17 Mar SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL EXIGE ACCESO FÁCIL A LOS SERVICIOS FINANCIEROS MIENTRAS SEA OBLIGATORIO EL COBRO DE LA PENSIÓN
Nos alegramos que finalmente las libretas de ahorro sigan siendo el soporte documental que garantiza la continuidad de la relación con la entidad financiera y exigimos que lo sea para toda la población que lo solicite. No hay razón para eliminar un recurso útil y fácilmente manejable para todas las personas mayores y no mayores. Así se le trasladó a la Asociación de la Banca en la reunión del Consejo Estatal de Personas donde informaron de los pequeños avances sobre el cumplimiento del acuerdo suscrito en febrero de 2022 con el objetivo de garantizar la inclusión financiera de los mayores.
Acuerdo que incluía el compromiso de las entidades de crédito para adoptar diferentes medidas que garantizaran un mejor acceso de las personas mayores a los servicios financieros. En este sentido, las entidades financieras se han comprometido a mantener las libretas de ahorro para las personas mayores de 65 años. Así se lo han trasladado al Gobierno en una reunión reciente.
Si bien nos parece positiva esta acción, y que el compromiso de las entidades financieras con las personas mayores, aunque de forma muy lenta, es adecuarse a sus necesidades, la realidad es tozuda y nos da muestras de que esto no es así.
Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en los últimos años se ha producido un importante descenso en el número de sucursales bancarias en España. En 2019, el número de sucursales se situó en 25.270, lo que supone una disminución del 21% en comparación con el año 2008, cuando había 31.994 sucursales. Este descenso se debe en gran medida a la digitalización de los servicios bancarios y la reducción de costes, sin tener en cuenta la brecha digital en las personas de más edad, ni otras dificultades de acceso.
En cuanto a la distribución geográfica de las sucursales bancarias, se observa que la mayoría se concentra en las zonas urbanas, especialmente en las grandes ciudades. Por el contrario, en las zonas rurales y pequeñas localidades – en España, existen según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 2021, un total de 2.939 municipios con menos de 500 habitantes, y aquí no están incluidas las pedanías. Estos municipios son rurales y cuentan con una población sobreenvejecida – el número de sucursales bancarias es mucho menor, y si además se cierran, como está ocurriendo, la problemática para las personas de más edad es aún mayor. La población envejecida tiene dificultades para desplazarse a otras localidades para realizar sus transacciones bancarias, porque no existe transporte regular, y las mujeres mayoritariamente no cuentan con carnet de conducir, y sus familiares suelen vivir lejos debido a la emigración incesante del campo a la ciudad.
Otra problemática relacionada es la falta de capacitación tecnológica para las personas mayores y especialmente en el ámbito rural, a la que prácticamente acaba de llegar la cobertura. Con el aumento de los servicios bancarios en línea y la reducción de las sucursales, se sienten excluidas y marginadas de los servicios financieros, y la realidad obliga a que el cobro de la pensión mensual se haga a través de dichas entidades.
Solidaridad Intergeneracional invita al gobierno a defender a las personas mayores como colectivo vulnerable que es, frente a las entidades financieras que cuentan que han realizado avances importantes en la accesibilidad universal en el ámbito financiero, pero las personas mayores afectadas no lo han notado aún y han visto cómo se han seguido cerrando las sucursales, y en las que permanecen, cuando acuden a ellas, no les facilitan copia de las operaciones realizadas.
Exigimos el derecho de las personas mayores a ser tratadas con respeto y dignidad en todos los ámbitos de su vida, incluyendo cuando se acude a una entidad financiera, banco o caja para realizar trámites financieros.
Conviene tener presente que la falta de acceso a los datos bancarios de las personas mayores puede provocar la vulneración de derechos como:
- El Derecho a acceder a sus recursos económicos que los precisa para seguir viviendo.
- El Derecho a la privacidad: Las personas mayores tienen derecho a la privacidad de su información personal y financiera, incluyendo el acceso a sus datos bancarios. Si se les niega este acceso, se está violando su derecho a la privacidad.
- El Derecho a la información: Las personas mayores tienen derecho a la información sobre su situación financiera y a acceder a sus datos bancarios para poder tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Si se les niega este acceso, se está violando su derecho a la información.
- El Derecho a la autodeterminación: Las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus finanzas y a controlar su dinero. Si se les niega el acceso a sus datos bancarios, se les está privando de su capacidad para ejercer su derecho a la autodeterminación.
- El Derecho a la protección contra el abuso y la negligencia: Si una persona mayor no puede acceder a sus datos bancarios debido a que un tercero los está reteniendo, esto puede ser un indicio de abuso o negligencia. Las personas mayores tienen derecho a la protección contra este tipo de situaciones.
Desde Solidaridad Intergeneracional ante esta situación, reivindicamos la necesidad de revertir esta tendencia y garantizar el acceso a servicios financieros a las personas mayores, para ello hemos puesto en marcha la campaña “Conocer para ser. Envejeviviendo” del Programa Rompiendo Distancias, ya que es fundamental conocer los derechos para poder defenderlos y que no sean vulnerados.
En este sentido, proponemos que quede garantizado el derecho de acceso universal para todas las personas a sus recursos financieros, mientras la pensión sea obligatoria cobrarla por una entidad financiera, tanto presencial, como con cajeros o vía digital. Mientras exista brecha digital se continuará atendiendo presencialmente en las oficinas o acercando los servicios a la población vulnerable.
Además, apostamos y reivindicamos la necesidad de una mayor regulación, control, exigencia y penalización por parte de las autoridades financieras para garantizar que los bancos y cajas cumplan con los derechos y necesidades de las personas mayores, lo que garantizará su bienestar financiero y su calidad de vida en general.
