31 Mar El PP plantea el jueves en Congreso un nuevo concepto de políticas de discapacidad con más ayudas y derechos
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debatirá este jueves una propuesta del PP para ampliar el concepto de políticas de discapacidad y, mediante la reforma de 22 leyes, favorecer la concesión de más ayudas y derechos para este colectivo.
La propuesta del PP se contiene en un texto alternativo al proyecto de Ley que ha presentado el Gobierno para adaptar la normativa española a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Donde el Ejecutivo habla de cambiar once leyes, el Grupo Popular plantea cambios en 22.
El diputado encargado de defender esta alternativa será el ‘popular’ Francisco Vañó, considera en declaraciones a Europa Press que el trabajo del Ejecutivo se ha quedado «un poco corto», dado que desde 2006 debe adaptarse toda la legislación nacional a la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad y no se modifican todas las leyes que «podrían llegar a abarcarse» en este proyecto de ley.
«Toca algunos de los artículos y leyes a modificar, pero no todas. Entonces en nuestro texto se añaden modificaciones, y además reivindicaciones del sector de la discapacidad, de tal forma que en la propuesta del Gobierno se modifican 11 leyes y nosotros proponemos hasta 22 –describe Vañó–. Ya que abrimos el melón hay que comérselo entero».
EL CONCEPTO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD
En la exposición de motivos a la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP propone en primer término la adecuación del concepto de ‘persona con discapacidad’, recogido en la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de 2003, a lo establecido en la convención de la ONU, que el Gobierno no explicita en el proyecto de Ley presentado.
Además, quiere que se le otorgue de rango de ley al Observatorio de la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Educación, cuyas funciones, composición, estructuras y funcionamiento deberán fijarse por real decreto, según indica.
En el ámbito sanitario, pretende que se regule el derecho a la información en formatos adecuados, que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS, RESPONSABILIDAD DE TODOS
En la accesibilidad a viviendas, apunta que las personas con discapacidad son las que, por lo general, tienen que soportar la mayor parte del coste de las obras de accesibilidad en una comunidad de propietarios, cuando se supera el límite de las tres mensualidades por cuotas, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal.
Por ello, considera necesario concienciar a la sociedad de que la falta de accesibilidad, que incrementa los efectos discapacitantes, es «un problema de todos» y no sólo del colectivo discapacitado o de las personas mayores.
Además quiere que se reforme el Código Civil, para otorgar a cualquier ciudadano la facultad jurídica de elegir tutor para el caso en el que quedara incapacitado, así como establecer órganos de fiscalización de tutela y designar a las personas que lo integran, u ordenar cualquier otra disposición sobre la personas o bienes de tutelado.
Para una mayor integración laboral de las personas con discapacidad, el Partido Popular plantea elevar hasta un 7 por ciento las ofertas de empleo público, fomentando el trabajo estable de dicho colectivo en las administraciones públicas.
A efectos de un mejor cumplimiento de este aspecto cree que el Ejecutivo deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley de Promoción de Inclusión Laboral de las personas con discapacidad, consensuado con las organizaciones representativas de la discapacidad y los interlocutores sociales.
MÁS BARRERAS DE MOVILIDAD
Además, destaca que en la actualidad subsisten muchas barreras a la movilidad en los medios de transporte público, por lo que el colectivo de discapacitados está obligado a utilizar su propio vehículo en sus desplazamientos. «Es, pues, de justicia eximir de peaje a estas personas en las autopistas», ha puntualizado.
En cuanto al porcentaje de viviendas de protección oficial, Vañó considera que, con los datos poblacionales actuales, el porcentaje mínimo actual del 3 por ciento debe aumentarse al 6 por ciento para atender de «forma efectiva» la actual demanda de este tipo de viviendas.
De acuerdo con la Convención de la ONU, resalta que sería necesario que, de ahora en adelante, todas las construcciones y viviendas con algún tipo de protección pública tienen que ajustarse a unos requisitos mínimos de accesibilidad, ya que serviría para cualquier persona que en algún momento de su vida se encuentre en una situación transitoria o definitiva de movilidad reducida.
Por último, también se establece en una disposición adicional primera que el Gobierno, en el plazo de un año, apruebe un proyecto de ley de adaptación normativa al ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al reconocimiento de que el colectivo tenga una capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida.
CONVENCIÓN DISCAPACIDAD
En su opinión, la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas fue concebida como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social, que reafirma que todas las personas con discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Según el PP, en el 20 por ciento de los hogares españoles vive alguna persona con discapacidad y más de medio millón de éstas viven solas en sus hogar. Por ello, considera que la atención a la discapacidad supone «una demanda social» que ha de constituirse en «prioridad política» para las administraciones públicas.
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