27 Ene España necesita un 18% más de plazas en residencias para cumplir los estándares de la OMS.
Hace falta sumar a las 381.000 plazas que ya existen otras 70.000 para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años.
María Sosa Troya- Madrid
La población mayor de 65 años aumentó en España en casi un millón de personas de 2010 a 2018. En este tiempo, las plazas de residencias solo se han incrementado en 12.353, según un informe publicado recientemente por el Imserso, que ha sido analizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, referente en el sector. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65. En España la ratio es de 4,21; hace nueve años era de 4,56. Para cumplir con la OMS, haría falta crear unas 70.000 plazas, un 18,4% más que las 381.158 actuales.
El número de plazas no crece al ritmo al que envejece la población española. La asociación recuerda que unas 100.000 personas han sido valoradas como dependientes de grado dos o tres —los más graves de entre tres categorías— y están esperando a recibir algún servicio o prestación. Si bien se desconoce cuántas de ellas han solicitado plaza en una residencia, las estimaciones realizadas a partir del porcentaje de personas con grado dos y tres que están en una residencia permite afirmar “que serían unas 70.000, una cifra que coincide con el déficit global de plazas”, expone la asociación en un comunicado.
Solo cinco comunidades alcanzan esta ratio, en una horquilla que va desde el 5,62 de Asturias al 7,86 de Castilla y León (en esta lista se encuentran también Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón). Existe una gran variedad territorial. Según el análisis de esta asociación, las comunidades con mayor necesidad de plazas residenciales para poder cumplir con la recomendación de la OMS son Andalucía (27.981), Comunidad Valenciana (20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364) y Cataluña (8.038).
La asociación pone de manifiesto que, con datos de 2018, el 60% de las plazas cuenta con financiación pública —que incluyen también las concertadas—. El 40% restante son plazas privadas. “Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, solo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad de la ratio aconsejable”, afirma la asociación en un comunicado.
De nuevo, también hay diferencias por comunidades en la proporción de plazas de financiación pública o privada. Según este análisis, en cinco comunidades más de la mitad de las plazas tiene que costearlas íntegramente el usuario (Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Comunidad de Madrid). “Debe haber mayor esfuerzo por aumentar las plazas de financiación pública”, reclama Gustavo García, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La asociación puntualiza que existen “grandes diferencias” en los precios y cuantías que abonan los residentes de plazas de financiación pública, tanto en los centros propios como los concertados, en una horquilla que va desde menos de 7.000 euros anuales en regiones como la Comunidad Valenciana o La Rioja a más de 10.000 en Navarra y País Vasco. De media, y con los datos de que dispone el Imserso —hay comunidades para las que no hay información —, los usuarios pagan más del 40% del precio de una plaza pública anualmente.
Además, la asociación llama a abrir un debate sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, “especialmente en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultoras y reformular sus funciones y su remuneración”. Pero, sobre todo “sobre el modelo residencial, para superar la vía asistencialista y sobreprotectora que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando una convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona”, se explica en el comunicado.
García abunda en esta idea, al asegurar que existe una “mala distribución” de las plazas residenciales existentes. “Seguramente en los medios rurales sobren plazas y falten residencias a la vez. ¿A qué se debe esto? A que todo el mundo quiere vivir en su pueblo, y a alguien que lleva 90 años en el mismo municipio no puedes alejarlo y sacarlo completamente de su ambiente”, afirma. Y añade: “Allí donde son necesarias, como puede ocurrir en Madrid o Barcelona, los precios se disparan”. Por ello, asegura que “la clave es desarrollar mapas de cobertura racionalmente elaborados”. Así que reclama “una redistribución de plazas en los medios rurales y flexibilizar las normas para buscar alternativas residenciales, aunque no sean las tradicionales”. “En un pueblo pequeño quizás no haya demanda suficiente para llenar 60 plazas, pero sí 15”, apunta. “Y los ancianos probablemente sean más felices viviendo donde siempre, aunque no tengan tantas terapias o actividades”.
https://elpais.com/sociedad/2020/01/23/actualidad/1579802985_204191.html
