23 Ene Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo hasta los 950 euros.
El alza del 5,5% supone un paso más para cumplir el compromiso de Sánchez de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura.
Manuel V Gómez – Madrid
Incógnita despejada: el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá este año un 5,5%. Llegará así a 950 euros mensuales en 14 pagas al año. El acuerdo se cerró ayer tras gestarse a lo largo de la semana. El pacto es el primer logro del Gobierno en el diálogo social. “Todos hemos cedido”, admitió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión con los agentes sociales. Pero esa cesión no satisfizo a todos por igual. Los líderes sindicales ven un acuerdo “positivo”. Las patronales, en cambio, lo aceptaron como un mal menor. “Llegar a 1.000 euros nos preocupaba mucho más”, señaló Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.
La subida del salario mínimo hasta los 950 euros, que entra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero, queda en un punto intermedio entre los 1.000 euros de los que llegó a hablarse cuando PSOE y Unidas Podemos negociaban el pacto de Gobierno y los 900 actuales. El incremento del 5,5% está lejos del 22,3% del año pasado, pero es importante. No hay muchos incrementos superiores desde mitad de los años noventa. En 2017 se subió un 8%, aunque entonces se hacía desde un suelo muy bajo: 655,2 euros mensuales. En estos cuatro años el incremento es del 44,5%.
La mejora de este año será un peldaño más en la escalera hasta el final de legislatura, cuando el Gobierno pretende elevar el SMI al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea y que baraja Bruselas para los socios de la Unión. En el caso de España esa cantidad estaría cerca de los 1.200 euros mensuales. Pero ayer no pudo cerrarse esta parte, que también querían los sindicatos. Los empresarios se negaron: “Hemos pedido hablar de lo que entendemos que se puede hablar este año”, admitió Garamendi, con semblante muy serio durante su comparecencia ante la prensa.
Tampoco hubo un punto de encuentro sobre la derogación del despido por ocho bajas médicas alternas durante dos meses. Pero Díaz fue clara: lo van a hacer pronto y mediante un decreto ley que, aclaró, ya tienen listo y están mostrando a agentes sociales y grupos parlamentarios: “Nos parece que es una materia de derechos humanos”.
Durante su comparecencia tras el acuerdo, la ministra estuvo exultante. “Estamos muy contentas”, dijo. Según los cálculos de su departamento, el aumento del SMI afectará a dos millones de trabajadores “con los datos de la Tesorería de la Seguridad Social”. Díaz no aclaró si el decreto vería la luz verde ya el próximo martes en el Consejo de Ministros o en el siguiente.
Destrucción de empleo
Tanto la ministra como los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, rechazaron que el incremento de los sueldos más bajos vaya a costar puestos de trabajo. “No prevemos una destrucción de empleo. Creemos que va a contribuir a crear más empleo”, esgrimió Sordo. Álvarez reconoció el papel de la ministra estos días: “A ella le corresponden los méritos”. “Es más que discutible cuestionar que el SMI no ha sido un elemento fundamental para crear empleo y que la economía crezca más que en la media de la UE”, aseguró a continuación.
Frente a esta postura, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, apuntó que para él la subida no era buena: “Subir 950 no es bueno para la pyme. Pero es mejor que 1.000. Hay que construir”.
Casi con las mismas palabras, el líder de CEOE dejaba claro que habían cedido: “Cuando llegas a un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera. Nos habría gustado que fuera algo menos. Pero esa cantidad de 1.000 euros nos preocupaba mucho más”. Garamendi aportó una de la que podría ser la clave de su cesión. Según él, Díaz se habría comprometido a apoyar su petición de que la ley de contratos públicos traslade a la Administración los mayores costes derivados de esta subida
Los 950 euros del SMI se aproximan a lo pactado por sindicatos y patronales en 2018 en el acuerdo de negociación colectiva, que contemplaba un sueldo mínimo en convenios de 1.000 euros mensuales (14.000 al año). Elevar el mínimo legal a esa cantidad habría supuesto un grave problema para la negociación colectiva, ya que todavía hay convenios que no alcanzan esa cifra.
Durante todo 2019, el importante aumento del suelo legal de los salarios ha suscitado polémica acerca de si era perjudicial para el empleo o no. El último en sumarse al debate ha sido el BBVA Research, que calcula que el alza del SMI impidió el año pasado la creación de 45.000 puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo anterior, dirigido por Magdalena Valerio, había descartado en un informe remitido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que hubiera tenido consecuencias negativas para la creación de empleo, pero sí que hubiera podido llevar a la economía sumergida a trabajadores del sector agrícola o del hogar. CC OO, en cambio, realizó otro estudio en junio en el que señalaba que no había tenido consecuencias negativas.
UNA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN DOS FASES
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se aferró ayer al pacto de Gobierno que Unidas Podemos, la coalición de la que procede, tiene firmado con el PSOE, para exponer sus planes sobre la reforma laboral. “Este ministerio va a cumplir lo firmado”, dijo.
¿Supone eso derogar la reforma laboral de 2012, modificarla o mejorarla, como pidió el líder de CEOE? Díaz respondió que estas palabras “son el resultado de una dialéctica”. Ella lo llamaría “derogación”, continuó, porque es como se llama “técnicamente”, recordando su pasado de abogada laboralista.
“Será en dos fases. Va a ir muy rápido y con diálogo social. Me gustaría que fuera con acuerdo, pero no soy ingenua”, dijo Díaz. “Y después habrá una segunda parte, que va a abarcar elementos más complejos: la contratación, las modificaciones sustanciales, la causalidad, el despido”, señaló.
Cuando se le preguntó si todo eso suponía volver a la legislación previa a 2012, Díaz se mostró mucho más cauta: “A veces volver atrás no tiene mucho sentido. Por tanto, este departamento va a trabajar y legislar mucho con la mirada en el tiempo actual”.
“Va a ser un trabajo reposado, meditado y con diálogo social”, abundó. Esas palabras encajan con la idea lanzada el día anterior por la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. “Nunca se puede derogar una reforma laboral en su totalidad, dado que todas tienen elementos añadidos”, sentenció tras el Consejo de Ministros.
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