Envejecer con dignidad: ¿derecho o privilegio?. – Solidaridad Intergeneracional
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Envejecer con dignidad: ¿derecho o privilegio?.

Envejecer con dignidad: ¿derecho o privilegio?.

Todas las personas, independientemente de nuestros perfiles y responsabilidades profesionales, sólo por el hecho de ser ciudadanos miembros de una comunidad política, somos (co)responsables del modo en que envejecemos y hacemos vivir la vejez a quienes hoy son personas mayores o longevas.

María José Aguilar

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Dado que somos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, si un ser extraterrestre nos visitara para estudiar aquí la vejez y entrevistara a nuestros líderes políticos o simplemente consultara las numerosas declaraciones y proclamas que se han publicado sobre la importancia y el valor de las personas de mayor edad, sin duda se llevaría un retrato muy equivocado de la realidad. Porque la realidad es que tenemos cada vez más estereotipos negativos asociados a la edad. Porque nuestras opiniones y actitudes hacia las personas mayores son manifiestamente discriminatorias (como se ha podido comprobar claramente en esta reciente pandemia). Y porque los malos tratos no son algo anecdótico o aislado, sino sistémico y estructural.

El maltrato que como sociedad infligimos a las personas que envejecen no consiste sólo en la agresión física o verbal (eso es sólo la punta de iceberg). No es sólo el abandono y la falta de cuidados. Abarca también todas las conductas que van desde la invisibilización al desprecio, desde la infantilización-sobreprotección hasta la suplantación en la toma de decisiones. Todas estas conductas son formas de violencia, aunque unas sean más sutiles y otras más explícitas.

La longevidad de nuestras sociedades ha sido una revolución silenciosa cuyo origen está en los grandes avances que hemos operado en materia de sanidad, nutrición, saneamiento, educación, etc. Es el resultado de políticas e intervenciones públicas que han permitido un notable aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas. Por eso resulta paradójico que, en una sociedad con tales logros, ahora no seamos capaces de responder con políticas y planes de acción a esta nueva realidad sociodemográfica.

Un ejemplo de esta paradoja: Hoy sabemos que 43.381 personas murieron el año pasado mientras estaban en las listas de espera de la dependencia, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recogidos por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. De esas personas, 26.212 eran dependientes con derecho reconocido a una prestación que no recibieron, y 17.169 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia. Para que lo entendamos, esto significa que cada 11 minutos una persona en situación de dependencia, muere en nuestro país sin haber recibido la prestación de apoyo a la que tendría derecho. Mueren en el llamado “limbo de la dependencia”. La burocracia en los procedimientos no permitirá la anunciada reducción parcial en la lista de espera, y aunque el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva en algunas comunidades autónomas, lo cierto es que sólo han aumentado servicios de bajo coste, haciendo que las insuficientes prestaciones tengan cada vez menor intensidad protectora y el sufrimiento de las personas más vulnerables aumente.

Como tan acertadamente señala Mayte Sancho, una de las mejores expertas en planificación gerontológica de nuestro país: “el crecimiento sostenido e imparable de personas que envejecen impone el afrontamiento de nuevos desafíos como sociedad y como individuos. Aspectos como la consideración del envejecimiento en las políticas públicas, la revisión del significado de cambios vitales como la jubilación, así como la organización y planificación de los cuidados, son cuestiones clave a las que deberíamos dar respuesta”.

Son diez las propuestas que nos permitirán avanzar hacia una sociedad cuidadora, en la que envejecer bien (es decir con dignidad) no sea un privilegio sino un derecho en sociedades longevas:

