01 Mar El fin de la sanidad pública tal y como la conocemos
Las complicadas relaciones entre los sistemas privados y los de titularidad estatal
Aser García Rada – Madrid
De guardia en el hospital público madrileño en que trabajo, por segunda vez en pocas semanas nos derivan un paciente de una clínica privada. Han sido un niño asegurado por Adeslas y una niña con cobertura de Sanitas. Ambas familias tienen también aseguramiento público, como casi todo el mundo con pólizas privadas en España, y todo el derecho a ser atendidas pero, ¿por qué la privada no cubre sus propias demandas?
Lo resume José Ramón Repullo, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, afirmando que en nuestro país los seguros privados individuales son ridículamente baratos pero tienen “mucha letra pequeña”. A la mínima, o el paciente tiene que pagar de su bolsillo el extra de determinadas decisiones clínicas, o es derivado al comodín de la pública.
La sanidad privada tiene un papel que jugar, pero en muchos casos debe su existencia a ese colchón que cubre a determinados enfermos crónicos cuya atención sólo asume el sistema público, como los seropositivos, muchos pacientes oncológicos, o los necesitados de un trasplante, y al que también envía la mayoría de los más complejos que no pueden ser atendidos por una infraestructura, en general, más precaria.
Sin embargo, el lobby de este negocio insiste en que la privada contribuye a la sostenibilidad de la pública porque la descarga de pacientes. Una falacia de calado, dado que habitualmente quien tiene aseguramiento público y privado acude tarde o temprano a los dos sistemas. Es un conocido axioma en gestión sanitaria que a mayor oferta, no se distribuye equitativamente la demanda, sino que esta aumenta.
Mientras trabajé durante un par de años atendiendo recién nacidos en dos clínicas privadas de la capital, percibí varias cosas. Para empezar, que la primera prioridad era ganar dinero. Con frecuencia se hacían ingresos cuestionables, estos se prolongaban en exceso, o se solicitaban pruebas diagnósticas prescindibles con el objetivo de facturar más a sus respectivas aseguradoras.
Estas prácticas, tan habituales que las aseguradoras deben ser conscientes (aunque también les debe compensar), tampoco son gratuitas para el paciente. En este caso se distorsionaba la relación entre madre y recién nacido y se dinamitaba la educación sanitaria trasmitiendo el mensaje de que si no intervenimos más, la atención no ha sido óptima. A mi juicio, en ocasiones los riesgos eran mayores y se retenían pacientes complejos, como grandes prematuros, que debieran haber sido atendidos en servicios especializados como los óptimos que tenemos en los grandes hospitales públicos de nuestra región.
Mi experiencia no es necesariamente generalizable. Numerosos compañeros se ganan honradamente su dinero en el ámbito privado y, en Cataluña, por ejemplo, muchos centros privados trabajan sin ánimo de lucro para el sistema público. Pero si usted cree que es excepcional, no tiene amigos o familiares en el sector. Y, aunque en la pública tenemos mucho que mejorar, los problemas son de otro tipo.
Lamentablemente, damos por hecho nuestro gran Sistema Nacional de Salud, pero ha costado mucho construirlo y es muy vulnerable al ataque y al desprestigio interesado de ciertos poderes económicos que ven en él un jugoso pastel. Reiterados mensajes interesados solicitando mayor colaboración o atender directamente ciertas prestaciones en la privada (pese a que esto aún no se haya demostrado más eficiente) contribuyen a aumentar el monstruo.
Las aseguradoras y centros sanitarios privados no quieren colaborar, quieren comerse esta tarta a la que, hasta ahora, había sido difícil hincarle el diente por haber venido dando buenos resultados. Ocurre lo mismo con otros sólidos servicios sanitarios públicos organizados también en forma de sistema nacional de salud, financiados, como el nuestro, no por cuotas a la seguridad social -como mucha gente erróneamente considera-, sino por los impuestos generales. El National Health Service, homólogo británico, afronta actualmente redoblados envites en recortes y privatización, aprovechando unas vulnerabilidades puestas al descubierto por la situación económica.
También en nuestro país, con la excusa de una crisis de orígenes distintos a los que se nos quiere hacer creer y por los que se nos insiste en culpabilizar, ha llegado, parafraseando libremente a los estadounidenses REM, el fin de la sanidad pública tal y como la conocíamos. Esto si que no es una apreciación personal, es un hecho que de forma pionera ha comenzado en Cataluña y se va extendiendo poco a poco al resto de autonomías, aunque sólo ha sido, ya saben, “el inicio del inicio”.
La sanidad y el resto de servicios sociales sufrirán los mayores recortes de nuestra historia moderna a partir del próximo marzo, cuando deben presentarse los nuevos Presupuestos Generales del Estado y cuando se hayan celebrado las elecciones autonómicas en Andalucía. Después, con las manos libres, el Gobierno de Mariano Rajoy continuará con la fase II de su plan de recorte llamado “40.000 millones de euros”, y eso si no cambia su nombre al alza.
