01 Jun El Gobierno aplaza un año el servicio universal de banda ancha
El Ejecutivo calcula que la medida beneficiará a 350.000 hogares, aunque más tarde de lo previsto, y extiende el derecho de tener una conexión a Internet de al menos un mega a los discapacitados
El Gobierno ha aplazado hasta 2012 la puesta en marcha del servicio universal de banda ancha a todos los hogares españoles, lo que significa que esta promesa del Ejecutivo, anunciada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en noviembre de 2009, estará en marcha un año después de lo previsto.
Sebastián anunció a finales de aquel año que todos los españoles tendrían derecho a disponer de una conexión a Internet de al menos un mega de velocidad a principios de 2011. No obstante, aunque la medida se incluyó en la Ley de Economía Sostenible (artículo 52), que entró en vigor en marzo, estaba pendiente de que el Gobierno actualizase el reglamento que la desarrolla.
Esto ha sucedido hoy. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se modifica el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Hasta ahora, todos los ciudadanos que viven en España tenían derecho a tener cerca de su casa una cabina o a contratar una línea de teléfono independientemente de su lugar de residencia. A partir de ahora, también podrán contar con una línea de banda ancha de un megabit por segundo, aunque al final no quiera contratarla en su totalidad y opte por una conexión de menor capacidad. El coste correrá a cargo de las operadoras.
Según los cálculos del Ejecutivo, la medida beneficiará a unos 350.000 hogares que actualmente no tienen acceso a la banda ancha. Además, como novedad, refuerza los derechos de los usuarios con discapacidad. En concreto, extiende su derecho de acceso a este tipo de conexiones en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, mientras que en la anterior regulación solo se garantizaba el acceso en estas condiciones al servicio telefónico. Asimismo, abre la posibilidad a que los operadores que deban garantizar las comunicaciones electrónicas, por un lado, y la prestación de un servicio telefónico disponible al público, por otro, sean diferentes.
En cuanto a las viviendas que podrán exigir tener un acceso de banda ancha, los operadores deberán ser capaces de hacer llegar la conexión de un mega a cualquier inmueble situado en suelo urbano y también para una edificación, que aún no estando en suelo urbano, sea utilizada como vivienda habitual.
El Gobierno recuerda que el servicio universal evita «la exclusión social causada por no disponer del conjunto de servicios básicos incluidos: conexión a la red publica de comunicaciones electrónicas, servicio telefónico fijo, cabinas, guías telefónicas y servicio de consulta telefónica sobre números de abonado». De hecho, ante la caída de la demanda, reduce la necesidad de cabinas y elimina la obligación de recibir la guía telefónica en cada domicilio -habrá que solicitarla-.
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