14 Nov La atención a la dependencia en España: las gallinas que entran por las que salen.
Hace unas semanas, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicó el Informe de Evolución de la Financiación de la Dependencia 2021-2022.
Ana Herrero Alcalde 23/10/2023
En él se muestra la evolución más reciente del gasto público destinado a atender a personas dependientes en España. Un dato destacado del informe es que la suma del gasto estatal y autonómico en esta partida creció algo más de un 5 por ciento entre los dos años mencionados. Ahora bien, también se observa que el importante incremento de la partida estatal -que creció más de un 31 por ciento en 2022- se vio parcialmente compensado por una disminución del gasto autonómico de algo más del 1 por ciento.
Al igual que ha ocurrido con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, que algunas comunidades autónomas han aprovechado para desmantelar en parte sus respectivos programas de lucha contra la pobreza, el impulso al gasto en dependencia que dio el gobierno central en 2022 se ha utilizado como excusa para reducir el esfuerzo autonómico en esa misma partida. Parecería que las comunidades se basan en el dicho popular: las gallinas que entran por las que salen. Aunque la pérdida agregada del gasto autonómico es pequeña (1,3 por ciento) en comparación con el importante aumento del estatal, las gallinas que han entrado y salido no se han distribuido de manera homogénea a lo largo del territorio. Los presupuestos destinados a atender a personas dependientes han caído de manera importante en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, y también, aunque en menor medida, en Murcia, Madrid y Castilla y León.
Naturalmente, este no era el objetivo del gobierno central. Al contrario, el propósito tanto de la creación del IMV en 2020 como del aumento del gasto estatal en dependencia en 2022, era reforzar la red de protección social que da cobertura a los hogares más necesitados, habitualmente conocido como cuarto pilar del Estado del bienestar. Cabe pensar que estos efectos indeseados se han producido por el tipo de incentivos que el diseño de las políticas estatales introduce en el comportamiento de las comunidades autónomas y que, tal vez, se podrían haber evitado.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de 2006, en la que se configura la arquitectura financiera básica de la atención a personas dependientes, estableció tres niveles de protección. En primer lugar, un nivel mínimo, definido y garantizado por el gobierno central, que es igual en todo el territorio nacional: todas las personas beneficiarias con las mismas características reciben la misma prestación, con independencia de su lugar de residencia. En segundo lugar, un nivel de protección autonómica, que cada gobierno regional acuerda mediante convenio con la Administración General del Estado (AGE), y que implica una cofinanciación por parte de ambas administraciones: si tú aportas 100, yo aporto otros 100. Aquí, la prestación de cada beneficiario dependerá de lo que su comunidad haya acordado con la AGE. Por último, las comunidades pueden establecer un tercer nivel de protección, financiado exclusivamente con recursos propios.
Si el aumento del gasto estatal se canaliza a través de un aumento de los niveles mínimos de protección, el efecto es la mejora la prestación básica que reciben todas las personas beneficiarias en el país. Pero al mismo tiempo se incentiva a que las comunidades autónomas que menos prioricen el gasto en dependencia reduzcan su esfuerzo en estas políticas, ya que se verá compensado por el mayor gasto del gobierno central. Las gallinas que entran por las que salen.
Sin embargo, si el aumento del gasto estatal se hubiese canalizado a través de la cofinanciación del segundo nivel de protección -el autonómico-, ese tipo de incentivos no se habrían producido, o lo habrían hecho en menor medida. En este caso, habrían entrado gallinas por un lado…y por el otro. Eso sí, esta estrategia habría obligado a negociar con las comunidades los correspondientes convenios, lo que siempre ralentiza la puesta en marcha de iniciativas que implican a tantos agentes públicos. Y habría podido ocurrir que alguna comunidad se hubiera negado a modificar su convenio, bloqueando la iniciativa del gobierno central. Antecedentes no nos faltan.
