14 Nov El Gobierno se compromete a impulsar los cuidados centrados en la persona y a dejar atrás el modelo asistencialista.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes una declaración institucional que recoge el “compromiso” del Gobierno para “seguir impulsando” políticas “integrales” que reconozcan el valor social y económico de los cuidados y que “consoliden un sistema público de apoyos basado en los derechos y en la dignidad de todas las personas, dejando así atrás un modelo asistencialista”, que, según la propia declaración, ha ofrecido “respuestas básicas, pero también ha reproducido desigualdades, limitando la autonomía de las personas que necesitan apoyos y afectando de forma profunda a quienes los prestan”.
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Así lo precisó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta declaración junto con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Trabajo y Economía Social; de Sanidad y de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, en un comunicado en el que explicó que, asimismo, esta declaración, auspiciada con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se celebra este miércoles, busca promover una mejora en las condiciones laborales de los profesionales del sector de los cuidados y “una redistribución más justa de las responsabilidades” en el ámbito familiar.
A este respecto, el texto recuerda que los cuidados son asumidos “en gran medida por las mujeres”, lo que ha provocado “un impacto directo en su bienestar físico y emocional, en sus oportunidades laborales y en su seguridad económica a lo largo de la vida”.
En el texto se destaca también el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno de España en materia de cuidados, a través de modificaciones legislativas que han permitido reforzar derechos, como la reciente ampliación de los permisos de nacimiento y cuidados, o el aumento de inversión que se está llevando a cabo para modernizar y fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), cuya financiación se ha incrementado en un 137% en cuatro años.
De forma más específica, el compromiso del Gobierno de España con el “cambio estructural de los cuidados” se concreta en la declaración a través de cinco líneas de acción estratégicas, la primera de ellas, la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad (2024-2030), que, según Derechos Sociales, “marca la hoja de ruta para transformar el actual sistema de cuidados y apoyos con un enfoque basado en derechos, autonomía y vida en comunidad” e “impulsa el fortalecimiento de los servicios de proximidad”.
La segunda, la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, cuyo texto se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados y que “actualizará y consolidará” el sistema de cuidados “adaptándolo” a los “retos” del envejecimiento y promoverá el acceso a apoyos personalizados y de calidad, fortaleciendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
La tercera, la iniciativa ‘Reto Empleo Cuidados: reflexión compartida de las condiciones de las profesionales y sus perfiles en el nuevo modelo’, que aborda de manera estratégica el déficit de profesionales y la mejora de sus condiciones laborales para valorizar el cuidado como ámbito esencial para el bienestar y la cohesión social.
La cuarta, el Plan Corresponsables, política pública “innovadora”, según el ministerio, iniciada en 2021 con una inversión de 902 millones de euros hasta la fecha y que se ha consolidado como un instrumento “clave” para la conciliación familiar y laboral de los cuidados “garantizando el cambio estructural necesario que haga posible la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.
Por último, la quinta, el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), un modelo de referencia para el desarrollo de las profesiones de los cuidados, “con repercusión en buenos resultados en salud para la población”, según el ministerio.
A través de estas medidas, el Gobierno se propone “seguir impulsando un cambio de paradigma en el sistema de cuidados”, en “colaboración” con los gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Entre los objetivos que menciona la declaración se encuentran los de fortalecer los servicios públicos, dignificar el empleo en el sector y consolidar los cuidados como un “eje central de la organización social, económica y política del país”. “Renovamos el compromiso de avanzar hacia una sociedad que cuide mejor, que reconozca el cuidado y el apoyo como un derecho humano y una infraestructura esencial para la sostenibilidad social y económica”, dice el texto.
