23 Ago Expertos abogan por un cambio de ciclo en las residencias de mayores «por una cuestión de derechos humanos».
El futuro Gobierno tendrá que hacer frente a una realidad abrumadora, donde ni el maltrato, la mala alimentación o la falta de limpieza adecuada, por falta de presupuesto, supone el cierre de un solo geriátrico en España.
María José Pintor
Las noticias que llegan son abrumadoras. Cada semana hay nuevos casos que denunciar en las residencias de mayores. Aunque el foco está más puesto en Madrid, donde la sombra de los muertos por covid en los geriátricos es muy alargada, el sistema obsoleto afecta a todas las comunidades, que son las que tienen competencias en la materia. Sin embargo, los últimos datos oficiales de 2021 del Imserso recogen que solo el 4% de los mayores de 65 años están en una residencia. Se trata, eso sí, de los más dependientes y vulnerables.
El futuro Gobierno tendrá que hacer frente a una realidad abrumadora, donde ni el maltrato, la mala alimentación o la falta de limpieza adecuada, por falta de presupuesto, supone el cierre de un solo geriátrico en España, según han denunciado a Público las asociaciones de familiares de mayores en residencias. Ni siquiera la calificada como «residencia del terror» en Madrid por el trato a los ancianos llegó nunca a cerrarse por decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En medio de estos escándalos por el trato en los geriátricos a los más vulnerables, diferentes voces de expertos reclaman a través de Público un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno.
El proyecto del Gobierno, aprobado en el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, tendrá que empezar a desarrollarse a partir de esta legislatura. Nadie parece preparado para ello, ni en el ámbito privado ni en el público. Así las cosas, estos centros tienen que tener al menos un 65 % de habitaciones individuales. Además, los nuevos edificios que se construyan deberán contar con menos de 90 plazas y estarán divididos en unidades de convivencia.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaboró un documento con 10 ideas y 30 propuestas concretas para avanzar hacia un nuevo modelo de residencia para personas mayores, donde defiende que el nuevo modelo residencial comienza en casa. Para este colectivo, «los planes de atención individualizada (PAI) de la dependencia deben ser flexibles para compaginar y cambiar los diversos servicios y prestaciones domiciliarias y residenciales».
Además, abogan por un servicio de proximidad con informes sociales en el planeamiento urbano que aseguren la dotación en suelo consolidado y habitado, para centros residenciales. Consideran también fundamental mantener al mayor en su casa: «Un mínimo del 75% de habitaciones individuales, con una superficie no inferior a 15m2. Unidades de Convivencia para no más de 15 personas residentes, con sala de estar y comedores integrados, y una superficie no inferior a 4m2 por residente».
También es importante para este grupo de profesionales que en esas residencias se facilite la convivencia familiar, además de respetar la dignidad de la persona a través de programas de reducción de sujeciones físicas y farmacológicas en todos los centros. De hecho, hace escasas semanas murió en Madrid por asfixia una anciana debido al sistema de sujeción.
Se acabó construir más macroresidencias
La idea del proyecto de Derechos Sociales es acabar con el concepto de macroresidencia. El Ministerio y las comunidades autónomas aprobaron el pasado año el acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, un plan por el que los centros de mayores y las residencias para personas con discapacidad vivirán una transformación total, con prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida.
El objetivo era, en definitiva, lograr una transición entre un sistema todavía vinculado al concepto de «asilo» y una nueva fórmula residencial que se acerque a la idea de «hogar». Aun así, el acuerdo apuesta por mantener a los mayores en sus hogares, en su entorno y con su gente siempre que sea posible.
Para Irene Lebrusán, coordinadora del Estado de Bienestar del Centro Internacional del Envejecimiento (CENIE) y responsable del blog Envejecer en Sociedad, «más que un momento de cambio de ciclo, queda claro que tenemos que cambiar la comprensión del modelo de las residencias». A su juicio, debido a lo que ha pasado durante la pandemia, «las residencias se han demonizado mucho, porque se han convertido en un modelo de extracción de rentas«.
