02 Mar España gasta entre tres y cuatro veces menos que los países nórdicos en dependencia.
Un informe de Fedea advierte de la falta de inversión en cuidados de larga duración.
2026. 65Ymás
Pablo Recio
Pese a todas las reformas realizadas en los últimos años tras la pandemia, el gasto de España en dependencia sigue estando muy alejado del de sus vecinos europeos.
Esta es una de las conclusiones que se recogen en un análisis publicado por FEDEA y realizado recientemente por los investigadores Sergi Jiménez-Martín –UPF, BSE y FEDEA– y Analía Viola –FEDEA–, sobre Los retos del sistema de la dependencia en España.
Según explican, los datos más recientes recogidos indican que el país destina entre el 0,9% y el 1% de su PIB a los Cuidados de Larga Duración (CLD), una cifra inferior al promedio de la OCDE (1,8%) y que resulta muy inferior, si se compara con los países nórdicos, donde la inversión oscilaría entre el 3% y el 4%.
En términos porcentuales, esto implica que España gasta entre tres y cuatro veces menos que las naciones del norte de Europa.
La brecha es igualmente alarmante si se observa el gasto en CLD como proporción del gasto sanitario total: en 2023, España destinó el 10,2%, una cifra que se sitúa por debajo del promedio de la OCDE (13,7%). Y la distancia es aún mayor si se compara con los países del norte de Europa, donde este porcentaje oscila entre el 20% y el 30%, añaden.
El “limbo” de la dependencia
Por otra parte, los expertos destacan en el informe que uno de los logros más destacados de los últimos años ha sido la reducción del “limbo de la dependencia”, entendido como aquellas personas que esperan una prestación a la que tienen derecho.
Tras alcanzar un pico dramático en 2015 con 385.000 afectados, la cifra se habría reducido a 118.333 personas en 2024 (un 7% del total de beneficiarios).
Sin embargo, los autores advierten que la burocracia sigue siendo un muro infranqueable para muchos. Si se suma a quienes esperan la valoración de grado, a quienes aguardan el Programa Individual de Atención (PIA) y a quienes ya tienen el PIA pero no el servicio, la “lista de espera real” supera las 286.000 personas a mediados de 2025, comentan.
Una demora administrativa que, como recuerdan los autores citando estudios previos, tiene consecuencias fatales: miles de personas fallecen cada año esperando una ayuda que podría haber alargado su vida.
17 sistemas distintos
El informe publicado por Fedea también es especialmente duro con la desigualdad territorial. Los investigadores aseguran que la implementación del sistema ha generado, de facto, “17 sistemas de atención” diferentes.
Por ejemplo, mientras que comunidades como el País Vasco o Castilla y León han apostado por servicios profesionales (teleasistencia, residencias), comentan, otras regiones como Cataluña, Murcia y Baleares habrían recurrido masivamente a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, que representan cerca del 45-46% de sus ayudas.
Los autores señalan que estas prestaciones económicas, a menudo “más baratas para la administración”, son “socialmente menos eficientes” y perpetúan un modelo que no libera a las familias de la carga de cuidados.
Además, añaden, la inequidad se traslada a los tiempos de espera con grandes diferencias entre regiones.
Un motor de empleo precario y feminizado
Los expertos también analizan el sector como un motor económico. Con más de 700.000 trabajadores (un 3,2% del empleo total y un crecimiento interanual del 12%), los cuidados no conocen la crisis de demanda. Sin embargo, la calidad de este empleo dejaría aún mucho que desear, indican.
Y es que se trata de un sector con una “feminización extrema” (el 82% son mujeres) y una fuerte dependencia de la mano de obra inmigrante (el 23% de los trabajadores nacieron fuera de España). Las condiciones laborales se caracterizan por bajos salarios que “no parecen tocar fondo”, lo que plantea la duda de si la sociedad española valora realmente el cuidado como se merece.
El “gran coste olvidado”
Otro de los asuntos analizados es el del coste para el usuario en el caso de los servicios subvencionados. Oficialmente, señalan, se dice que aporta mediante copago alrededor del 20%. Sin embargo, los autores denuncian que esta cifra está infravalorada porque ignora el “gasto de bolsillo”: cuando no hay plazas públicas, las familias deben contratar servicios privados usando ayudas que no cubren el coste real de mercado. Si se incluye este factor, la aportación privada real se dispararía al 35-40%.
Es más, apostillan, hay un coste aún mayor que no aparece en los presupuestos: el cuidado informal. España sigue dependiendo de una red de seguridad familiar que no computa en el gasto público. Los autores estiman que, si se monetizara este trabajo invisible –realizado mayoritariamente por mujeres–, el gasto real de España en dependencia saltaría hasta el 1,2% – 1,7% del PIB, casi el doble de la cifra oficial.
Un futuro insostenible sin reformas
Finalmente, el informe concluye con una advertencia sobre la sostenibilidad. La demografía es inexorable: España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y una población mayor de 65 años en crecimiento constante. Por ello, las proyecciones indican que el gasto público en cuidados podría llegar al 1,8% del PIB en 2050, o hasta el 3% si se converge con la media europea.
Por esta razón, se pide abandonar la improvisación y apostar por una estrategia nacional que garantice una financiación predecible, mecanismos homogéneos de acceso que acaben con la desigualdad territorial y, sobre todo, una apuesta decidida por servicios profesionales que sustituyan el “coste oculto” que hoy pagan las familias. Mientras no se alcancen esos objetivos, el derecho a la dependencia seguirá siendo, para muchos, una promesa sobre el papel atrapada en la burocracia, avisan.