  1. Promover una imagen ajustada de la vejez. Esto implica avanzar en la construcción de una sociedad que incorpore en sus políticas y planes de acción el desafío que supone la revolución de la longevidad, promoviendo una imagen ajustada a la realidad del proceso de envejecimiento, tanto en el ámbito social como en el individual.
  2. Favorecer la anticipación y prevención de situaciones no deseadas, facilitando la toma de decisiones en el momento adecuado sobre cómo queremos envejecer. Lo que incluye decidir acerca de asuntos tales como la jubilación, la vivienda, la gestión de los recursos económicos, entre otros.
  3. Planificar los cuidados: Cuando las personas mayores necesitan apoyos y cuidados de larga duración hay que planificarlos, desarrollando un modelo de servicios y apoyos de proximidad, equilibrado y territorializado, que permita a cualquier persona acceder a los recursos que necesita. Esta planificación debe hacerse desde un marco conceptual ecosistémico, colaborativo y de base comunitaria. Sólo así se pueden generar entornos “amables” o “amigables” que atiendan a la multidimensionalidad de sectores que impactan en el buen envejecer, generando bienestar tanto en la vejez como a lo largo del itinerario vital.
  4. Reconocer y valorar el cuidado familiar: Apoyando y protegiendo a las personas que lo asumen. Proporcionándoles servicios (estancias temporales, centros de día, servicios de ayuda a domicilio avanzado), formación y apoyo, especialmente ante situaciones de sobrecarga emocional o duelo. Hay que evitar a toda costa la negativa situación actual de las mujeres cuidadoras a quienes resulta imposible conciliar cotidianamente la vida laboral, personal y familiar.
  5. Promover el envejecimiento “en casa” de las personas que precisan cuidados. Para ello hay que proporcionar los cuidados con la intensidad necesaria en cada caso, y desde una perspectiva integrada a través de la coordinación de profesionales, familiares, voluntarios, etc. La provisión de cuidados domiciliarios precisa un fuerte impulso tanto en su intensidad horaria como en el reconocimiento de la diversidad de atenciones que requiere, y que deben ser gestionadas desde perfiles profesionales que asuman su coordinación integral: familia, empleada de hogar, servicios de proximidad, acción voluntaria, enfermería u otros servicios de carácter terapéutico. La integración de los cuidados a través de la coordinación desde sus diferentes procedencias se identifica como la única vía para hacer posible la permanencia en el entorno cercano.
  6. Y si no pudiera ser “en casa”, al menos que sea “como en casa”: Avanzando en un proceso de transformación del actual modelo residencial hacia una oferta de alojamientos de tipologías diversas con diseños hogareños. El actual modelo residencial es absolutamente despersonalizador por excesivamente institucionalizado, deshumanizante y homogenizador, lo que conlleva un modo de vida no deseado para las personas residentes, que se ven despojadas de la posibilidad de tomar casi todas las decisiones que afectan a su vida cotidiana. La Fundación Matia, que tiene una acreditada experiencia en este campo, ha realizado estudios comparados con otros países y acumulado una amplia experiencia en el tipo de transformaciones que requieren los actuales modelos institucionales para ajustarse a las preferencias y necesidades de las personas: “Transformaciones ambientales en los centros actuales, tales como modulación en unidades de convivencia con grupos pequeños, generación de espacios de vida hogareños y personalizados, así como una profunda revisión en el modelo de cuidado y trato, y en su cultura organizacional, están generando excelentes resultados en el bienestar de las personas que habitan estos alojamientos”.
  7. Avanzar en la profesionalización de los cuidados y en su consiguiente valoración social. Mejorando la formación, capacitación y acreditación de los perfiles profesionales del cuidado, así como su reconocimiento social y económico. Además de su fuerte precarización y feminización, el racismo y la discriminación de nuestro sistema de cuidados responde a un injusto modelo de externalización generizada del cuidado, donde se producen sistemáticas discriminaciones múltiples e interseccionales que sufren las mujeres cuidadoras. Como nos recuerda Mayte Sancho, “la Estrategia Nacional de Formación en materia de cuidados propuesta en el Informe España 2050, es una vía del máximo interés para lograr una mejora en la formación, capacitación y acreditación de los profesionales de dicho ámbito”.
  8. Mejorar la calidad de los cuidados desde modelos de atención centrada en las personas. Adoptando un enfoque ético, centrado en los deseos y preferencias de las personas, con servicios y tareas a disposición de la identidad, la singularidad y proyecto de vida de cada una de ellas. El conocimiento disponible debería sentar las bases de un nuevo modelo rector que facilite la identificación de los componentes y criterios de calidad de los cuidados de larga duración, y su evaluación.
  9. Integrar la atención social y sanitaria en los cuidados de larga duración, mediante la efectiva coordinación de sus sistemas, articulando un sistema de salud público que garantice el derecho a la atención sanitaria de las personas en situación de dependencia allí donde viven. El recién publicado libro blanco del foro de debate “Hacia una sociedad cuidadora”, detalla numerosas propuestas factibles de intervención en esta línea. La actual falta de integración entre la atención social y sanitaria ha tenido consecuencias dramáticas durante la pandemia, con el resultado de casi 40.000 personas muertas en residencias a las que se les negó el derecho a ser atendidas por el servicio nacional de salud. Deben tomarse medidas que giren alrededor de la atención a la persona mayor, con una mejor articulación de los servicios sociales y sanitarios a través de la atención primaria y los servicios de emergencia, incluyendo unos cuidados dignos allí́ donde sea necesario.
  10. Afrontar la necesaria (y urgente) mejora y modificación de la Ley de promoción de la autonomía y protección a las situaciones de dependencia, que requiere revisar sus diversas dimensiones: agilización de procesos de valoración y reconocimiento del grado de dependencia, reajuste del catálogo de prestaciones y servicios, mejora de la gestión y distribución competencial, etc.; y dotándola de los recursos económicos para su desarrollo y aplicación efectiva. Proteger la autonomía y generar bienestar entre sus beneficiarios (personas en situación de dependencia, familiares que asumen sus cuidados y profesionales que aspiran a vivir y cuidar con dignidad) no puede quedarse en una vacía declaración de propósitos de la ley, debe ser una realidad.

Todas las personas, independientemente de nuestros perfiles y responsabilidades profesionales, sólo por el hecho de ser ciudadanos miembros de una comunidad política, somos (co)responsables del modo en que envejecemos y hacemos vivir la vejez a quienes hoy son personas mayores o longevas. De lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que exigimos (o dejemos de hacer y de exigir), dependerá que el envejecimiento digno sea un derecho o un privilegio. ¿De qué lado estarás tú?



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