Para esta especialista, estos centros, tal y como los comprendemos en España, «es algo bastante inhumano, con salvedades y excepciones, que se deben más a la voluntad personal que a un modelo adaptado a la realidad».
Lebrusán considera que «hablamos de un modelo que nunca se ha adaptada a las necesidades reales». Recuerda que hablamos de «personas de enorme vulnerabilidad, aunque algunas se pueden permitir ir a centros privados y caros». A su juicio, «hay que cambiarlo por una cuestión de derechos humanos».
Doctora en Sociología, experta en vivienda, ciudades, vulnerabilidad y Vejez y Envejecimiento, Irene Lebrusán, que centró su tesis doctoral en la vivienda en la vejez, defiende junto al CENIE la necesidad del cambio del concepto de longevidad, «porque no es algo que afecta a los mayores, nos afecta a todos, es un ciclo de vida al que el resto de la sociedad o las instituciones no pueden dar la espalda».
Para Lebrusán, «está demostrado que la permanencia de los mayores en sus entornos, con sus redes vecinales es muy positiva, no solo para vivir más, sino mejor. Con mejores condiciones de salud tango física como psicológico. Para ello hacen falta entornos que permitan las relaciones intergeneracionales, con espacios verdes, mobiliario adaptado» .
En este sentido, se muestra muy crítica con el nuevo modelo de espacios urbanos donde se apuesta por «plazas de cemento». Claro ejemplo es la Puerta del Sol de Madrid. «Esto no es bueno para nadie, genera problemas de salud que derivan en costes económicos que habría que tener en cuenta», afirma.
El modelo fracasará sin financiación suficiente
El director Asistencial y de Recursos Humanos de Los Camilos, Francisco Rodríguez, explica a nuestro medio que «hay consenso en que el nuevo modelo de residencias sobre algunas bondades del mismo que son evidentes como que los residentes se conviertan en protagonistas y, por lo tanto, los centros tengamos que adaptarnos a sus necesidades y no al revés».
También valora de forma positiva la reducción del tamaño de unidades de convivencia y la ampliación de ratios de profesionales. A su juicio, «el aumento de habitaciones individuales permitirá que los usuarios puedan tener una mayor intimidad».
Sin embargo, Rodríguez advierte que el nuevo modelo «será un auténtico fracaso en la práctica» salvo que se ponga en marcha con una «financiación suficiente».
Por su parte, Miguel Vázquez, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladigmare, reconoce a Público que «es evidente que el modelo actual ha hecho aguas, ya estaba caducado, pero la pandemia lo ha puesto más de manifiesto».
Para este colectivo, el problema es la dificultad para ese cambio de modelo. «En la mesa de diálogo con Derechos Sociales dejamos claro que había que empezar a cambiar las cosas: pensar menos en las empresas y más a las personas en las que se les presta el servicio», explica Vázquez.
A su juicio, lo que ha ocurrido hasta ahora es una dejación de funciones de casi todas las comunidades autónomas. «Lo que establece la ley como un derecho a la atención residencial en función e tu grado de dependencia, en lugar de asumirlo desde una comunidad, se ha dejado en manos privadas, con presupuestos muy bajos y donde la atención es muy deficitaria», explica.
Miguel Vázquez entiende que «las comunidades se han quitado el muerto de encima, con empresas privadas y fondos buitres«. Desde su punto de vista, «hay que dar la vuelta a la tortilla, porque están en manos privadas aunque sean de titularidad pública.». Defiende que es fundamental poner en práctica nuevos ratios profesionales en un cambio de modelo, por turnos, categorías y puestos de trabajo», algo que a, a su juicio, no ha tenido en cuenta el ministerio de Ione Belarra.
El modelo de nuevas residencias, «si lo siguen ofreciendo a las empresas privadas, seguirá teniendo el mismo problema», según el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Residencias. También encuentra imposible llevar a cabo la reforma «en comunidades donde apuesta por bajar los impuestos». A su juicio, «los impuestos son los que permiten tener un sistema público en condiciones».
