30 Sep La demora en los pagos ahoga los centros de discapacidad intelectual
Las comunidades adeudan en torno a un año de subvenciones y ayudas
CARMEN MORÁN – Madrid
La gran red asociativa que da cobertura en España a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias está asomándose al abismo por culpa de los impagos. Las residencias donde se atiende a estas personas, así como los centros de día y particularmente los centros especiales de empleo, donde encuentran una ocupación remunerada, llevan largos meses sin recibir las subvenciones públicas estipuladas. «Si esto sigue así, en breve podemos vernos abocados al cierre», alerta Enrique Galván, director de FEAPS, la gran confederación de la discapacidad intelectual.
La situación es desigual por comunidades, pero los datos de la confederación indican que la demora va de ocho meses a un año, en general «y es especialmente preocupante en Andalucía y Baleares». Si se trata de los centros especiales de empleo el retraso en los pagos es aún más dramático, entre ocho y 24 meses en 10 comunidades. Andalucía (de 18 a 24 meses), Madrid (24 meses), Valencia y Baleares (15 meses), Galicia y Murcia (12 meses)…
Estos centros emplean a personas con discapacidad intelectual y reciben por ello subvenciones del 50% que en los últimos años se han elevado temporalmente, en algunas comunidades, hasta un 75% para amortiguar los efectos de la crisis. Andalucía les adeuda más de ocho millones solo en empleo, por ejemplo. La Junta es consciente de ello y lo achaca a problemas administrativos y «a la falta de justificación de pagos» por parte de algunas asociaciones. Aseguran, en todo caso, que la previsión es «pagar cuanto antes», según explican en la consejería de Empleo. FEAPS tiene hoy convocada una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo de Andalucía, en Sevilla, sonde posiblemente se anuncien movilizaciones.
Pero el problema es generalizado en toda España «y queremos que esto sirva de alerta para todos porque estamos seguros de que nuestros problemas son los mismos que se están encontrando las asociaciones que atienden a otro tipo de discapacidades», asegura Enrique Galván.
En tiempos de bonanza, las entidades de la discapacidad intelectual han ido sorteando el temporal y buscando dinero de otras fuentes, obra social de las cajas, créditos en los bancos o conciertos benéficos, por ejemplo. Pero la crisis ha mermado esas vías de ingreso así que la situación es particularmente penosa. Albasur, en Córdoba, es una de esas empresas de empleo especial que emplea a discapacitados intelectuales en tareas de viveros, jardinería, limpieza. «Este mes vamos a pagar las nóminas, pero yo misma, que soy la gerente, y otros trabajadores de la empresa, como cuidadores, psicólogos, no cobraremos. Y eso porque hemos recogido fondos, aportaciones de las familias, créditos en el banco y hemos hecho un concierto benéfico y un festival de flamenco. En octubre ya veremos. Pero no queremos que los empleados dejen de cobrar las nóminas porque se trata de personas con un entorno familiar muy complicado económicamente», dice Pilar Pineda.
El director de FEAPS sabe que la situación económica es delicada, por eso, dice, «no se está pidiendo aumento de presupuestos, sino que se haga efectivo el cobro comprometido. Esto es una cuestión de derechos» afirma. De agravarse la situación, y temen que 2012 sea un año peor aún, calculan que entre 10.000 y 12.000 personas se pueden ver afectadas directamente.
Por un lado están las nóminas de los trabajadores, pero también las plazas de asistencia a estas personas en residencias, por ejemplo, que reciben ayudas públicas, o programas de apoyo al empleo. Algunos de estos últimos ya han caído por falta de medios. Por todo ello Andalucía adeuda a FEAPS 12 millones en total (la Junta dice que son 10), Baleares algo más de 12, Castilla-la Mancha, 10, Canarias 512, según datos de la confederación.
La Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (Feafem) ha denunciado también que hay comunidades, como Cataluña, «donde ya se ha anunciado que se seguirán pagando estas ayudas solo para el número de trabajadores existente en el mes de enero de este año», por tanto, no se subvencionarán los incrementos de plantilla. De Cataluña no dejan de llegar noticias inquietantes. Ayer se supo también que la Generalitat retrasará pagos a los prestadores de servicios sociales (residencias de mayores, discapacidad, salud mental) por problemas de tesorería. Así se lo han comunicado a los afectados.
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