Contextualizando, nuestra sanidad pública supone el 40% del presupuesto autonómico y unos 70.000 millones en conjunto, de los cuales la mitad son sueldos de personal. Aunque en Madrid hasta ahora las renovaciones de eventuales -entre los que me incluyo- se hacían por seis meses, no de forma casual en enero se nos ha renovado hasta marzo en la mayoría de hospitales. Posiblemente en otras áreas y otras comunidades haya ocurrido lo mismo, consulte a su alrededor.
Parece claro que tras este mes no sólo se decidirá el aumento del IVA, sino que para esas fechas la preocupación sobre la precariedad de ciertos contratos desaparecerá, sencillamente porque muchos de ellos dejarán de existir. Los que se queden tendrán más trabajo y, seguramente, menos sueldo. Y los pacientes –esto es, todos nosotros- no tenemos más que ver lo que ocurre en Cataluña, donde las listas de espera, el mayor problema de nuestra sanidad, ya suman 25.000 personas más. Evidentemente, eso tampoco es gratuito.
John Dalli, comisario europeo de Salud y Consumidores, alertaba recientemente en Bruselas de que, en un contexto en que “crecimiento” es la palabra estrella, su principal labor es convencer a las autoridades nacionales de que los recortes en salud, aunque no producen consecuencias mensurables inmediatas, tendrán efectos desastrosos a medio y largo plazo. Como muestra, el botón de los trasplantes. Salvo en España, donde la excelente labor de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) está consiguiendo sortear la situación, las donaciones se han desplomado en los países más afectados por la crisis. Así, han caído un 35% en Irlanda, un 50% en Grecia, y se han estancado en Portugal.
No se trata de tirarnos de los pelos, seguimos siendo privilegiados. Los médicos en paro eran unos 8.000 en 2011 entre más de cuatro millones de desempleados. Ampliamente, mientras la mayoría de nosotros sigue teniendo qué comer, algo a lo que no damos suficiente valor, 1.000 millones de personas –un séptimo de la humanidad-, pasa hambre. 50.000 de ellas murieron por este motivo el año pasado en el cuerno de África. No estaría de más plantearnos, además, cuántas fallecen por nuestra superabundancia, o porque tenemos una buena atención sanitaria universal.
Pero también habrá consecuencias positivas. Muchos nos marcharemos, aprenderemos nuevas lenguas y formas de vivir, y ganaremos un cosmopolitismo que quizás algún día traeremos de vuelta. La progresiva medicalización de la vida se resentirá, porque faltará dinero para medicamentos. La tecnificación también, porque ya nadie querrá comprar robots quirúrgicos para el escaparate, una de sus pocas utilidades conocidas por el momento. El electoralismo de multiplicar hospitales como panes y peces dará paso a que nos centremos más en las olvidadas atención primaria y salud pública. La innovación empezará, como verdaderamente debiera, por abajo.
El cambio, como recuerda José Luis Sampedro, es inevitable. Lo importante es dirigirlo adecuadamente, algo que depende en gran parte de nosotros. Por un lado, la respuesta cohesionada de los profesionales sanitarios es imprescindible. No es momento para ombliguismos, para reivindicar especialidades propias, calendarios vacunales únicos, prescripciones enfermeras y demás intereses sectoriales más o menos razonables. Con un enfoque equivocadamente corporativista, el sindicato médico madrileño, Amyts, acaba de pedir una mesa de negociación específica argumentando que “existe una diferencia clarísima entre médicos y los demás trabajadores”. Para que vean hasta donde llega la segregación, los MIR de Madrid también han solicitado ir por su lado.
Francamente, compañeros, nuestros parciales intereses me importan un bledo. Y se lo importan al resto de la sociedad. Fundamentalmente porque el impacto que sobre la salud de las personas tendría la consecución de esos objetivos específicos –el chocolate del loro-, no tiene, ni de lejos, el que tendrán los recortes o la privatización de servicios que ya empieza a afectar a los hospitales públicos tradicionales –véase el caso de Castilla-la Mancha-.
Pero aunque médicos, enfermeras, celadores, administrativos, técnicos, personal de limpieza, y demás conformemos esa marea blanca que abra camino, una reivindicación ciudadana general será determinante. Por débil o fuerte que lo consideren, la marea multicolor es lo único que se interpone entre nosotros y las fuerzas financieras, económicas y políticas nacionales e internacionales que tratan de desbaratar el sistema para, entre otras cosas, dar paso a sectores afines que algo tienen de lo que describo.
Ampliemos miras, reflexionemos con sensatez y centrémonos en el bien común, porque es hora de preparar las barricadas. Los recortes no son ni la única forma de responder a la crisis, ni inevitables. Nuestra acción, o inacción, lo único que controlamos, sí puede hacerlos inevitables. Y si piensa que a usted no le afecta, recuerde lo que asegura Santiago Cervera, uno de los máximos exponentes sanitarios del Partido Popular: “Todos somos indigentes en el ámbito sanitario porque no podemos pagarnos un trasplante hepático”.
Aser García Rada es pediatra y periodista.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/20/actualidad/1329750248_132110.html
