26 Mar Igualdad impulsa una red pública de cuidado de niños para que las madres puedan trabajar.
El ministerio dota con 190 millones un plan dirigido a familias monoparentales, víctimas de violencia machista, desempleadas y mujeres mayores de 45 años.
Pilar Álvarez
La pandemia ha dejado al descubierto distintas realidades que ahondan en la desigualdad entre hombres y mujeres. Una de ellas es que las mujeres asumen de forma mayoritaria la carga de los cuidados familiares y domésticos, algo que ya hacían antes de esta crisis sanitaria. Con este punto de partida, el Ministerio de Igualdad ha cerrado con las comunidades autónomas el reparto de 190 millones de euros este año para crear una red pública de cuidadoras y cuidadores profesionales -se trata de un sector feminizado- que atiendan a los niños menores de 14 años mientras sus madres trabajan.
El objetivo es facilitar la conciliación de esas familias, crear “empleo de calidad en el sector de los cuidados” y “dignificar y certificar” la experiencia profesional de las cuidadoras no formales, es decir, aquellas que trabajan cobrando en negro para terceros. Un estudio de 2017 de CC OO reflejaba que las cuidadoras profesionales de niños son en el 94% de las ocasiones mujeres. Según datos de Eurostat de 2019, por cada hombre que abandona su trabajo remunerado para cuidar, hay 17 mujeres que lo hacen.
El documento para arrancar el llamado Plan Corresponsables irá el próximo martes al Consejo de Ministros, según Igualdad. El acuerdo se cerró con las comunidades autónomas después de más de dos meses de negociación y reuniones pero debe pasar por el Consejo como todos los planes cuyo presupuesto supere los 12 millones de euros. Prevé dos fórmulas para facilitar estas cuidadores y cuidadores a las familias: profesionales que acudan a las casas y también la opción de que se habiliten servicios públicos para más de un menor en centros escolares fuera del horario escolar, como pasa ya en muchos colegios por las mañanas. Los profesionales saldrán de una bolsa de cuidadores y cuidadoras que habilitarán las comunidades.
Una de las líneas rojas, explican fuentes del ministerio, es que no se podrán habilitar sistemas como los “cheques guardería”, es decir, dar el dinero directamente a las familias. El objetivo, según estas fuentes, es que las comunidades vigilen que la red de trabajadores tengan condiciones dignas y generen derechos laborales.
El Plan Corresponsables funcionará como un plan piloto en esta primera edición de 2021, que el ministerio espera que arranque a partir de abril con la tramitación de expedientes y la entrega de fondos a las comunidades. La cobertura de este primer año, que el ministerio espera ampliar en próximos presupuestos, irá dirigida “con carácter prioritario” a familias monoparentales —formadas en más del 80% de los casos por mujeres—; víctimas de violencia machista, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o familias en las que existan otras personas a las que cuidar, como mayores o enfermos. En los procesos de valoración para acceder a los programas, las comunidades deberán tener en cuenta “el nivel de renta y las cargas familiares de las personas que pretendan participar en los mismos”, según el texto del acuerdo. La idea es que el servicio sea gratuito para las familias con menos recursos. Las comunidades autónomas deberán establecer a quiénes bonifican y por qué cantidades en función de las renta
Desde el ministerio trasladan que son conscientes de que harán falta mucho más de 190 millones para cubrir las necesidades de cuidados que puedan tener todas las familias. En ediciones posteriores esperan incluir más fondos y ampliar así el grupo de personas beneficiarias. Son las comunidades autónomas las que deben fijar los detalles de la red, los sueldos o los posibles pagos que puedan hacer las familias, algo que irá determinado por la renta, explican desde Igualdad.
El borrador del acuerdo señala que la conciliación “en su recorrido histórico” se ha centrado principalmente en los primeros años de vida de las criaturas: permisos de nacimiento, los de lactancia o las reducciones de jornada. Igualdad lleva meses negociando con las autonomías los detalles del reparto y de la articulación de la red. El “desafío”, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, es “diseñar sistemas integrales de cuidados desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos” con “las prestaciones y los servicios públicos universales”.
La distribución de fondos se ha elaborado considerando sobre todo la población de menores de 14 años de cada comunidad (con un 60% de la puntuación). También se han tenido en cuenta la superficie, las grandes urbes y la insularidad o la dispersión de la población. Las comunidades no están obligadas a poner partidas propias en este primer año, explican fuentes de Igualdad, aunque el ministerio aplaude cualquier ampliación que hagan de las partidas. Andalucía es la que tendrá más fondos, recibe 30 millones. Estas son las partidas que corresponden al resto de comunidades: Aragón, 10,4 millones; Asturias, 4,4; Baleares, 4,9; Canarias, 9,8; Cantabria, 3; Castilla y León, 15; Castilla-La Mancha, 16,2; Cataluña, 23,2; Comunidad Valenciana, 16,4; Extremadura, 9,8; Galicia, 10,8; Madrid, 22,1; Murcia, 7; La Rioja, 3,3; Ceuta, 1,8 y Melilla, 1,8.
En esas bolsas de cuidado se primarán, según el acuerdo, perfiles profesionales como técnicos en actividades socioculturales, monitores de ocio y tiempo libre, técnicos superiores de animación sociodeportiva y auxiliares de guardería y educación infantil. Y, a través de los servicios de empleo, se quiere “fomentar” que se incluya también a personas con experiencia profesional en el sector de cuidados “formales e informales”, con atención sobre todo a las mujeres mayores de 45 años.
