expusieron este jueves en una comparecencia ante los medios de comunicación la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la fiscal de sala para la protección de las personas con discapacidad y mayores, María José Segarra. “Hay que rediseñar el modelo de residencias”, afirmó Segarra, quien advirtió de déficits en los servicios de inspección, en la coordinación con la atención primaria o en la gestión de los censos de estos centros.
La coordinadora de los fiscales especializados en la protección de los mayores ha calificado de “dramática” la situación vivida en algunas residencias. Aunque la mayoría de los residentes presentan condiciones de especial vulnerabilidad frente al virus, la fiscal considera que las “debilidades previas” del sistema han agravado la situación. El 46% de las residencias, ha advertido, son centros pequeños sin posibilidad física de aislar eficazmente a los ancianos cuando surge un brote de covid-19. “Muchos se han convertido en núcleos arrasados por el virus”, ha lamentado.
Desde que empezó la pandemia se han puesto en marcha planes de contingencia, protocolos de atención temprana y circuitos covid que han mejorado la respuesta frente al virus, pero hay problemas que persisten y que repercuten negativamente en las posibilidades de hacer frente a la covid. Segarra ha señalado entre los “puntos débiles” la precaria situación de muchos de los profesionales de estos centros. “Hay escasa remuneración, escasos incentivos y bajas que no se abonan”, ha denunciado.
Desde que se decretó el primer estado de alarma, en marzo de 2020, la Fiscalía ha abierto 441 investigaciones penales relacionadas con residencias de mayores. De ellas, todavía tramita 209. Los motivos de las denuncias son variados y van desde homicidios por imprudencia y omisión de socorro (189 denuncias), a deficiencias en la atención médica (21), lesiones (6) o trato degradante y malos tratos (5). También se han recibido denuncias por abandono por parte de los familiares del interno (4) o por delito contra la salud de los trabajadores (11).
La Fiscalía ha archivado ya más de la mitad (229) de las diligencias abiertas, pero apenas en un 20% de los casos le ha dado carpetazo por entender que los hechos no eran delito. El resto, se ha archivado tras acumularse a otras diligencias de investigación ya en marcha, o tras interponer una denuncia o una querella ante un juzgado por parte de la propia Fiscalía o como consecuencia de que ya había un procedimiento judicial en marcha por el mismo caso.
Al margen de las investigaciones penales, los fiscales han incoado también 786 diligencias civiles tras detectar, de oficio o por una denuncia, situaciones como la falta de atención sanitaria o de medios materiales, un elevado número de fallecimientos o el desamparo de residentes. Ya hay también abiertos tres expedientes por la negativa de familiares a que un anciano sea vacunado.
