30 Abr El Gobierno destinará 731 millones de los fondos europeos para impulsar la atención domiciliaria de las personas dependientes.
El Ministerio de Derechos Sociales lleva este martes al Consejo de Ministros una inversión de 730,8 millones procedentes de los fondos europeos para la economía de los cuidados y apostar por la accesibilidad universal. 482,4 millones irán destinados a fomentar un modelo de atención domiciliaria a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas.
Alexis Romero y Manuel Sánchez
El Consejo de Ministros dará este martes luz verde a una inversión de 730,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos de reconstrucción para impulsar la economía de los cuidados e introducir importantes modificaciones en la atención a las personas dependientes. Se trata de una propuesta remitida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una propuesta que el departamento dirigido por Ione Belarra envió a la Comisión Europea, que ya habría dado su visto bueno.
Buena parte de este fondo está destinado a modificar la actual atención a la dependencia para transicionar desde un modelo sustentado en los cuidados en residencias hacia un modelo de atención domiciliaria que descanse en la figura de los cuidadores profesionales.
En concreto, hasta 482,4 de los más de 730 millones irá destinado a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas, dándoles la atención necesaria para ello; mientras que los centros residenciales deberán constituirse como entornos similares a los domésticos.
Otros 216,9 millones se invertirán en reformar el modelo de atención a la infancia, invirtiendo en la mejora de centros residenciales que garanticen su bienestar, y en la modernización tecnológica de los servicios sociales, su digitalización y mejora de su funcionamiento.
También habrá otra partida de 31,5 millones destinada a acabar con los obstáculos que impiden garantizar la accesibilidad universal. En este ámbito se apostará por demandas históricas como la adecuación de espacios físicos, transporte público y la mejora de los canales de comunicación con las administraciones públicas (por ejemplo, accesibilidad cognitiva).
La atención a la dependencia y los servicios sociales son competencias que recaen en gran parte en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por lo que estos fondos serán repartidos entre los territorios. Su distribución se concretará próximamente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales valoran la medida como «una inyección histórica y fundamental para acometer la transición social que necesita nuestro país, que nos asemejará a Europa en lo que respecta a cuidados de larga duración y que creará empleo de calidad en un sector altamente precarizado y feminizado«.
