25 Feb La España despoblada pierde en siete décadas la mitad de su peso económico y laboral.
Un estudio de Funcas analiza la evolución de 23 provincias del interior de siete comunidades autónomas.
Laura Delle Feminne
Sergio del Molino publicó en 2016 su obra La España vacía. Un ensayo que se ha convertido en una referencia y cuyo titular se ha asentado en el vocabulario común para describir a aquellas zonas afectadas por una profunda y constante sangría demográfica. La despoblación supone varios males: pérdida de actividad, merma de servicios, desequilibrios generacionales. Funcas ha puesto números al impacto de este fenómeno: en los últimos 70 años, 23 provincias del interior de España han visto desvanecerse la mitad de su peso demográfico, económico y laboral.
España ha más que duplicado su población desde principios del siglo pasado, hasta alcanzar los 47 millones de habitantes. Pese a ello, su densidad (93 habitantes por kilómetro cuadrado) está por debajo de la media europea y es inferior a la de vecinos como Francia e Italia. A ello se añade una abrumadora disparidad entre provincias. El 90% de los residentes se concentra en el 30% de la superficie del país, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El 70% del territorio restante ha sufrido un intenso éxodo a partir de mediados del siglo XX, que le ha dejado con el 10% de la población y un enorme desafío por delante: sobrevivir.
Casi la mitad de los municipios españoles tiene actualmente una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, el umbral fijado por la UE para identificar territorios en riesgo de despoblación. El estudio de Funcas La despoblación de la España interior analiza las provincias de siete comunidades, excluyendo las capitales de provincia y las localidades de más de 50.000 habitantes. Castilla y León acapara la mayoría, con sus nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. También están las tres aragonesas, Huesca, Teruel y Zaragoza; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en Castilla-La Macha; Badajoz y Cáceres, en Extremadura; Lugo y Ourense, en Galicia; Córdoba y Jaén, en Andalucía; y La Rioja. Todas comparten dos rasgos: han perdido habitantes entre 1950 y 2019 y, en ese último año, presentaban una densidad de población por debajo de la media nacional.
Las conclusiones son elocuentes. En 1950, estas 23 provincias acumulaban el 34,1% de la población, generaban el 26,7% del valor añadido bruto y suponían el 33,5% del empleo del país. Siete décadas después, estas variables se han desinflado: ahora representan el 18,1% de población y el 17% del empleo. Casi la mitad. Y aportan un 16,1% del valor añadido bruto. La evolución del PIB a lo largo de los últimos 70 años refleja lo ocurrido: en siete de estas provincias, la tasa de crecimiento medio anual desde 1950 fue inferior en casi un punto a la media nacional, y más de medio punto inferior en otras siete.
Pese ello, la brecha en la renta por habitante con el resto de España se ha ido estrechando, aunque no siempre por mejoras de la actividad. “Una parte importante de esta convergencia se debe a los movimientos migratorios”, explica Eduardo Bandrés, profesor en la Universidad de Zaragoza y autor del estudio junto a Vanessa Azón. “Tampoco se trata de las provincias con los peores indicadores; hay otras, por ejemplo, con tasas de paro más altas. Pero es cierto que la despoblación también conduce a una situación de malestar económico”.
La caída poblacional y económica de la España interior comenzó en los años cincuenta y se aceleró en las dos décadas posteriores, con fugas masivas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. El proceso siguió, con menos intensidad pero con un progresivo envejecimiento de la población, hasta 1991. En este período, los municipios estudiados perdieron el 36,3% de sus habitantes, mientras localidades comparables de otras zonas ganaban población. En los noventa hubo una cierta estabilización, seguida por una leve mejora en la década de 2000 gracias a la llegada de extranjeros, que fue truncada por la crisis financiera.
La instantánea que ha dejado este proceso no es homogénea. El estudio reúne las 23 provincias en tres grupos. La España despoblada que decrece tiene el peor saldo demográfico y ha sufrido una fuerte destrucción de empleo, pero no tiene mal desempeño en el resto de indicadores económicos. En ella se incluyen 11 provincias como Soria, Ourense o Teruel. La España que se estanca —las provincias del sur— está menos envejecida, con niveles de renta más bajos y un peso importante de la agricultura. La España que remonta es la mejor parada: incluye localidades que se han beneficiado de la cercanía a la capital, como Guadalajara, o que cuentan con capitales de provincia pujantes, como Valladolid o Zaragoza.
“En el estudio no hemos entrado en las recomendaciones, pero está claro que hacen falta políticas distintas”, avanza Bandrés. Sugiere intensificar las relaciones entre lo urbano y lo rural, mejorar las infraestructuras del transporte y sobre todo las telecomunicaciones: “Pero hay que ser selectivos, elegir las inversiones. Hay localidades donde se deben garantizar los servicios, aunque la situación es irreversible: van a desaparecer”.
UNA CUESTIÓN DE ESTADO
La despoblación y el declive demográfico han ganado protagonismo y poco a poco se han convertido en un asunto de Estado. La UE ha reconocido la magnitud del reto, que afecta a varios de sus países miembros, y ha afinado la asignación de fondos para que lleguen a las zonas más castigadas y se impulsen políticas adecuadas. España también ha puesto el reto demográfico entre sus prioridades, mientras que los territorios más afectados del país exigen recursos adicionales para cubrir los mayores costes que supone la dispersión poblacional e intentar revertir la tendencia.
Los fondos europeos que llegarán para hacer frente a la crisis desatada por la covid-19 también podrán ayudar a frenar, al menos en parte, la despoblación del interior. “Pueden ayudar mucho, hay que dirigirlos a actividades con futuro”, considera el economista Eduardo Bandrés, quien añade que se podrían haber impulsado, en el pasado, otras políticas a nivel nacional para modular el proceso. “Pero se hubiera producido de cualquier manera, era irreversible”.
