26 Oct El envejecimiento eleva un 50% las demandas de familiares para incapacitar a mayores
Casi 1.900 hijos o cónyuges acuden al año al juez para poder gestionar el patrimonio de sus parientes y pagar residencias o ayuda en casa cuando la pensión no es suficiente.
I. BASCOY – VIGO
Un total de 1.859 ciudadanos presentaron el año pasado en los juzgados gallegos demanda de incapacitación para sus mayores. Son un 52% más que en 2016. El objetivo es asumir la tutela o guarda de la persona, y poder su gestionar su patrimonio. La gran mayoría de los casos son “hijos o cónyuges que tienen padres, maridos o esposas con una pensión escasa y necesitan vender parte de su patrimonio o sacar ahorros del banco para pagar la residencia, el centro de día o un cuidador en casa”. Así lo explica el presidente de la Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Miguel Ángel Vázquez Vázquez. Son excepcionales los casos donde hay mala fe, por parte de quien interpone la demanda, observa.
“Las residencias son caras, y un cuidador en casa con una jornada laboral de 8 horas sale por 1.300 euros, pero si el mayor necesita atención continua necesitas al menos dos asistentes, … las pensiones en Galicia son bajas y no llegan, y entonces hay que tirar de ahorros o vender propiedades”. Así explica Miguel Ángel Vázquez el incremento de los proceso de incapacitación judicial civil en Galicia. Es la fórmula para que un pariente puede sacar dinero de la cuenta de su familiar o desprenderse de una propiedad.
Miguel Ángel Vázquez también advierte de que cada vez habrá más casos porque la población de la comunidad cada vez se hace más vieja. Casi 666.000 gallegos tiene ahora 65 años o más. En 2030, ya serán 770.000.
Hay ocasiones en que es el fiscal quien presenta la demanda porque le avisan desde centros de día o residencias, que están obligados por ley a notificar en el juzgado cuando a sus instalaciones llegue una persona que no puede actuar consciente y libremente. Entonces es necesario limitar su capacidad de obrar mediante resolución judicial con el objetivo de protegerles de potenciales abusos. El año pasado, los fiscales presentaron 592 demandas, que sumadas a las registradas por particulares, alcanzan las 2.451.
A diciembre de 2017, quedaban pendientes de resolver 1.406 demandas, un 51% más que al cierre de 2016. Las sentencias dictadas fueron 837, cuatro menos que el año pasado. Solo se rechazaron 25 incapacitaciones. Para que el juez se pronuncie, debe visitar al mayor y acompañado de un forense comprobar que esa persona padece una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, que limita o anula su capacidad de entendimiento.
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